El sector privado y la democracia en tiempos de crisis

Sin democracia no hay inversión estable, ni crecimiento, ni desarrollo posible. Hoy, cuando la incertidumbre política aumenta y la polarización debilita instituciones, el sector privado enfrenta una realidad ineludible: debe contribuir a cuidar el sistema que hace posible su existencia y la del país que ayuda a construir.

Cualquiera que observe a la Colombia de hoy puede sentir tensión en el aire. La desconfianza hacia las instituciones crece, el debate público se ha vuelto un ring de boxeo donde prima la confrontación sobre la construcción, y los acuerdos parecen cosa del pasado.

En medio de este panorama surge una pregunta que incomoda a muchos empresarios pero que resulta necesaria: ¿cuál es el rol del sector privado en una democracia, especialmente cuando la política está en crisis? Y la respuesta no debería ser reemplazar la función del Estado o de los poderes públicos. Se trata de entender que las empresas también son instituciones que hacen parte de la sociedad y que dependen de reglas claras, confianza y estabilidad. Por eso tienen la capacidad, pero sobre todo la responsabilidad, de ayudar a preservar los principios democráticos. Y esto no es un tema ideológico sino más bien práctico: sin democracia no hay mercados libres y confiables, ni inversiones sostenibles, ni proyectos viables que perduren.

Democracia: la base del crecimiento

Para que la economía funcione, las empresas puedan invertir, innovar, hacer que el empleo formal crezca y atraer desarrollo nacional y regional, se necesitan: reglas de juego claras, instituciones que respondan, confianza entre los diferentes actores del sector público y privado y condiciones de seguridad. La democracia es la base que sostiene todo eso. Cuando esa base se agrieta, ya sea por polarización, por captura institucional o por la violencia, no solo se resiente la política, también la economía.

Lo sienten primero los hogares más vulnerables y, enseguida, las empresas que invierten pensando en el largo plazo. El sector privado depende de ese entorno institucional y debería tener un interés directo en defenderlo. Por eso Harvard Business Review, en su artículo “Business Can’t Take Democracy for Granted” ha insistido en que el sector privado no puede dar por sentada la democracia: debe ayudar a preservarla porque es condición de su viabilidad y de su propio futuro.

En Colombia, las tensiones recientes en torno a la transparencia electoral, las reformas estructurales impulsadas sin el debido debate en el Congreso y los cambios en las reglas del juego revelan lo frágil que puede ser la confianza cívica, entendida como la convicción compartida de que las instituciones actúan con integridad y dentro del marco de la ley. El sector privado no está al margen de esta discusión: tiene intereses legítimos, pero también responsabilidades para que el debate ocurra dentro de las reglas y de cara a la ciudadanía.

La delgada línea entre incidencia legítima y la captura

Es legítimo y necesario que el sector privado incida en la política pública: aportando evidencia técnica, advirtiendo sobre impactos no deseados de una política, proponiendo alternativas. Esto es muy distinto a la captura: usar el poder económico para torcer reglas, ocultar aportes o comprar decisiones, solo con el fin de maximizar los beneficios empresariales.

En Colombia, casos como la parapolítica y el escándalo de Odebrecht expusieron los riesgos de una relación opaca entre poder económico y político. La captura regulatoria e institucional no solo altera las condiciones de competencia, sino que debilita la legitimidad del Estado y socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Cuando vemos empresarios investigados por corrupción o contratos amañados, no solo se daña su reputación: se erosiona la confianza en todo el sistema.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sistematizado estándares para un involucramiento político responsable: divulgar actividades de cabildeo y aportes, establecer reglas claras para “puertas giratorias”, mantener listas públicas de reuniones con funcionarios, publicar reportes anuales de gasto en incidencia y crear salvaguardas internas de integridad. Son medidas que protegen a la empresa y cuidan la democracia.

