Las transiciones energéticas son urgentes, pero deben ser también justas

La necesidad de una transición energética en América Latina y el Caribe debe tener en cuenta las diferencias socioeconómicas y de desarrollo en la región. Para llegar a la transformación requerida son necesarios el realismo, el pragmatismo y la cooperación.
Ing. Carlos A. Garibaldi, secretario ejecutivo de Arpel
Ing. Irene Alfaro, directora gerente de Arpel
Todos somos conscientes de que es necesario hacer una pronta transición a un mundo con menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), esta se logra mediante una transformación masiva y radical del método con el cual se genera, suministra y utiliza la energía. Ahora bien, las transiciones energéticas, al afectar sistemas multidimensionales, no resisten soluciones únicas o simplistas. Se debe seguir proveyendo energía de suministro confiable y a precios accesibles, y que habilite el desarrollo sostenible.
No es aplicable, entonces, un único modelo de transición global. Ni siquiera uno regional. América Latina y el Caribe (ALC) es una región heterogénea respecto a sus niveles de desarrollo, matrices energéticas, recursos hidrocarburíferos y exposiciones a los efectos del cambio climático. Tiene también grandes pasivos sociales en infraestructura y pobreza (33% y 13% en la indigencia, según CEPAL). Un 3% no tiene acceso a la electricidad y 15% a medios de cocción limpios.
En América Latina y el Caribe tenemos grandes pasivos sociales en infraestructura y pobreza (33% y 13% en la indigencia, según CEPAL). Un 3% no tiene acceso
a la electricidad y 15% a medios de cocción limpios.
Adicionalmente, nuestra región tiene la matriz energética primaria más limpia del planeta. Según datos de OLADE, al compararla con el promedio mundial, usamos una quinta parte del carbón, el doble de energías renovables y, además de la utilizada, generamos el doble de energía eléctrica de fuentes renovables. Con el 8% de la población mundial emitimos el 7% de las emisiones de GEI y 5% de las de CO2 globales.
Solamente el 43% de las emisiones de GEI de América Latina y el Caribe se deben a la energía, en comparación con el 75% de este tipo en el promedio mundial. Nuestras emisiones están dominadas por el uso de la tierra, principalmente la agricultura, ganadería y, la muy lamentable deforestación gradual de la cuenca amazónica, que actúa como un magnífico sumidero natural de carbono y contiene todavía, aproximadamente, la mitad de los bosques tropicales que le quedan al planeta. Por eso, preservarla debe ser una prioridad.
Con el 8% de la población mundial emitimos el 7% de las emisiones de GEI y 5% de las de CO₂ globales.
Las contribuciones del sector hidrocarburos a la transición energética global se deben adaptar, entonces, a la situación y punto de partida de cada país, trazando su propia hoja de ruta y armonizando sus objetivos de desarrollo, seguridad y soberanía energética, con los objetivos climáticos globales.
En la región tenemos, por un lado, países como Uruguay, Chile y Costa Rica, con amplias clases medias, menor pobreza que el promedio y dependientes de importaciones de hidrocarburos. Para estos países tiene mucho sentido independizarse de la volatilidad de precio de nuestras commodities y moverse hacia las energías renovables nacionales.
Pero en países como México, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia y Argentina, los hidrocarburos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico, ya que afectan los ingresos fiscales, la inversión extranjera directa, las exportaciones y el PIB (Producto Interno Bruto). Esos países tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales de manera sostenible y a monetizarlos para apuntalar su desarrollo y aliviar su pobreza estructural y energética.
El sector petróleo y gas es un actor principal en las transiciones energéticas
Muchas empresas del sector de hidrocarburos en ALC han asumido compromisos de cero emisiones netas de GEI a 2050 (o antes) y todas están interesadas en descarbonizar sus operaciones y procesos, en mejorar sus eficiencias operativas y energéticas, aprovechando su transformación digital, e, incluso, implementando medidas de compensación de emisiones.
Varias empresas han empezado a hacer énfasis en el gas natural para enfrentar la transición. Este garantiza una victoria rápida, porque emite menos emisiones nocivas para el medio ambiente y es asequible, en cuanto a tecnología probada, infraestructura y costo. La misma base no interrumpible que le brinda a la energía hidroeléctrica, puede hacerlo con la solar y la eólica. Asimismo, aún hay recursos de gas sin desarrollar en nuestra región, particularmente en Argentina, Venezuela y Colombia. Estos servirían para mejorar aún más nuestra matriz energética primaria, pero también para exportar excedentes y descarbonizar otros sectores de economía muy dependientes del carbón.
Adicionalmente, algunas empresas están diversificando sus portafolios de productos energéticos al aventurarse en la energía solar y eólica, los biocombustibles, la geotermia, el hidrógeno, la minería del litio, y los cargadores para movilidad eléctrica en sus estaciones de servicio. Entendemos que las competencias técnicas tradicionales del sector (por ejemplo, perforar pozos, refinar, trabajar con gases inflamables, el offshore, etc.) son ampliamente extrapolables a varias fuentes de energía renovables (Figura 1).
