Unidos en la transición energética que le conviene a Colombia: ¡primero la gente!

Adelantemos una transición energética justa, equitativa y sostenible, hecha a la medida de Colombia, ‘a la colombiana’, que modernice el país.

La industria del petróleo, el gas y los combustibles líquidos son un pilar para liderarla.

Colombia es un país en transición.

Desde que somos una República, nuestra historia es la de pasar de una transición a otra. Recientemente, llevamos décadas intentando transitar de la ilegalidad y la informalidad, hacia la formalización económica; de la criminalidad, hacia el acatamiento de las leyes; del conflicto armado al ejercicio de la política sin armas; de la inequidad hacia la equidad; de la pobreza hacia la prosperidad y el bienestar general; del centralismo hacia una mayor autonomía regional; de la precariedad de nuestro sistema económico hacia una economía formal, competitiva, diversificada y moderna; de un sistema político basado en la democracia representativa a uno complementado con mecanismos de democracia directa, en lo que aún no hemos encontrado un balance que proteja y respete los derechos de todos los ciudadanos.

Dentro de estas transiciones, está la transición energética justa que debemos desarrollar.

Esta última transición, la energética, es igual o más compleja que las otras enumeradas: su definición y desarrollo incluye todos los componentes de política pública y toca la vida diaria de todos los ciudadanos en todos los sectores del país, todos los días.

La conversación sobre esa transición energética justa hoy, cuando es evidente que la disminución sistemática de los últimos 15 años en las reservas de gas y petróleo tiene en jaque nuestra seguridad y autosuficiencia energéticas y el suministro eficiente de hidrocarburos en los próximos meses y años, debe enmarcarse en el conjunto de transiciones que adelantamos, sobre las cuales aún no hemos construido consensos en temas básicos.

Por eso, es fundamental lograr un acuerdo sobre los objetivos de la transición energética y definir, para qué es y para qué no es. ¿Cuál es su propósito?

Para que esta conversación sea útil, debe darse desde nuestra realidad y nuestras aspiraciones. Para Colombia, no sería útil partir de premisas que llevaron a países ricos y desarrollados a definir las metas globales de descarbonización al 2050, ni asumir que debemos copiar el camino de países en el mundo que no comparten nuestra realidad ambiental, social ni económica: la transición no es cumplir unas metas, tiene un propósito superior de sociedad.

Colombia es una sociedad con niveles de inequidad, pobreza e ilegalidad insostenibles. También, tiene enormes recursos naturales y atributos de ventajas comparativas desde los cuales podemos definir un camino para modernizar el país.

Otra pregunta básica para definir la ruta de transición es: ¿cuál es el último objetivo de las políticas públicas? Maximizar la función de bienestar de la sociedad, es decir, optimizar el bienestar de la gente. ¡Primero la gente! El fin último de las políticas públicas somos los ciudadanos y nuestro bienestar. Esa función de bienestar es única para cada sociedad, para cada economía: la transición no es copiar fórmulas externas que son inaplicables en Colombia en contenido y en ritmo. La transición no es un salto precipitado al vacío.

Maximizar el bienestar implica lograr tres objetivos a partir de la transición energética justa:

• Transición energética
• Transición económica
• Transición social

La transición energética tiene como objetivo complementar nuestras fuentes de energía, diversificando la matriz de oferta con elementos cada vez más bajos en emisiones, y que cumplan con un balance adecuado entre eficiencia energética, eficiencia económica y eficiencia mineral. También, se trata de modificar nuestros sistemas de producción, consumo y disposición para minimizar los impactos no deseados sobre los ecosistemas, en todos los sectores y todas las cadenas de valor de la economía.

Lo anterior requiere recursos y tecnologías que tendremos que adoptar.

La transición económica busca disminuir la dependencia de nuestras economías locales y nacional de los hidrocarburos. La forma de hacer esto, claramente, no es acabando con los hidrocarburos, como algunos pretenden. No es achicando la torta para empobrecernos.

Es la contraria: es fortaleciendo el sector del petróleo, gas y combustibles líquidos, que es una base sólida en nuestra estabilidad económica, fiscal, cambiaria y de generación de recursos para las regiones, con dos objetivos claros: el primero, generar los recursos para financiar la adopción gradual de tecnologías que faciliten el avance de la transición energética. El segundo, proveer los recursos para lograr la diversificación de las economías regionales a través de inversiones que aumenten la competitividad de los sectores productivos, formalizando economías locales.

