Del recurso a la realidad: el reto de los no convencionales en Colombia

Por: Claudia Escobar, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos, Legales y Comunicaciones de ACP

El país tiene en el subsuelo recursos que podrían aportar cientos de billones de pesos a la Nación y a las regiones en las próximas décadas. Aprovecharlos es una oportunidad que no debería dejar pasar, pero también es una carrera contra el tiempo.

Colombia tiene el recurso y una regulación exigente. Lo que le falta es avanzar de manera coordinada para determinar cómo aprovechar ese potencial de forma responsable y sostenible.

Hace poco más de cuatro años, el país estaba listo para evaluar la técnica de fracking a través de los proyectos piloto. Ese proceso se detuvo y hoy las circunstancias son distintas. La experiencia internacional ha avanzado y la técnica se utiliza en miles de pozos alrededor del mundo. La discusión, por tanto, debería concentrarse cada vez más en qué condiciones necesita Colombia para desarrollar estos recursos de manera segura, competitiva y sostenible.

Para responder esa pregunta, vale la pena mirar a Argentina.

Vaca Muerta no fue solo geología

Es tentador explicar el éxito de Vaca Muerta por la calidad de su roca. Pero la roca siempre estuvo ahí. En 2015, los no convencionales aportaban apenas el 5% del crudo argentino; hoy representan más del 70% y, en julio de este año, la producción nacional alcanzó un récord de más de 916.000 barriles diarios.

En gas, el cambio ha sido igualmente significativo: en julio de 2026, Vaca Muerta produjo 96,5 millones de metros cúbicos diarios, cerca del 61% de toda la producción de gas natural de Argentina. ¿Qué cambió? Mucho más que la geología.

Uno de los primeros pasos fue la forma en que se organizó la industria. En 2012, antes de que la actividad despegara, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas creó un grupo de trabajo sobre no convencionales que reunió a las principales operadoras y, posteriormente, a las empresas de servicios. Se estableció una coordinación común, una vocería técnica y una premisa sencilla: explicar la técnica con datos y en un lenguaje comprensible.

También fue fundamental la relación con el Estado. El Gobierno nacional y las provincias asumieron su papel como autoridades y establecieron reglas claras y verificables. En Neuquén, por ejemplo, existen disposiciones específicas sobre el agua que puede utilizarse para la estimulación hidráulica y restricciones para proteger los acuíferos de agua dulce. La información concreta y respaldada por autoridades creíbles contribuye mucho más a generar confianza que cualquier campaña de comunicación.

Es tentador explicar el éxito de Vaca Muerta por la calidad de su roca. Pero la roca siempre estuvo ahí.

Una tercera lección es la importancia de la estabilidad. Durante años, la volatilidad macroeconómica, los controles cambiarios y las modificaciones en las reglas limitaron inversiones que la geología hacía atractivas. El impulso reciente ha coincidido con la creación de condiciones de incentivo y estabilidad para grandes inversiones.

La experiencia argentina también muestra el peso que tiene la estabilidad para atraer capital de largo plazo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones fiscales, aduaneras y cambiarias junto con reglas de estabilidad para grandes proyectos, ya ha impulsado inversiones importantes en petróleo y gas. En 2026, además, Argentina amplió expresamente el régimen a nuevos desarrollos de producción de hidrocarburos. Para Colombia, contar con un esquema que dé estabilidad y condiciones competitivas a inversiones de esta magnitud sería una señal potente.

¿Qué necesitaría Colombia para hacerlo viable?

El diagnóstico está bastante avanzado. Desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) se han identificado seis condiciones necesarias para atraer inversión: reglas claras y tiempos razonables en la consulta previa; una ruta predecible para el licenciamiento ambiental; condiciones de seguridad en los territorios; regalías diferenciales que reconozcan los mayores costos de estos proyectos; competitividad y estabilidad tributaria; y un régimen que incentive nuevas inversiones.

No todas requieren nuevas leyes. Varias dependen, sobre todo, de coordinación institucional y de decisiones administrativas.

Quien evalúa invertir en Colombia frente a alternativas como Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Guyana y otros países no mira únicamente el tamaño del recurso. También se pregunta cuánto tarda un proyecto en obtener sus permisos, qué tan predecibles son las decisiones de las autoridades y si las condiciones bajo las cuales invierte hoy se mantendrán en el tiempo.

La sostenibilidad es parte de la viabilidad

Nada de esto será suficiente sin confianza en los territorios. Y la confianza no se decreta: se construye con información, transparencia y resultados que las comunidades puedan verificar.

Colombia ya dio un primer paso con la creación de un Centro de Transparencia operado por la Universidad Nacional, que publicaría información sobre agua, sismicidad, salud y aspectos socioeconómicos de los proyectos piloto. Esa experiencia puede servir como punto de partida para pensar en un modelo aún más independiente de cara a una eventual etapa comercial.

Con este fin, Colombia podría avanzar hacia un sistema público e independiente de información y monitoreo, administrado técnicamente por la academia e instituciones científicas. La experiencia del Permian muestra una ruta interesante: los operadores tienen obligaciones de medir y reportar, mientras universidades y entidades públicas integran, analizan y ponen a disposición la información. La independencia es esencial para construir confianza.

Colombia tiene recursos, conocimiento y regulación. El reto ahora es construir las condiciones de confianza, sostenibilidad y estabilidad que permitan tomar una decisión informada sobre su desarrollo.

Este sistema debería permitir consultar de manera sencilla información sobre agua y sismicidad, mantener un registro público de los químicos utilizados en cada pozo y facilitar el acceso de las comunidades a datos comprensibles y verificables. A esto deben sumarse beneficios visibles en los territorios: empleo, proveedores locales y oportunidades de desarrollo.

En el Valle Medio del Magdalena, en Cesar y en las demás zonas con potencial, la confianza deberá construirse con evidencia y presencia institucional.

Una sola hoja de ruta

Finalmente, ninguna de estas condiciones será suficiente si cada entidad avanza por su cuenta. El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio del Interior, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las autoridades territoriales, la academia y la industria necesitan una hoja de ruta común, con responsabilidades, metas y tiempos definidos.

La industria también tiene un papel que cumplir: aportar información técnica, responder preguntas con transparencia y participar en la conversación pública con datos y en un lenguaje cercano.

Argentina tardó más de una década en llegar al punto en el que está hoy. Colombia enfrenta ahora sus propias decisiones. Según estimaciones de la ACP, no desarrollar los recursos no convencionales significaría dejar de recibir cerca de 50 billones de pesos en aportes fiscales (impuestos y regalías) entre 2027 y 2035, en un contexto de crecientes necesidades fiscales y de mayores importaciones de gas.

Colombia tiene recursos, conocimiento y regulación. El reto ahora es construir las condiciones de confianza, sostenibilidad y estabilidad que permitan tomar una decisión informada sobre su desarrollo.