A las seis de la mañana el pueblo ya está despierto. Hay agua corriendo en las casas, la escuela abre puntual y, en el parque, dos negocios nuevos venden desayunos a quienes van a su turno. No es una escena excepcional, es el día a día de los municipios donde opera la industria del petróleo, gas y de distribución mayorista de combustibles líquidos.
La energía genera bienestar
En los territorios, los beneficios del sector hidrocarburos trascienden las estadísticas nacionales y los análisis económicos agregados, se miden y materializan en mejoras concretas y verificables del bienestar comunitario: infraestructura de servicios públicos antes inexistente, vinculación laboral formal que dignifica a las familias y que brinda oportunidades de construcción de proyectos con una perspectiva de futuro.
Con los años, el trabajo coordinado entre autoridades locales, comunidades y empresas ha contribuido a que muchos territorios avancen en servicios que antes parecían un lujo. En varios municipios, gracias a estas alianzas, el acueducto ya funciona veinticuatro horas, el alcantarillado se amplia, el alumbrado se mantiene, los caminos se mejoran y los espacios públicos se convierten en lugares de encuentro. Más que obras de concreto, son capacidades en infraestructura social que permanecen en el territorio.
“Con recursos de impuestos y de regalías directas logramos transformar a Villagarzón en lo que hoy es: un municipio bonito, amable, amañador que cuenta con servicio de acueducto las 24 horas del día, alcantarillado, recolección de basuras, buenas vías, parques, escuelas y puentes”, resume Luis Eduardo García, alcalde de Villagarzón, Putumayo.
El Monitor de Desarrollo Territorial (actualización 2024) muestra que los municipios productores de petróleo y gas alcanzan una cobertura neta en educación del 91,3%, por encima del promedio nacional de 86,9%.
También, presentan mejores tasas de cobertura de alcantarillado y de aseo, mayores que el promedio nacional. En municipios de categoría 6, estas coberturas son hasta 10 puntos porcentuales más altas que en territorios similares donde no está presente el sector.
Empleo formal: la puerta a nuevas oportunidades
La transformación también ocurre en los hogares, donde un empleo estable cambia la manera en que las familias viven y planean su futuro. Más allá de un salario, representa la posibilidad de estudiar, mejorar la vivienda o emprender sin el temor de quedarse sin ingresos. Cuando el trabajo llega con protección social, la vida se reorganiza y las decisiones comienzan a pensarse con más horizonte. En muchos municipios, ese paso de la informalidad al empleo formal ha significado la diferencia entre sobrevivir y poder proyectarse.
“El empleo de mi mamá en la petrolera nos permitió pagar mi universidad; hoy estoy terminando Derecho y tendré un mejor futuro”, cuenta Diana García, una joven portogaitanense.
En los municipios donde se implementan programas de formación técnica, entrenamiento especializado y capacitación continua —que trascienden las necesidades exclusivas del sector—, se generan oportunidades de inclusión laboral para mujeres y jóvenes, transformando el empleo en un mecanismo efectivo de movilidad social ascendente y en un factor determinante que modifica sustancialmente las trayectorias vitales de numerosas familias.
Los municipios con mayor producción de petróleo presentan una tasa de tránsito a la educación superior del 35%, superior al 30% que es el promedio nacional
Fuente: Monitor de Desarrollo Territorial (2024)
Encadenamientos productivos que dinamizan economías locales
Este impulso también se refleja en la economía que se teje alrededor de las operaciones, en las regiones donde la industria ha echado raíces y se ha convertido en parte de la vida local. La presencia del sector ha impulsado la consolidación de empresas que proveen bienes y servicios a la operación: talleres, metalmecánicas, compañías de transporte, mantenimiento, alimentación y logística, entre otras. Muchas nacieron para atender las necesidades de los proyectos del sector, y hoy siguen activas dentro de la cadena de valor.
Algunas, además, han sido beneficiarias de programas de fortalecimiento empresarial que, junto con la experiencia y los estándares adquiridos en su trabajo con la industria, les han permitido consolidarse y expandirse a otros mercados y regiones del país.
