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La seguridad energética de Colombia se construye desde las regiones

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La seguridad energética de Colombia se construye desde las regiones

Por: Rafaela Cortés Zambrano, Gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos

Hablar de seguridad energética en Colombia exige mirar el mapa. La energía no se produce en abstracto: se produce en territorios donde viven comunidades, operan empresas, se generan empleos y se toman decisiones que pueden acelerar o frenar el desarrollo. Por eso, si Colombia quiere asegurar su abastecimiento, fortalecer sus finanzas y avanzar hacia una matriz energética más diversificada, las regiones productoras no pueden limitarse a recibir decisiones tomadas desde el centro. Deben ser protagonistas y socias de esa construcción.

El Meta conoce lo que es ser una región productora de energía mejor que casi cualquier otro departamento.

Cerca de seis de cada diez barriles de petróleo producidos en Colombia tienen origen aquí. Esa condición le otorga una enorme responsabilidad frente al país, y también le permite hablar desde la experiencia. Durante años este Departamento ha visto cómo la actividad petrolera genera empleo, regalías, encadenamientos empresariales e inversión; y también sabe de las tensiones que aparecen cuando las comunidades sienten que la riqueza que sale de su territorio no se traduce con suficiente velocidad en vías, servicios, oportunidades y bienestar.

Esa es una de las claves del futuro energético colombiano: entender que seguridad energética y desarrollo territorial forman parte de la misma conversación. La continuidad de la exploración y la producción requiere condiciones técnicas, ambientales, jurídicas y de seguridad que hagan viables las operaciones. Pero su legitimidad también depende de que las comunidades perciban beneficios reales, exista empleo local, se fortalezca la contratación regional y una proporción creciente de la capacidad productiva se convierta en infraestructura, competitividad y mejores condiciones de vida.

Colombia llega a esta discusión con una realidad que exige decisiones de largo plazo. Al cierre de 2025, el país contaba con 2.020 millones de barriles de reservas probadas de petróleo y una relación reservas/producción de 7,4 años. Son cifras que muestran capacidad, pero también recuerdan que la seguridad energética demanda continuidad en la incorporación de reservas, eficiencia en los campos existentes y planeación sostenida.

El sector ha insistido en recuperar inversión exploratoria, aumentar reservas y producción, garantizar seguridad jurídica y viabilizar territorialmente las operaciones. La dimensión económica confirma que no es una discusión exclusivamente sectorial. Un estudio presentado este año por los gremios de petróleo y gas estimó que, entre 2025 y 2050, el aporte fiscal del sector podría alcanzar hasta 695 billones de pesos en un escenario de mayor oferta. Las decisiones energéticas que Colombia adopte hoy condicionarán no solo el abastecimiento, sino los ingresos públicos y la capacidad de la Nación y de las regiones para financiar infraestructura, educación, salud, seguridad, adaptación climática y oportunidades productivas durante las próximas décadas.

Una de las claves del futuro energético colombiano es entender que seguridad energética y desarrollo territorial forman parte de la misma conversación.

Desde las regiones se ha sostenido una posición clara: la transición energética debe ser gradual, responsable, técnicamente sustentada y construida con los territorios y sus comunidades. No se trata de enfrentar petróleo contra energías renovables, ni producción contra sostenibilidad. Colombia necesita aprovechar responsablemente sus hidrocarburos mientras desarrolla nuevas fuentes, mejora su eficiencia energética, fortalece los biocombustibles y construye las capacidades productivas necesarias para diversificar su economía.

El Meta demuestra que esas vocaciones pueden convivir. Es el principal productor petrolero del país y, al mismo tiempo, cuenta con una de las mayores fronteras agrícolas activas de Colombia, una participación determinante en cadenas como la palma, el arroz, el maíz y la soya, potencial para profundizar los biocombustibles y activos ambientales estratégicos. La Serranía de Manacacías, los ecosistemas asociados al Sumapaz, nuestra riqueza hídrica y la biodiversidad de la Orinoquia hacen evidente que la verdadera discusión no es escoger entre producir y conservar. El reto es integrar producción, agua, biodiversidad y comunidades bajo una visión territorial de largo plazo.

También es importante aprender de las dificultades. Lo ocurrido este año en Puerto Gaitán recordó que la interrupción de una operación petrolera no afecta únicamente a una compañía. Impacta trabajadores, contratistas, comercio, movilidad, regalías, inversión social y producción nacional. En medio de los bloqueos registrados en Puerto Gaitán entre mayo y junio, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) estimó pérdidas superiores a 500 millones de pesos diarios en regalías para la región y el país. La respuesta no puede ser ignorar las demandas sociales ni aceptar que las vías de hecho sustituyan la institucionalidad.

Se necesita más diálogo temprano, autoridades presentes, empresas cercanas al territorio y mecanismos eficaces para resolver diferencias sin comprometer la actividad productiva.

Desde la Federación Nacional de Departamentos se ha insistido en un principio fundamental: las decisiones nacionales sobre energía deben incorporar de manera efectiva la voz de los territorios. Los recursos del subsuelo pertenecen a la Nación, pero su aprovechamiento sucede en municipios y departamentos donde se concentran sus oportunidades y sus impactos. La planeación energética, las regalías, la infraestructura asociada, la transición y los mecanismos de compensación necesitan una gobernanza en la que Nación, departamentos, municipios, empresas y comunidades construyan acuerdos de largo plazo.

Desde el Departamento se plantea que el petróleo debe ser una palanca para construir el Meta del futuro. Se busca que la riqueza generada ayude a mejorar conectividad, desarrollar la Altillanura, impulsar cadenas agroindustriales, formar talento, fortalecer proveedores regionales, proteger el agua y la biodiversidad y crear capacidades que permanezcan mucho después de que los recursos del subsuelo hayan cumplido su ciclo productivo. La verdadera transformación de un territorio productor ocurre cuando consigue convertir una riqueza finita en prosperidad duradera.

Esa visión implica también mejorar la forma en que se convierten las regalías en transformación. No basta producir recursos si estos tardan años en materializarse en proyectos. Las regiones necesitan reglas claras, capacidad de ejecución e instrumentos que permitan financiar iniciativas realmente transformadoras. Fortalecer a los territorios productores no significa privilegiarlos; significa proteger la base territorial que hace posible una parte decisiva de la seguridad energética y fiscal de Colombia.

Existe además una oportunidad para elevar la calidad de la relación entre industria y territorio. Las experiencias de inversión conjunta para mejorar la conectividad hacia zonas productoras del Meta muestran que la infraestructura asociada al sector puede trascender la operación petrolera y fortalecer la movilidad de las comunidades, la competitividad agropecuaria y el desarrollo regional. Esa debe ser la lógica: cada proyecto energético debe dejar capacidades, infraestructura, tejido empresarial y confianza.

Colombia no tiene que escoger entre seguridad energética, sostenibilidad y desarrollo regional. Tiene que lograr que funcionen juntos. El Meta puede ser uno de los territorios donde esa visión se convierta en realidad: un departamento que produce petróleo para Colombia, alimentos para millones de personas, biocombustibles, biodiversidad, agua y nuevas oportunidades de inversión.

La seguridad energética se construirá con reservas y producción, pero también con confianza, reglas estables, infraestructura, comunidades que participen y regiones capaces de transformar su aporte en bienestar. La energía de Colombia nace en sus territorios. Su futuro también debe construirse con ellos.