El Acuerdo de París y la economía de la transición

Por: Ricardo Meléndez-Ortiz, Caeruleum | Globe & Sustainability

Para muchos países de ingreso medio la transición energética plantea una paradoja incómoda. Su contribución a la acumulación global de gases de efecto invernadero es pequeña, y a la vez, las consecuencias económicas y sociales de descarbonizar son potencialmente considerables. Algunos cuentan, simultáneamente, con bosques, manglares, biodiversidad excepcional, potencial de energías renovables y reservas de petróleo, gas o carbón que generan seguridad energética, exportaciones, ingresos fiscales, desarrollo regional y empleo.

La política climática no enfrenta a los países a una simple disyuntiva entre descarbonización e inacción, sino a una reflexión vital: ¿cómo lograr que el valor generado durante el periodo restante de aprovechamiento de los recursos fósiles, sumado al valor internacional de sus activos naturales y de mitigación, financie la transición hacia una economía que ya no dependa de ellos?

El caso de Colombia es ilustrativo. Su contribución a las emisiones globales de gases de efecto invernadero ronda el 0,4%, mientras que sus bosques, biodiversidad y ecosistemas costeros tienen una relevancia climática que trasciende sus fronteras. Al mismo tiempo, las reservas probadas equivalen a 7,4 años de producción de petróleo y menos de seis años de gas natural. Esto no constituye un argumento a favor de una extracción indefinida, ni anuncia el fin inminente de los combustibles fósiles, define una ventana de transición para construir, con su valor, lo que vendrá después.

El punto no es que un país emisor pequeño esté exento de descarbonizarse, sino cómo distribuir los costos, oportunidades y secuencia de esa transformación.

Una transición justa no puede trasladar el costo de oportunidad de la descarbonización global a los países que contribuyeron poco a la acumulación de carbono. Dejar los recursos bajo tierra tiene un costo. También retirar prematuramente los activos productivos llevaría a la eventual desaparición de ingresos fiscales, de ingresos por exportaciones, a la pérdida de medios de vida, y a mayor vulnerabilidad energética.

Estas preocupaciones no son nuevas. En casi 40 años de construcción negociada del régimen climático, las negociaciones sobre los efectos de las políticas nacionales de la mitigación evolucionaron hacia el debate de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) sobre los impactos de las medidas de respuesta: el reconocimiento de que mitigar puede generar consecuencias económicas y sociales. Hoy esa labor identifica la diversificación y transformación económica, el empleo y la transición justa, entre las principales estrategias para gestionar los impactos socioeconómicos de la acción climática y, a la vez, aprovechar las oportunidades que genera la transición hacia una economía baja en carbono.

Más allá de un mercado de carbono

El Artículo 6 del Acuerdo de París, además de regular los mercados de carbono, permite a los países cooperar voluntariamente en la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), incluso mediante resultados de mitigación transferidos internacionalmente.

Esta posibilidad resulta especialmente importante para economías que poseen activos ambientales cuyo valor global supera ampliamente el valor que pueden monetizar localmente. Un bosque tropical en pie almacena carbono, regula el agua, sostiene la biodiversidad y los medios de vida y contribuye a la estabilidad climática. Los manglares secuestran carbono al tiempo que protegen las costas, sostienen pesquerías y reducen la vulnerabilidad frente a eventos extremos. Sin embargo, los mercados suelen capturar apenas una fracción de estos beneficios. En cambio, talar un bosque, transformar el uso del suelo o extraer un recurso natural puede generar ingresos inmediatos y fácilmente cuantificables Allí reside una de las principales asimetrías económicas de la transición climática: lo que genera beneficios ambientales globales produce con frecuencia insuficientes retornos financieros locales, mientras lo que genera costos ambientales globales puede ofrecer importantes beneficios económicos internos e inmediatos.

El Artículo 6 no puede corregir por sí solo esta asimetría y tampoco deberían reducirse los bosques, los manglares o la biodiversidad exclusivamente a toneladas de carbono. Su valor ecológico, económico y social es mayor. Pero la cooperación internacional en materia de carbono puede monetizar un componente importante de ese valor y, si se diseña cuidadosamente, contribuir a que la conservación, la restauración y las inversiones bajas en carbono compitan económicamente con usos alternativos.

Una transición justa no puede trasladar el costo de oportunidad de la descarbonización global a los países que contribuyeron poco a la acumulación de carbono. Dejar los recursos bajo tierra tiene un costo.