“Empezamos trabajando con las petroleras y aprendimos de sus requisitos, nos robustecimos como empresarios y eso nos abrió puertas para ofrecer nuestros servicios a otras industrias. Hoy además de participar en procesos del sector de hidrocarburos, estamos trabajando con empresas arroceras y palmeras”, cuenta un empresario de Villanueva, Casanare.
El desarrollo de un territorio se evidencia de manera tangible en indicadores tales como empleo de calidad, infraestructura social robusta, cobertura integral de servicios públicos y articulación de cadenas productivas. En los territorios donde la industria opera, la infraestructura, la conectividad y las capacidades que se han consolidado han abierto espacio para nuevas actividades: agroindustria, comercio, servicios y turismo.
En los municipios de categoría 6 con operación petrolera o gasífera, el recaudo promedio de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) duplica al de municipios de la misma categoría sin producción. Este comportamiento evidencia un tejido económico más activo y formalizado. (Monitor de desarrollo territorial, 2024) Según el Informe Social de la ACP, cada año las empresas del sector compran más de $19 billones en bienes y servicios a los tejidos empresariales regionales.
Este avance no depende solo del sector, sino de la inversión privada y de programas públicos que aprovechan la capacidad instalada del territorio.
María Paula Gómez, gerente regional de Fedepalma, destaca que la coexistencia entre sectores es clave para el desarrollo regional. “Cuando los sectores trabajan conjuntamente, pueden asumir retos y aprovechar oportunidades que se traducen en bienestar para las comunidades. Las alianzas entre sectores permiten materializar compromisos sociales, diversificar las fuentes de ingreso y ampliar las oportunidades de los territorios. El sector hidrocarburos, además, ha aportado capacidad instalada, infraestructura y aprendizajes valiosos que hoy fortalecen el crecimiento de otras actividades económicas”.
El valor del sector también se mide en lo que construye y deja en los territorios. La infraestructura que conecta comunidades, el empleo que transforma vidas, las empresas que crecen y las nuevas actividades que diversifican las economías locales.
En la ACP y sus empresas afiliadas se concibe al desarrollo territorial como la posibilidad de construir futuro: uno más diverso, sostenible y compartido. Porque cuando los territorios amanecen con más servicios, más oportunidades y más vías, también despiertan esperanza; la convicción de que el progreso puede echar raíces y seguir floreciendo en los mismos lugares donde empezó a transformar vidas.
Esta es, quizás, la huella más importante de la industria: contribuir a que las comunidades encuentren más caminos para avanzar.
Monitor de Desarrollo Territorial, 2024:
La superficie sembrada de productos agrícolas (aguacate, arroz, banano, cacao, café, caña, frijol, limón, maíz, naranja, palma de aceite, papa, plátano, soya y yuca) en municipios productores creció 27,4 % en la última década, frente al 7,4 % nacional.
En Meta, Casanare y Arauca, las hectáreas cosechadas por habitante superan las de los municipios sin producción.
Este dinamismo se asocia con mayor conectividad y mejor infraestructura, fortalecidas por los recursos del sector energético.
¡Aquí habita una familia con un gran proyecto de vida!
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Arauca y Arauquita, SierraCol Energy, Ecopetrol, la Fundación El Alcaraván y el Ministerio de Vivienda han unido esfuerzos para construir más de 700 nuevas viviendas y mejorar otras 149 en zonas rurales de ambos municipios.

Al 31 de octubre de 2025, la totalidad de las viviendas mejoradas han sido entregadas, y 497 nuevas construcciones ya están siendo habitadas por sus beneficiarios. La ejecución total del proyecto representa una inversión superior a los 65 mil millones de pesos, consolidándose como un hito para Arauca y el país. Este convenio representa el 70% de la ejecución nacional del Ministerio de Vivienda en alianza con el sector privado, generando bienestar para más de tres mil personas.
La ejecución de las obras ha sido posible gracias a mano de obra 100% araucana, lo que demuestra que el progreso del Departamento nace del talento de su gente y del poder de las alianzas. A la fecha, la construcción de estas viviendas ha impulsado compras locales de bienes y servicios por más de 42 mil millones de pesos y ha generado mil empleos. Se espera que al final del proyecto, se reduzca el déficit habitacional en los municipios de Arauca y Arauquita entre 15 y 20 puntos porcentuales.



