“Es momento de llegar a acuerdos para recuperar la soberanía energética”

By: Andrés Bitar, Vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP

Muy pocos países del mundo pueden darse el lujo de afirmar que cuentan con múltiples fuentes de energía. Colombia es uno de ellos. Dispone de recursos diversos y abundantes: hidrocarburos, agua, sol, viento, carbón y minerales estratégicos; además, tiene potencial para desarrollar hidrógeno, biomasa, biogás, geotermia y energía nuclear. Sin embargo, a pesar de esta riqueza, la realidad es que Colombia perdió la soberanía energética.

En materia de hidrocarburos, Colombia tiene una industria robusta: petróleo y gas, reservas, recursos contingentes y prospectivos, tanto continentales como costa afuera y en yacimientos de roca generadora, y dos refinerías de talla mundial, Barrancabermeja y Reficar, con una capacidad de hasta 420 mil barriles diarios para producir gasolina, diésel y combustible de aviación, además de otros derivados.

Colombia produce biocombustibles como etanol y biodiésel a partir de caña de azúcar y palma de aceite, para garantizar las mezclas al 10% y así reducir las emisiones del parque automotor y disminuir las necesidades de importación de combustibles líquidos.

Además, el país es privilegiado por sus abundantes recursos hídricos, que le permiten generar más de 21 mil megavatios (MW) de energía en firme a través de más de 35 plantas hidráulicas. Su irradiación solar global promedio es de 4,5 kilovatio-hora por metro cuadrado por día (kWh/m2/día), muy por encima del promedio mundial, y departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, Arauca y Vichada presentan factores de planta superiores al 25%, lo que representa un potencial fotovoltaico gigantesco. Por si fuera poco, tiene un recurso eólico relevante, especialmente en La Guajira, donde se registran velocidades de viento de 10 a 11 metros por segundo (m/s); la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) estiman un potencial instalable de casi 100 GW.

La diversidad también se extiende a los minerales. Colombia cuenta con grandes reservas probadas de carbón térmico y metalúrgico (aproximadamente 5.500 millones de toneladas), que, según la Agencia Nacional de Minería (ANM), tienen altos poderes caloríficos, bajos contenidos de azufre, cenizas y humedad, lo que reduce emisiones y genera buen desempeño industrial. Por otra parte, produce níquel, platino y oro en grandes cantidades y tiene potencial en cobre, zinc, fosfatos, silicio, hierro y manganeso; su posición geológica podría convertir a Colombia en una potencia en minerales estratégicos.

También existen hojas de ruta y proyectos piloto en curso para generar energía a partir de hidrógeno, biomasa, geotermia, biogás, así como para el almacenamiento con baterías. Por último, el Congreso de la República aprobó recientemente la Ley 2603 de 2026, que permitirá evaluar la energía nuclear como componente de la seguridad energética en Colombia.

Con toda esta riqueza y diversidad energética, vale la pena preguntarse ¿por qué Colombia perdió la soberanía energética?

La respuesta implica una combinación de factores que hoy se traducen en hechos concretos que han afectado no solo la seguridad energética, sino también la competitividad del país. Colombia está ad portas de un apagón por el déficit de energía en firme, que aumenta el riesgo de restricciones en el suministro eléctrico. Ha entrado en operación menos del 10% de los proyectos de generación previstos para 2026 y persiste la ausencia de gas. Esto mantiene al sistema operando al máximo nivel de estrés, a la espera de un fenómeno de El Niño menos intenso de lo que prevén las agencias climáticas. En septiembre de 2026 el país importó el 38% del gas que requiere, lo que incrementa los costos y hace que los nuevos contratos se estén cerrando en más de 15 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, en español) en el mercado primario, golpeando el bolsillo de los colombianos, las industrias y los comercios.

La actividad exploratoria se encuentra en mínimos históricos. Entre 2010 y 2014, cuando el país llegó al millón de barriles diarios de petróleo, se perforaban entre 100 y 120 pozos al año. De no corregirse el rumbo, la actividad obligatoria terminará en 2030 y, con las reservas actuales, la producción empezará a declinar en 2027, lo que podría generar un hueco fiscal cercano a los 50 billones de pesos de aquí a 2035 y obligar a importar crudo intermedio para las refinerías.

Es necesario recuperar una estrategia clara para el sector de hidrocarburos, sin desconocer que, para atender sosteniblemente la demanda energética, el país requiere aprovechar de manera complementaria todas sus fuentes de energía.

Adicionalmente, entre la firma de un contrato de exploración y producción y el primer barril de petróleo o la primera molécula de gas en el Sistema Nacional de Transporte transcurren hoy entre seis y ocho años, mientras que en Vaca Muerta, Argentina, ese lapso es de apenas uno o dos años.

