“Tenemos que despertar y pensar en un futuro común”

En un escenario de crecientes tensiones políticas y desafíos institucionales, es importante abrir espacios de reflexión serena sobre el rumbo del país y la salud de su democracia. En esta conversación con Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, se abordan las causas de la polarización, el deterioro de la confianza pública y los riesgos que enfrenta el Estado de Derecho, así como el papel que deben cumplir los ciudadanos, los gremios y el sector privado en respaldo a las instituciones.

ACP: Colombia vive momentos de alta polarización y desconfianza en las instituciones. ¿Qué factores explican que hayamos llegado a este nivel de fractura política y social, y qué diferencia a esta crisis de las anteriores que ha tenido el país?

Andrés Caro: Primero me gustaría revisar si la premisa es correcta; si la polarización que uno nota en redes sociales, en internet, en los noticieros y en los debates en el Congreso, realmente es un rasgo de toda la población, y creo que no lo es. La mayoría de los colombianos, como la mayoría de la población de todos los países del mundo, no piensa tanto en la política y no está tan polarizada. Lo que pasa es que quienes tenemos voz y la usamos, a veces actuamos de forma muy irresponsable y nos ponemos en posiciones más duras de las que en realidad tendríamos o asumiríamos si pudiéramos tener conversaciones más adultas y más basadas en la evidencia.

Sin embargo, sí creo que hay una fractura política y social en Colombia. Se ve desde la pandemia y desde el estallido social. Considero que el régimen político mostró agotamiento, y de ese agotamiento no hemos podido espabilarnos. Tenemos todos —pero pero, principalmente, los dirigentes políticos y los líderes sociales— que despertar, despertar a un país que se siente, de alguna manera, más que roto políticamente, aletargado política, económica y socialmente, y ponerlo a trabajar, a andar, a pensar en un futuro común.

Lo que ocurre es que muchos de nuestros líderes son muy tóxicos para pensar en un futuro común: no piensan en el futuro ni piensan en lo común, y eso es muy peligroso.

ACP: La conversación pública parece dominada por emociones, sesgos y desinformación. ¿Cómo impacta este ecosistema informativo de redes, fake news, polarización, la calidad de la democracia y las decisiones ciudadanas? ¿Es posible reconstruir una esfera pública basada en hechos y confianza?

AC: No sé si es posible, pero creo que hay que hacer el esfuerzo y no sé si lo estamos haciendo. Los medios públicos serios en Colombia están desfinanciados. El sector privado, de alguna manera, ha abandonado al sector de la información, de los medios y del periodismo. El periodismo es una profesión importantísima en una democracia liberal, pero los periodistas en Colombia tienen salarios precarios y condiciones laborales muy difíciles, y eso hace que no logremos constituir o construir lo que un autor de Estados Unidos, llamado Rauch, denomina “la constitución de la verdad”: una esfera pública que nos permita llegar a consensos sobre los hechos, una constitución epistemológica en la que todas las personas compartan los mismos hechos, algo que se lograba antes, cuando había dos o tres periódicos que contaban más o menos lo mismo.

Obviamente, las redes sociales han permitido también que emerjan nuevos liderazgos y nuevas formas de contar la verdad y la realidad, y eso hay que aprovecharlo. No se trata simplemente de decir que las redes sociales son malas, porque hay periodismo local, participativo y juvenil muy importante. Incluso gremios como ustedes han hecho la tarea de promover la comunicación pública a través de redes sociales de forma muy interesante.

Lo más importante para una democracia liberal es compartir el espacio epistemológico, el espacio de los hechos, porque —aunque esto no es nuevo— sin los hechos no se puede construir una realidad política compartida. Y sí es muy grave lo que está ocurriendo con las fake news y con la manipulación. Por eso, una de las inversiones más rentables para una democracia liberal es fortalecer medios independientes, que realmente puedan hacer fact-checking, que sepan contar las cosas de manera que lleguen a la gente.

No se trata solo de educar a los niños para que lean periódicos, sino de educar a nuestros periodistas para que le lleguen a esos niños cuando sean mayores, de la mejor manera: con contenido verdadero, responsable y en el marco de los valores del pluralismo y de la democracia liberal.

Las redes sociales han permitido también que emerjan nuevos liderazgos y nuevas formas de contar la verdad y la realidad, y eso hay que aprovecharlo.

