Menos ideología, más fracking

Por: Juan Espinal, Presidente Comisión Quinta, Senado de la República

El país necesita aprovechar todas las tecnologías disponibles y ambientalmente viables, incluyendo el fracking y, por qué no, abrir una discusión seria sobre la energía nuclear.

Lo que hace algunos años era un debate dominado por el activismo y el miedo ha comenzado a cambiar. Cada vez son más los colombianos que entienden que la discusión sobre el fracking debe darse con argumentos técnicos y científicos, no con consignas ideológicas. Poco a poco, la narrativa de los sectores anti-fracking ha ido perdiendo fuerza frente a la evidencia.

Colombia lleva más de 18 años preparándose para utilizar esta tecnología en la exploración y producción de petróleo y gas natural. Su implementación permitiría aumentar significativamente las reservas probadas de hidrocarburos, reducir la dependencia de las importaciones de gas, que hoy ya superan el 35% del consumo nacional, fortalecer la seguridad energética, generar miles de empleos y aumentar los ingresos por regalías para las regiones.

Las estimaciones indican que las reservas de gas podrían pasar de 2,3 terapiés cúbicos (TPC) a cerca de 25 TPC, garantizando el abastecimiento durante varias décadas. Países como Estados Unidos y Argentina son prueba de ello. Gracias al desarrollo responsable de los yacimientos no convencionales, no solo aseguraron su autosuficiencia energética, sino que hoy exportan petróleo y gas natural, fortaleciendo sus economías y reduciendo la dependencia de mercados externos.

La crisis energética que enfrenta Colombia también ha servido para que muchos reconsideren sus posiciones. No deja de llamar la atención que algunos dirigentes que hace pocos años rechazaban categóricamente el fracking hoy lo defiendan, quizá por convicción o quizá porque la realidad terminó imponiéndose sobre la ideología.

Durante los últimos cuatro años, el país ha soportado un debate profundamente ideologizado y alejado de la evidencia científica. Es momento de retomar la discusión con seriedad. Los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque conformaron comisiones de expertos nacionales e internacionales que, tras rigurosos estudios, recomendaron una hoja de ruta para desarrollar Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), con estrictos estándares ambientales y de seguimiento. Incluso uno de esos proyectos obtuvo licencia ambiental. El camino no está trazado solo desde la norma, entre 2013 y 2016, en Colombia se autorizaron seis contratos vigentes para desarrollar proyectos de fracking. Drummond Energy tiene cuatro contratos y Ecopetrol cuenta con contratos propios en la cuenca del Magdalena Medio.

Colombia lleva más de 18 años preparándose para utilizar esta tecnología en la exploración y producción de petróleo y gas natural.

La señal más contundente la dio Drummond, que decidió renunciar a la regasificadora que planeaba instalar en Ciénaga, Magdalena, para apostarle de lleno a los yacimientos no convencionales. La empresa prevé comenzar perforaciones en 2027 en la cuenca Cesar-Ranchería.

Sin embargo, al llegar a la Presidencia en 2022, Gustavo Petro suspendió los proyectos piloto sin presentar nuevos estudios técnicos que justificaran esa decisión. Fue una determinación basada en una posición política más que en la evidencia científica. No es la primera vez que ocurre. Basta recordar cuando llegó a plantear la posibilidad de desmontar Hidroituango, desconociendo la importancia estratégica que esa infraestructura tiene para el sistema eléctrico nacional.

La realidad energética del país ya no admite más aplazamientos. Colombia necesita garantizar el suministro de gas natural para cerca de 37 millones de usuarios, además de abastecer a la industria, el comercio y al sector transporte, donde más de 200.000 vehículos operan con este combustible.

En el acumulado entre enero y agosto de 2026, la producción promedio fue de 704,2 MPCD, frente a 808 MPCD en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída de 12,8%. Esta menor producción nacional aumenta la dependencia de las importaciones de gas y genera una mayor presión sobre los costos y la seguridad energética del país, especialmente ante escenarios climáticos como El Niño, que pueden incrementar la demanda de generación térmica.

La verdadera irresponsabilidad sería seguir aplazando una decisión estratégica mientras las reservas disminuyen y la dependencia del gas importado aumenta.

Llegó la hora de dejar a un lado la ideología y asumir un debate responsable sobre el futuro energético de Colombia. El país necesita aprovechar todas las tecnologías disponibles y ambientalmente viables, incluyendo el fracking y, por qué no, abrir una discusión seria sobre la energía nuclear. La prioridad debe ser garantizar la seguridad energética y la competitividad de nuestra economía.

El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Si la regulación existente ofrece las garantías suficientes, no debería existir temor para avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales. La verdadera irresponsabilidad sería seguir aplazando una decisión estratégica mientras las reservas disminuyen y la dependencia del gas importado aumenta.

La seguridad energética de Colombia no puede seguir siendo víctima de la ideología. Como decimos en Antioquia: hay quienes disfrutan de la leche, pero no quieren a la vaca.