El Instituto Erb de la Universidad de Michigan ha desarrollado uno de los esfuerzos más completos para orientar la conducta política responsable de las empresas y lo resume en cuatro principios claves: legitimidad, rendición de cuentas, responsabilidad y transparencia. Suena complicado, pero es simple: las empresas deben poder explicar por qué hacen lo que hacen políticamente, rendir cuentas internamente, proteger los sistemas de los que dependen, y hacer todo esto a la vista de todos. Este marco refuerza la idea de que el compromiso empresarial con la democracia no es solo un imperativo ético, sino una condición práctica para la sostenibilidad de los mercados y la confianza social.

Como muestran los análisis de Transparencia por Colombia y la regulación vigente sobre financiamiento político y el uso de datos personales, en el país, aunque se han hecho avances importantes, persisten zonas grises relacionadas con la publicidad digital, el uso de datos personales con fines electorales y los mecanismos de incidencia indirecta a través de terceros, gremios o agencias.

Es legítimo y necesario que el sector privado incida en la política pública: aportando evidencia técnica, advirtiendo sobre impactos no deseados de una política, proponiendo alternativas.

Lecciones internacionales

El caso colombiano no es único. En Brasil, durante la crisis de 2018-2022, algunos líderes empresariales firmaron cartas públicas defendiendo el sistema electoral. En Estados Unidos, tras los eventos del 6 de enero de 2021, más de 200 empresas se comprometieron en suspender donaciones a legisladores que cuestionaron los resultados electorales.

Como documenta Steven Levitsky en “Cómo mueren las democracias”, las élites económicas pueden ser guardianes o destructores de la democracia, dependiendo de sus incentivos y marcos normativos. La diferencia está en la transparencia y los límites institucionales.

Cuando la democracia se debilita, el sector empresarial tiene un papel importante que cumplir. De la experiencia internacional y de los estándares de la OCDE y del Instituto Erb, se sugieren seis frentes de acción:

Integridad en la incidencia: políticas claras de cabildeo y registro de reuniones, con supervisión interna y aprobación de junta.

Transparencia en aportes: divulgar proactivamente toda contribución o vínculo político, directo o a través de gremios o fundaciones.
Cero tolerancia a la corrupción: programas sólidos de cumplimiento y trazabilidad en la contratación pública.

Protección del espacio cívico: apoyar medios independientes, academia y sociedad civil sin interferir en sus agendas.

Información basada en evidencia: aportar datos verificables sobre empleo, impacto y competitividad para elevar el debate público.

Cooperación territorial: liderar acuerdos locales por empleo, compras y desarrollo social que reduzcan la polarización y la conflictividad.

Y las líneas rojas son muy claras: no reemplazar al Estado, no financiar en la sombra y no usar la crisis para pedir privilegios. Cuando el sector privado actúa con coherencia —reglas claras, sin atajos— gana autoridad moral para defender la institucionalidad.

Podemos seguir el camino de la polarización destructiva, donde cada crisis profundiza más las fracturas sociales, o podemos impulsar consensos entre todos los actores que dependemos de que este país funcione.

El momento de actuar es ahora

Colombia está en una encrucijada. Podemos seguir el camino de la polarización destructiva, donde cada crisis profundiza más las fracturas sociales, o podemos impulsar consensos entre todos los actores que dependemos de que este país funcione.

El sector privado no debe ser un espectador pasivo esperando que “alguien más” arregle la democracia. No se trata de convertirse en partido político ni de imponerse sobre el Estado. Se trata de algo más básico y urgente: defender las reglas mínimas que hacen posible la convivencia y la supervivencia.

Imaginen una Colombia donde las empresas compiten en igualdad de condiciones, las reglas son claras y se respetan, la información pública es confiable y los conflictos se resuelven con argumentos en lugar de con amenazas. Esa Colombia no se construye sola: requiere que cada actor, incluido el empresarial, asuma su responsabilidad.

Es un llamado al pragmatismo inteligente. Porque al final del día, cuando las instituciones colapsan, no hay empresa que se salve. Y cuando las instituciones funcionan, todos ganamos.

La pregunta no es si el sector privado debe involucrarse en defender la democracia. La pregunta es si puede darse el lujo de no hacerlo.

Por: Claudia Escobar
Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de ACP