Esa función de bienestar es única para cada sociedad, para cada economía: la transición no es copiar fórmulas externas que son inaplicables en Colombia en contenido y en ritmo. La transición no es un salto precipitado al vacío.

No podemos tapar el sol con las manos: la pobreza es el mayor enemigo del medio ambiente.

Las políticas públicas que aumentan los niveles de pobreza con el pretexto de proteger los ecosistemas, los destruyen más rápidamente.
En el marco de una política de transición energética aplicada al contexto colombiano se debe priorizar el fortalecimiento del sistema de veeduría de las regalías que genera el sector hidrocarburos.

Un punto de partida fundamental es que entre todos velemos por la inversión adecuada de los recursos de las regalías para garantizar que sus únicos destinos sean el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y el financiamiento de proyectos que contribuyan a las estrategias de competitividad regional y nacional, beneficiando el desarrollo y progreso de los departamentos de nuestro país.

La transición social significa disminuir los niveles de inequidad que hoy tenemos y que son de los más altos del mundo.

La transición social, para Colombia, para nosotros, es el resultado deseado más importante de la transición energética justa.

La transición social significa disminuir los niveles de inequidad que hoy tenemos y que son de los más altos del mundo. También significa acabar con la pobreza. Colombia, con niveles de pobreza monetaria de un 33% y con millones de personas en condiciones de miseria, debe darle la máxima prioridad a resolver ese drama humanitario que hemos creado innecesariamente con malas políticas públicas y falencias en nuestros sistemas económico y de administración pública.

Para lograr la transición social, debemos utilizar inteligentemente los recursos generados por el sector hidrocarburos. Estos son la llave para una ‘Transición a la Colombiana’, en función de la modernización de la economía y el bienestar de la gente.

Si marchitamos este sector, hoy, ¿de qué vamos a vivir?

Quienes argumentan que los hidrocarburos deben desaparecer ya, tienen una posición imposible de justificar en términos económicos y sociales. Esa, no es una postura sustentada ni sensata. Es insensible con nuestras comunidades e irresponsable con los ciudadanos más necesitados y con el potencial de transformación que tenemos en Colombia.

Respetando todas las opiniones, tenemos claro que es indispensable encontrar una ruta equilibrada y gradual a partir de consensos básicos que nos permitan hacer una transición energética a la colombiana: justa, equitativa y sostenible, partiendo de nuestro potencial y de la necesidad de ser autosuficientes y contar con soberanía energética.

No repitamos los errores que hemos cometido en otras transiciones, que no hemos logrado sacar adelante durante las últimas décadas.

Por eso, para la transición energética, desde la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, invitamos a mantener un diálogo respetuoso y claro, organizado, amplio y abierto, que convoque a empresas, comunidades, academia y los gobiernos nacional, regionales y locales a un ejercicio para mejorar permanentemente la hoja de ruta que incorpore una visión conjunta en términos de objetivos, tiempos, expectativas e iniciativas innovadoras para avanzar en este tema.

Este proceso, y sin cabida a falsos dilemas, debe ir acompañado por el esfuerzo de las empresas en todos los sectores de la economía, por abordar de manera decidida el cambio climático y el tránsito hacia fuentes de energía más limpias. Lo anterior, es una realidad y parte de nuestro trabajo ha sido visibilizar iniciativas sociales y ambientales que ya lideramos y que marcan los pasos hacia ese objetivo de construir un futuro sostenible para Colombia.

Les doy la bienvenida a esta nueva edición de la Revista ACP que se concentrará en el análisis de la ‘Transición energética a la colombiana’, de la visión de nuestra industria, y que convoca a expertos del sector de hidrocarburos y energía, en el país, en Latinoamérica y el mundo, a compartir sus valoraciones en torno al gran desafío que tenemos.

Debemos unirnos, ponernos de acuerdo y formular procesos de transformación que nos permitan avanzar, desde una mirada que priorice soluciones hacia los problemas que aún persisten. Las empresas del petróleo, gas y combustibles, sin duda, son y serán aliadas del país en este camino que debemos recorrer articulados, organizados, con ímpetu de cambio y transformación, sentido de realidad y con perspectiva de futuro.

Quienes argumentan que los hidrocarburos deben desaparecer ya, tienen una posición imposible de justificar en términos económicos y sociales.