ACP: Estamos entrando en un nuevo ciclo electoral con un ambiente de confrontación. ¿Qué riesgos institucionales identifica en este proceso electoral? ¿Cómo evitar que la competencia democrática se convierta en una lucha por deslegitimar las reglas del juego?

AC: Seguro esta pregunta se planteó antes de la constituyente de Petro, porque ya se deslegitimaron las reglas de juego. Los riesgos institucionales son muy claros, y son que hay un partido, un movimiento muy importante en Colombia, que no cree en la Constitución, o que dice no creer en ella para ganar más votos. En ese sentido, este va a ser un ciclo electoral durísimo, porque vamos a tener un gobierno y un sector —no voy a decir mayoritario, pero sí muy numeroso— de la población que no va a creer en las reglas. Si no creen en la Constitución, ¿por qué van a creer en el Consejo Nacional Electoral o en el Registrador, que son hijos y producto de la misma Constitución?

De manera que un trabajo muy importante, de persuasión —e incluso de una persuasión no solo optimista, sino también defensiva—, es crear consensos alrededor del respeto por las reglas de juego. Esto se tiene que hacer con los políticos: si los políticos creen y confían, los ciudadanos que votan por ellos también van a confiar. No podemos tener malos perdedores, que es un poco lo que está ocurriendo ahora con el gobierno, que se ve perdiendo la batalla narrativa y, en vez de aceptar la derrota y seguir jugando otro día, prefiere romper el tablero y cambiar las reglas de juego.

De manera que un trabajo muy importante, de persuasión—e incluso de una persuasión no solo optimista, sino también defensiva—, es crear consensos alrededor del respeto por las reglas de juego.

ACP: Hoy muchos ciudadanos sienten que la política no los representa. ¿Cómo se puede recuperar la legitimidad de la política en un contexto donde los discursos antisistema son los que más conectan con la gente?

AC: La falta de representación política normalmente se solucionaba con las elecciones: uno votaba, elegía a alguien, después se frustraba y votaba por otra persona. Ese era un ciclo político más o menos previsible y coherente con los ideales de una democracia constitucional liberal.

Ahora la falta de representación se nota a diario, precisamente por el tipo de conversaciones en las que estamos: conversaciones públicas, conversaciones en redes sociales. De manera que la pérdida de legitimidad se siente mucho más inmediata y mucho más urgente.

Las instituciones y los líderes políticos tienen que aprender a mostrarse legítimos de una manera mucho más efectiva. Y creo que este gobierno ha sido muy eficaz en eso: en mostrar una legitimidad, por lo menos simbólica, con las personas que llegan a ser ministros o ministras, con los símbolos que se usan. Esos símbolos, que a uno le pueden parecer muy simples, precarios o incluso groseros, al final sí sirven para crear una cierta legitimidad. Eso lo demuestra la estabilidad de la popularidad del Presidente, con su piso del 30% y su techo del 35%.

De manera que hay que aprender a mostrarse legítimo, no solo a ser legítimo y presumir que uno lo es por ser líder político o institución, sino a expresar esa legitimidad y saberla mostrar. Creo que podría ser una solución.

ACP: El Estado de Derecho parece debilitado por la tensión entre poderes. ¿Qué señales le indican que una democracia está empezando a erosionarse desde dentro? ¿Cuáles son las instituciones que más necesitamos proteger hoy en Colombia?

AC: Como dice un amigo mío, los pesos y contrapesos, cuando funcionan, se sienten como los reductores de velocidad: un reductor de velocidad funciona porque un carro se estrelló duro contra él. Y eso es muy grave, pero así opera el diseño institucional. Funciona con estrés, con contradicción, con peleas; de manera que, la tensión es algo natural dentro del diseño. Tiene que haber tensión entre los poderes públicos para que realmente exista una separación de poderes efectiva.

No obstante, esa tensión puede llegar a romper el sistema. Y ya sabemos que esto no es una conspiración ni nada por el estilo: hay un grupo, un sector de la población colombiana, que quiere tensionar estos poderes hasta romperlos y producir un nuevo arreglo en forma de constitución.

Las señales ya son muy claras: la democracia ha empezado a erosionarse desde adentro y también desde afuera. Desde afuera, por amenazas como la violencia, la mentira y las fake news; y desde adentro, por el uso de instrumentos constitucionales para reemplazar la Constitución, o por el uso de la manipulación y el chantaje —que hacen parte del ejercicio político— ya no para pasar una ley, sino para romper el sistema mismo.