Tenemos una materia pendiente: el metano
El metano es 82 veces más dañino que el CO2 en 20 años y 28 veces en 100 años. Morigerar esas emisiones tendría un efecto notable en el corto plazo para el medio ambiente.
Según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), las emisiones de metano del sector en la región son minoritarias (13% de las antropogénicas y 8% si incluimos las naturales), pero son más fácilmente controlables. Debemos redoblar los esfuerzos en reducirlas, eliminando fugas y disminuyendo drásticamente venteos y quemas en antorchas a solo los estrictamente necesarios para la seguridad. Además, muchas iniciativas de reducción de emisiones de metano se pagarían solas por el simple aprovechamiento del recurso desperdiciado, y son realizables con tecnologías ya existentes.
Aquí será crucial optimizar la gestión de esas emisiones: detectar, corregir, eliminar, medir, inventariar y comunicar con transparencia. La implementación de programas LDAR (Leak Detection and Repair, detección y reparación de fugas, en español), y contar con inventarios que partan de medidas directas y continuas, son aspectos clave para su efectiva reducción.
Las competencias técnicas tradicionales del sector (por ejemplo, perforar pozos, refinar, trabajar con gases inflamables, el offshore, etc.) son ampliamente extrapolables a varias fuentes de energía renovables.
El capital debe apoyar los esfuerzos del sector
Las iniciativas que intentan forzar la aceleración de las transiciones energéticas con base en la asfixia de capital de deuda y patrimonial al sector petróleo y gas, carecen de lógica y resultan contraproducentes. Por sus consecuencias imprevistas, las soluciones simplistas a problemas en sistemas complejos son peligrosas.
Las alternativas bajas en emisiones de carbono no están plenamente maduras para su despliegue inmediato y ubicuo, debido a limitaciones tecnológicas, de infraestructura, regulatorias, y a sus altos costos y cuellos de botella en la cadena de valor. Los hidrocarburos siguen siendo, entonces, indispensables para garantizar la seguridad energética de la región.
No continuar invirtiendo en exploración y desarrollo de hidrocarburos para garantizarla puede aumentar el precio de la energía, un componente clave de la inflación general de precios, ocasionando pérdidas económicas para las poblaciones y fiscales para los gobiernos. Autoinfligirse esas heridas, amenazando la seguridad energética, puede forzar importaciones spot a precios altos o incluso alentar alternativas más contaminantes. Hablamos de una transición, no de un reemplazo abrupto, y la pregunta no debe ser si debemos dejar de explorar de inmediato, sino si estamos explorando lo suficiente.
Para gestionar un sistema tan complejo mientras se transita hacia la transformación requerida son necesarios realismo, pragmatismo y cooperación. Eso implica también una mejor articulación y alineación público-privada.
El Estado debe trazar la ruta y regular el ritmo
Es indispensable atraer inversiones para el crecimiento de las energías renovables, la minería, la descarbonización y diversificación energética; y asegurar la infraestructura necesaria. Para lograrlo, el Estado debe ofrecer un marco institucional y regulatorio apropiado, que brinde seguridad jurídica y transparencia.
Son necesarias políticas de Estado, no solo de gobierno, de largo plazo para que no estén sujetas a ciclos electorales y vaivenes ideológicos. También se necesitan regulaciones congruentes con dichas políticas y que se agilicen los permisos para todas las formas de energía. Se debe implementar o habilitar un sistema de incentivos fiscales o de mercado y penalidades. Y para lograr o mejorar la integración energética, así sea en bloques subregionales, es necesaria una mejor coordinación también entre nuestros gobiernos, armonizando infraestructuras, planeación, regulaciones, y políticas impositivas y aduaneras.
Podemos ser sostenibles y seguir aportando energía
Como líderes del sector energético, reconocemos la urgencia de afrontar los desafíos globales relacionados con la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Y por eso estamos comprometidos con desempeñar un papel proactivo y constructivo en esta trayectoria, que a su vez promueva el desarrollo sostenible de la región.
En consecuencia, evolucionamos y nos transformamos. Gestionando el sector de manera sostenible para que preserve sus licencias sociales y operativas, sea financiable y atraiga a nuevas generaciones de talento humano. Para lograrlo es indispensable que aceleremos la descarbonización y diversificación hacia nuevos productos energéticos, continuemos mitigando los impactos socioambientales y comunicándonos con transparencia y claridad con todos los stakeholders externos; y logremos que nuestra gobernanza acentúe el cumplimiento y la disciplina de capital.
Con capacidad de visión estratégica, agilidad de adaptación táctica, las probadas capacidades de innovación tecnológica, resiliencia a las incertidumbres y eventos disruptivos económicos y geopolíticos, y con una mejor articulación entre empresas, gobiernos, fuentes de financiación y sociedad, este sector seguirá siendo el motor del desarrollo socioeconómico, la “industria de industrias” que lleva siendo desde hace más de un siglo en América Latina y el Caribe.