
Más allá de una política pública unilateral, la transición energética debe incluir a todas las voces del sector para que se construye una iniciativa que permita cambiar el modelo energético sin dejar especialmente vulnerables a consumidores y proveedores.
Milton Fernando Montoya (PhD), director del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia
En múltiples espacios como conferencias, foros, discursos de autoridades, escuchamos reiteradamente que se hace referencia hacia la necesidad de que la transición energética (TE) sea justa, y, muchas veces, este concepto de justicia se asocia exclusivamente a la faceta social de la transición o, incluso, al componente tarifario, restringiendo la expresión a un mero componente económico-social.
Pues bien, aunque las implicaciones económicas y sociales hacen parte de una TE justa, este no es su único alcance y menos aún en países como Colombia, donde existen recursos energéticos primarios propios (gas, petróleo, carbón, riqueza hídrica, etc.) y donde el derecho al desarrollo se erige, en nuestra opinión, como una variable más de la justicia en nuestra transición.
En efecto, un primer componente de la TE justa es la justicia distributiva. Es decir, que los impactos, costos, riesgos, cargas y consecuencias negativas de las decisiones de política pública, asociadas a la TE, deben ser proporcionales, equitativas y racionalmente distribuidas entre todos los actores, según necesidades, características, capacidades, etc., partiendo del principio de solidaridad.
Primer componente de la TE justa es la justicia distributiva.
Esto significaría en el contexto nacional, que todas las decisiones asociadas a la TE deben considerar los efectos sobre las diversas industrias que integran el sector afectado, como la minería, los hidrocarburos y la electricidad. Teniendo en cuenta la convergencia, cada vez más estrecha entre ellos, es decir, sin afectar especialmente alguna en particular, Además, debe considerar los derechos de los usuarios, residenciales, comerciales, industriales, vehiculares, generadores térmicos; y los de comunidades vulnerables, o en condición de especial protección constitucional, como las comunidades indígenas. Y, por supuesto, teniendo en mente los intereses de las autoridades y de las asociaciones gremiales.
En otras palabras, no es una transición energética justa aquella en la cual las decisiones de política pública prohíben la suscripción de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, pueden acelerar la pérdida de autosuficiencia energética del país (particularmente en juego está la exploración y producción de gas), la seguridad energética y, además, impactan económicamente de manera gravosa a la población más vulnerable que usa el servicio, por los incrementos de la factura que, se estiman, podrían ocurrir en un posible escenario de importación de gas.
Las decisiones adoptadas en materia de TE deben asegurar una participación oportuna, inclusiva e igualitaria en los procesos de toma de decisión.
El segundo componente que integra un concepto robusto de TE justa es la justicia procedimental. Es decir, que las decisiones adoptadas en materia de TE aseguren una participación oportuna, inclusiva e igualitaria de todos los agentes en los procesos de toma de decisión. Al referirnos a todos los agentes incluimos tanto a las comunidades, como a las empresas, gremios, ONGs, universidades, etc. Por lo tanto, no es una TE justa aquella que privilegia la participación de solo un actor, donde los espacios de participación favorecen solo a un colectivo o no se consideran las opiniones, voces y/o argumentos de todos los interesados.
Por eso, no es una TE justa aquella que, frente a técnicos y sólidos argumentos de empresas, gremios, academia, asociados a los impactos y consecuencias que tendría incrementar la carga tributaria (o de sus contraprestaciones económicas) de la industria minera, de hidrocarburos o energía, se ignoran estas opiniones y se actúa, deliberadamente, de forma contraria. Tampoco sería, entonces, una TE justa, aquella donde, a pesar de los argumentos, se pretende minar la constitucional y legal independencia técnica del regulador energético e incidir, con criterios e instrumentos políticos más que técnico-jurídicos, en la fórmula tarifaria del sector eléctrico.
Finalmente, una TE justa reconoce y respeta los derechos, necesidades, valores y costumbres de los grupos involucrados o afectados por la transición. Es decir, no es una TE justa aquella que deja por fuera el debido acompañamiento institucional a las comunidades indígenas que habitan los territorios donde se ejecutan proyectos de energías renovables o donde las decisiones en materia de transición desconocen y afectan la práctica de la minería artesanal, ligada a la cultura y tradición de algunos municipios del país.
Una TE justa no es simplemente esforzarse por, a sangre y fuego, descarbonizar o reducir las emisiones.
Entonces, una TE justa no es simplemente esforzarse por, a sangre y fuego, descarbonizar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un ejercicio de definición, construcción e implementación colectiva, atendiendo a las características propias de cada país y sociedad, sin ignorar a todos los participantes del sector y afectados. Una TE justa considera, desde su centro el principio de “leaving no one behind”, cuidando a los más vulnerables, aplicando la complementariedad de fuentes energéticas, la corresponsabilidad ambiental, la solidaridad internacional y la necesidad de desarrollo.
Una TE justa (y de paso responsable) en Colombia debe partir de una política pública construida de
manera colectiva, técnica, planificada, con acciones concretas materializables en el corto, mediano y largo plazo.
En suma, una TE justa (y de paso responsable) en Colombia debe partir de una política pública construida de manera colectiva, técnica, planificada con acciones concretas materializables en el corto, mediano y largo plazo; que considera todas nuestras fuentes energéticas, privilegia la autosuficiencia, seguridad energética y confiabilidad, y proyecta la reducción de nuestra dependencia del sector (a nivel nacional y regional) de una manera responsable en el mediano y largo plazo.
La política debe fijar las condiciones que hagan de Colombia un país atractivo para la inversión en el sector minero-energético; robustecer la gobernanza y las capacidades técnicas institucionales; fomentar la transferencia de tecnología, la innovación y el fortalecimiento de capacidades locales en materia de transformación (valor agregado); y definir reglas claras en materia de participación étnica y ciudadana. Estas tareas deben terminar por robustecer la seguridad jurídica, incorporar los nuevos desarrollos tecnológicos a nuestra matriz energética (hidrógeno, CCUS -Carbon Capture, Use and Storage, por sus siglas en inglés-, SMR`s –Small Modular Reactors, por sus siglas en inglés) y evitar vetos y prohibiciones unilaterales desde los territorios, con una visión responsable de desarrollo sostenible a partir del aprovechamiento sensato de nuestros recursos naturales no renovables, en pro de aportar a la reducción de las injustificables condiciones de desigualdad e inequidad social que aún aquejan nuestro país.