Durante los últimos cuatro años, la política de hidrocarburos en Colombia fue un barco a la deriva, frenando y obstaculizando importantes proyectos energéticos, mientras que los países de la región hacían la tarea, y con creces: Argentina, Guyana, Brasil, Trinidad y Tobago y, recientemente, la propia Venezuela han enviado señales para atraer inversión y reforzar su seguridad energética.

Iniciativas de gran envergadura, como la perforación del pozo costa afuera Komodo, el desarrollo de yacimientos no convencionales, la línea de transmisión Colectora y numerosos proyectos de generación de energía eólica y solar, se han atrasado o postergado. Por tanto, el problema no ha sido la ausencia de recursos, sino la capacidad del país para aprovecharlos y convertirlos oportunamente en energía disponible, competitiva y confiable. Lo que evidencia que, sin duda alguna, esta crisis energética es una situación autoinducida.

Colombia necesita una política de Estado, con visión de largo plazo y capaz de trascender los gobiernos. En particular, es necesario recuperar una estrategia clara para el sector de hidrocarburos, sin desconocer que, para atender sosteniblemente la demanda energética, el país requiere aprovechar de manera complementaria todas sus fuentes de energía. Ha llegado el momento de demostrar que el país tiene con qué hacerlo: recursos existen y son abundantes.

La primera y más urgente tarea es lograr acuerdos, de una vez por todas, sobre el país que se quiere construir para las futuras generaciones, lo cual pasa también por definir qué sector energético se quiere. Desde la industria se considera firmemente que debe optarse por un país de mayor crecimiento económico, con más posibilidades de desarrollo para su economía y, por consiguiente, para sus habitantes. Para lograrlo, no se debe escoger entre una u otra fuente de energía, todas son igual de importantes, más aún en un escenario en el que se espera que la demanda energética se incremente sustancialmente en los próximos años.

La adición energética en Colombia, basada en los principios de complementariedad y subsidiariedad, debería enfocarse en dos palabras: implementar y ejecutar.

Asimismo, se debe garantizar la competitividad del país, la cual dependerá de la abundancia, confiabilidad y asequibilidad de los energéticos. De estas condiciones depende buena parte de la capacidad de atraer inversión y, con ello, de la posibilidad de cerrar brechas en las regiones a través de la creación de riqueza y empleo formal.

Por ello, además de construir una política energética de Estado, Colombia debe enviar señales claras de competitividad para atraer grandes inversiones que permitan desarrollar los recursos energéticos. Se deben promover mecanismos de estabilidad para los inversionistas que eviten cambios intempestivos en las reglas de juego durante la vigencia de los contratos. También, se deben adoptar incentivos tributarios, como una tasa preferencial de impuesto de renta para grandes inversiones, para atraer capital en una región con alto potencial energético.

La adición energética en Colombia, basada en los principios de complementariedad y subsidiariedad, debería enfocarse en dos palabras: implementar y ejecutar. El gran reto de los próximos años será pasar de las hojas de ruta, Plan Nacional de Desarrollo, las leyes, las resoluciones y demás instrumentos a la acción; estos deben materializarse y no quedarse en el papel. Esto exige coordinación entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales, las empresas, las comunidades y los demás actores del sector, con metas claras, indicadores de seguimiento y una gerencia efectiva de los proyectos, en donde la reactivación de los Proyectos de Interés Nacional Estratégico puede desempeñar un papel preponderante.

Así, es necesario ejecutar sin demora las consultas previas de Sirius aplicando el principio de proporcionalidad; dar luz verde al proyecto Komodo; perforar los pozos para yacimientos no convencionales en las cuencas Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería; priorizar la infraestructura para evacuar el gas de los bloques SN9 y SN26, en Sinú-San Jacinto; acelerar las campañas exploratorias; firmar nuevamente contratos de hidrocarburos; dar la discusión de fondo para disminuir las tarifas de transporte por oleoductos y gasoductos; efectuar subastas de expansión del sistema eléctrico permitiendo térmicas a carbón y a gas; ejecutar las líneas de transmisión para garantizar la entrada de proyectos de generación; aumentar las mezclas de biocombustibles al 12% o al 15%; avanzar en los almacenamientos estratégicos para aumentar la confiabilidad del suministro de combustibles líquidos; pasar del potencial geológico a la producción competitiva de minerales estratégicos; formalizar la pequeña minería y combatir la ilegalidad.

Aprovechar todas las fuentes de energía permitirá contar con energía disponible, competitiva y confiable para impulsar el desarrollo y el crecimiento del país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.