Transitar sin destruir valor para el desarrollo

El compromiso de transitar hacia economías menos dependientes de los combustibles fósiles no implica que todos los países productores deban seguir la misma trayectoria ni asuman costos de ajuste equivalentes. Renunciar al petróleo o al gas recuperables antes de contar con fuentes alternativas de ingresos fiscales, empleo y energía confiable puede imponer costos significativos al desarrollo. Sustituirlos con importaciones no elimina la demanda de energía fósil; cambia el lugar donde se produce y quién captura su valor económico.

La decisión de política no debería plantearse como extraer o transitar: ni la exploración ni la producción son incompatibles con la transición. La pregunta es si el valor económico restante de los recursos fósiles puede administrarse dentro de una trayectoria creíble de reducción de emisiones para eliminar la dependencia de ellos.

Esto supone una licencia diferente, no ilimitada ni incondicional: la exploración y la producción durante la transición deberían fortalecer la seguridad energética, operar bajo estándares progresivamente más rigurosos para el metano y otras emisiones y, sobre todo, generar recursos para construir la economía que las sucederá.

El propósito de mantener un sector de hidrocarburos viable durante la transición no es aplazar la descarbonización, sino evitar destruir valor antes de que existan las estructuras productivas capaces de sustituirlo. Ese periodo es un activo cuyo valor remanente puede financiar la economía que lo reemplace.

De vender carbono a financiar la transformación

Aquí una lectura estratégica del Artículo 6 es particularmente útil. Una economía en desarrollo rica en naturaleza no debería comenzar preguntándose cuántos créditos de carbono puede vender, sino qué transformación quiere alcanzar.

¿Qué bosques sufren mayor presión? ¿Dónde pueden restaurarse manglares? ¿Qué inversiones permitirían acelerar las energías renovables, la electrificación, la reducción de emisiones de metano, la agricultura sostenible o la modernización industrial? ¿Qué regiones y trabajadores están más expuestos? Y, de manera crucial, ¿qué resultados de mitigación debería conservar el país para su NDC y cuáles transferir?

Solo entonces debería entrar el Artículo 6 en la ecuación.

Esto sugiere dos fuentes complementarias de capital para la transición. El valor decreciente, pero aún significativo, de los recursos fósiles, que puede financiar la diversificación, y el creciente valor internacional de la mitigación y los activos naturales, que puede ayudar a sentar las bases del futuro.

Renunciar al petróleo o al gas recuperables antes de contar con fuentes alternativas de ingresos fiscales, empleo y energía confiable puede imponer costos significativos al desarrollo.

Así, la cooperación internacional en carbono es una fase de una estrategia de inversión más amplia. La mitigación de alta integridad atrae recursos que financian actividades capaces de sustituir ingresos y empleos fósiles, y la política pública puede asegurar que parte del valor permanezca en los territorios.

Esto exige más que una cartera de créditos de carbono, medición creíble, integridad ambiental, salvaguardias contra la doble contabilización, claridad sobre los derechos de suelo y los recursos, distribución equitativa de beneficios e instituciones capaces de decidir cuándo la transferencia de un resultado de mitigación responde al interés de largo plazo del país. Sobre todo, tratar al carbono como instrumento de transformación, no como objetivo en sí mismo.

Compartir la economía de la transición

Inherente a este argumento existe una cuestión de equidad. La atmósfera es global, pero los costos de protegerla son locales. Si el mundo valora preservar bosques o mantener carbono bajo tierra, la cooperación debe traducir ese valor global en alternativas nacionales viables. De lo contrario, países de poca contribución renunciarían a activos tangibles por beneficios globales.

NO es una renuncia a la responsabilidad de descarbonizarse, sino una forma de ejercerla de manera compatible con el desarrollo.

El Artículo 6 ofrece una vía, no la única: su promesa reside menos en crear una mercancía llamada carbono que en facilitar la cooperación en torno a la economía del cambio estructural.

El desafío no es sustituir activos fósiles por verdes, sino usar el valor decreciente de los primeros y el creciente de los segundos para financiar la transformación productiva.

El éxito del Artículo 6 no debería medirse en créditos generados o toneladas transferidas, sino en esta pregunta: ¿qué transformación económica duradera puede generar cada tonelada de mitigación financiada internacionalmente?

Sources:

• Marcu, Andrei y Wijnand Stoefs. “The Role of Response Measures in Ensuring the Sustainable Transition to a Low-GHG Economy”. International Centre for Trade and Sustainable Development ICTSD, Climate and Energy Policy Brief, 2017.*

• Mehling, Michael A. “Operationalizing Article 6 of the Paris Agreement.” En Routledge Handbook of Climate Law and Governance, editado por Marie-Claire Cordonier Segger y Christina Voigt. Routledge, 2024.*

• Di Leva, Charles E. y Scott Vaughan. “Paris Article 6 and Converging Carbon and Nature Markets” en IISD SDG Knowledge Hub, 12 de marzo de 2025.*