Por eso, las instituciones que más necesitamos proteger en Colombia son precisamente aquellas que más necesitan de esa protección y del respaldo de la ciudadanía: los jueces —los constitucionales, pero también los jueces en general—, las autoridades electorales y el Congreso, que va a tener que tomar decisiones muy importantes respecto al futuro del sistema político.

Siempre pienso en una idea de un historiador neozelandés, Pocock, que habla del “momento maquiaveliano”. Ese momento, dice, es cuando las comunidades políticas se enfrentan al problema de su propia duración. Y estamos clarísimamente en un momento así: en el que Colombia, sus instituciones y su democracia se están preguntando si van a durar, y de qué manera lo harán.

Quienes tenemos una forma de ver el mundo liberal —y por lo tanto, de alguna manera, también algo conservadora— creemos que hay instituciones que vale la pena preservar, guardar y cuidar, y que estarían en grave riesgo ante un ejercicio constituyente.

ACP: La democracia no solo depende de los gobiernos, sino también de los ciudadanos. ¿Qué papel jugamos los ciudadanos, los gremios y el sector privado en la defensa de las instituciones? ¿Cómo puede el sector empresarial contribuir a fortalecer el Estado de Derecho sin entrar en la lógica partidista?

AC: La democracia, sobre todo, funciona por los ciudadanos, no por los gobiernos. Los gobiernos son un resultado de la democracia, pero también sirven para protegerla… y, en muchos casos, para destruirla. En la mayoría de los episodios de destrucción democrática, el origen está en los gobiernos, no en la gente. En ese sentido, fortalecer las capacidades democráticas y ciudadanas de la población —valga la redundancia— es fundamental.

También creo que los gremios y el sector privado cumplen un rol esencial, no solo por sus funciones empresariales y de representación, sino porque ayudan a expandir el espacio cívico: crean lugares donde se pueden tener discusiones fuera del Estado, al margen del poder público, donde también se pueden ejercer derechos políticos y de libertad de expresión, sin depender de una autoridad estatal que los permita o limite.

El sector empresarial, por tanto, cumple un papel importantísimo en una democracia liberal como la colombiana, y su aporte al fortalecimiento del Estado de Derecho es clave. Esto implica apoyar ese fortalecimiento a través de organizaciones de la sociedad civil, de las manifestaciones públicas de los líderes empresariales y gremiales, y de la participación honesta en las relaciones entre el sector privado y el público, contribuyendo a robustecer las instituciones, no a debilitarlas con entramados de corrupción o de búsqueda de monopolios o rentas.

Lo más importante es entender que el Estado de Derecho, las libertades constitucionales y los derechos fundamentales no son contenidos de segundo orden en la política: son lo que la hace posible. Son, realmente, la estructura de primer orden.

Por eso, están antes que las defensas o afinidades partidistas, y su protección no debería depender de ellas. Se necesita el Estado de Derecho para que existan partidos políticos, para que exista un sector privado y para que los ciudadanos puedan tener derechos. Sin Estado de Derecho no se puede ejercer la libertad, y en ese sentido es una especie de infraestructura que debe ser protegida por todas las personas e instituciones que participan en la sociedad, y no por ideas particulares de un movimiento o partido político.

ACP: En un escenario tan dividido, ¿qué tipo de liderazgo o discurso podría ayudarnos a reencontrarnos como sociedad?

AC: Uno que identifique, creo, las causas de la división, ¿cuáles son? Son ideológicas, son de clases, son de recursos, son de regiones, y que proponga cosas para superar esas brechas y esas divisiones. Entonces, por un lado tiene que ser un liderazgo moderado en política, que no se deje llevar por las tentaciones extremas, y también propositivo y que logre actuar en el mundo real de Colombia, que pueda proponer soluciones reales, soluciones viables para los próximos años y que pueda cumplirlas.

También un líder que no insulte, que no diga mentiras, un líder que maneje su tiempo de forma correcta, que no ejerza un liderazgo autoritario sobre el país ni sobre su propio equipo, que no se deje, sobre todo, lisonjear, que no se deje ‘lambonear’, como a muchos presidentes les ocurre, que se rodean de personas que lo que hacen es adularlos, decirles que son las personas más inteligentes, más valientes y las mejores, y por lo tanto se pierden un pedazo de la realidad muy importante. Eso es un rasgo fundamental también de la madurez política o de la madurez de un líder político.