Colombia tiene la energía: Ahora, a crecer y transformar las regiones

Por: Frank Pearl, Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP)
Cada mañana, millones de colombianos prenden la estufa y se suben a un bus. Detrás, hay gas y combustibles, y pocos saben que importamos cerca del 35% del gas que consumimos y que de seguir así, en 2030 importaremos más de la mitad.
Tenemos los recursos a nuestros pies y los hemos desaprovechado: con la nevera llena, nos estamos muriendo de hambre.
Con el cierre del Estrecho de Ormuz quedaron frenados cerca de 9 millones de barriles de petróleo diarios y el Brent llegó a 126 dólares. Los vecinos se movieron más rápido: en 2020 Colombia producía 781.000 barriles diarios, Venezuela 560.000 y Guyana 75.000; hoy ellos producen 1,2 millones y 900.000, respectivamente, y nosotros 713.000. Argentina y Brasil nos llevan más ventaja. La diferencia no está en la geología. Está en las reglas, y las reglas que no sirven, se deben cambiar.
Un sector que sostiene al país, pero se achicó
Las políticas del Gobierno nacional 2022-2026 fueron muy negativas para el sector. En 2025 los hidrocarburos aportaron cerca de 38 billones de pesos en ingresos fiscales, siete de ellos en regalías; representaron el 3,7% del PIB; el 25% de las exportaciones y el 22% de la inversión extranjera y generaron más de 360.000 empleos directos.
Pero desde 2022 no se firma un solo contrato nuevo de exploración. Pasamos de 131 pozos exploratorios en 2012, a 33 en 2025; las reservas probadas cayeron 31%, y la inversión de este año, 4.190 millones de dólares, es la mitad de la de 2014. El gas comercializado, 705 millones de pies cúbicos diarios, es 44% menor que en 2013.
Hay un riesgo inmediato: un déficit de energía firme de 2,3% este año, que sube a 5,2% en 2029, con El Niño en camino. En un país donde cerca de dos tercios de la electricidad es hídrica, el respaldo en sequía lo dan sobre todo las térmicas, y buena parte de ellas funciona a gas. Por eso el gas propio es, literalmente, el seguro de la energía.
En combustibles líquidos, permanecen los cuellos de botella en infraestructura, y en los esquemas de tarifas de transporte y las economías ilícitas de las zonas de frontera generan enormes distorsiones de mercado.
Hay soluciones: cinco frentes de política pública
Primero, destrabar los proyectos de petróleo, gas y combustibles líquidos que esperan licencias, consultas, o que están demorados por chantajes de grupos que abusan de los mecanismos de protesta. Simultáneamente, desarrollar las propuestas programáticas (47) que presentamos al Gobierno, en cinco frentes.
1. Competitividad fiscal con estabilidad. La renta corporativa promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 24,2%. En América Latina, unos cuatro puntos más y en Colombia es de 35%. Con la sobretasa, y otros gravámenes, la tributación total puede llegar a más de 75% para el petróleo. Proponemos eliminar la sobretasa y crear un régimen especial para nuevas inversiones en energía: menor tarifa, amortización acelerada, IVA exento para bienes de capital y estabilidad jurídica a 30 años. Como aplica a proyectos nuevos, no toca el recaudo actual. Todo es ganancia.
2. Reglas claras y seguridad en el territorio. En 2025, la infraestructura sufrió 1.109 afectaciones, tres por día, y 31 voladuras de oleoductos, 92% más que en 2024. Cada voladura es crudo en los ríos y regalías que no llegan. Hubo además cerca de 1.300 bloqueos, 13 veces más que hace 15 años, que dejaron cinco millones de barriles sin producir a tiempo. Y en 24 de los 95 municipios petroleros se juntan inseguridad, economías ilegales y un Estado débil. Proponemos un régimen de protección de la infraestructura crítica, una consulta previa con plazos, criterios y censo actualizado, como la ha planteado el Gobierno, y una reforma del Decreto 003 de 2021 que distinga la protesta, que es un derecho, del bloqueo ilegítimo.
Reversar los decretos que expidió el Gobierno anterior y que crean un caos institucional y social en las regiones, es indispensable.
Cada año que esperamos es un año más pagando más caro, lo que tenemos bajo nuestros pies. Colombia tiene la energía. Ahora, nuestra tarea es ejecutar para crecer desde las regiones.
3. Mercados más libres. Proponemos un transporte de gas que conecte la nueva oferta, tarifas de oleoductos amortizados que no se cobren como nuevos, un fondo de estabilización de precios sostenible, y un Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC) ajustado al mercado.
4. Volver al subsuelo. Una vez hechos los cambios anteriores, podemos tener nuevas rondas de áreas cada año y más presupuesto para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) madure nuevas fronteras. Hay que priorizar la ejecución de los 70 contratos firmados entre 2018 y 2022 y rescatar la figura de PINES para los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, con ventanilla única. Implementar de lleno la producción incremental para alcanzar los niveles de los mejores productores. Comenzar los proyectos de yacimientos no convencionales (YNC) con esquemas de gobernanza que permitan dar tranquilidad a los ciudadanos. En YNC tenemos 12,5 veces las reservas actuales de gas y más de 2,3 veces las de petróleo.
5. Que los beneficios le lleguen a la gente. Utilizar las regalías y los recursos de las compensaciones en proyectos regionales de mayor escala e impacto, que formalicen, diversifiquen y hagan crecer las economías locales, disminuyendo la inequidad social.
El impacto en la economía y las regiones
Según el estudio intergremial realizado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL, con reglas que vuelvan a atraer la inversión, el sector aportaría 91 billones de pesos de valor agregado en 2035, frente a 28 si continuaran las políticas heredadas del Gobierno anterior.
Entre 2025 y 2050 los hidrocarburos generarían hasta 695 billones en regalías, impuestos y dividendos, frente a 207 en el escenario actual: una diferencia de 490 billones, más de cuatro veces el déficit fiscal de 2025. De cada peso que produce el sector, 44 centavos se quedan en el país.
En las regiones tendríamos tres veces más empleo formal y calificado en el sector, y cada empleo en campo sostiene casi seis en comercio y servicios. El 78% de la mano de obra es local y el sector paga entre 2,5 y cuatro veces más que otros empleadores formales. Para que los beneficios no se queden en el pozo, proponemos mesas regionales y municipales de Desarrollo Sostenible con esquemas transparentes de gobernanza para priorizar los proyectos financiados con recursos públicos.
Lo ambiental: aprovechar el Acuerdo de París
Colombia emite menos del 0,5% de los gases de efecto invernadero del mundo, y más de la tercera parte de sus emisiones viene de la deforestación; las de producir petróleo y gas son menos del 2%. Nuestro reto climático no está en los pozos: está en los bosques. En 2025 la Amazonía perdió 77.805 hectáreas, unas 110.000 canchas de fútbol, y del bosque seco tropical queda apenas el 9%.
Proponemos un gran programa para esos dos ecosistemas. Los recursos existen: más de 100 millones de dólares en compensaciones retenidas, inversiones del 1%, de las cuales el 94% siguen sin ejecutarse y 1,57 billones de regalías ambientales para 2025-2026. Pero para multiplicarlos necesitamos reglamentación. El Acuerdo de París abre dos puertas: los pagos por resultados y los mercados de bonos. Para aprovecharlas, el país necesita reglas sobre cómo autoriza y registra esas reducciones, cómo evita la doble contabilización y cómo agrupa las obligaciones ambientales en vehículos colectivos por territorio. Así, cada hectárea protegida y verificada puede atraer inversión internacional. Tenemos los activos (ecosistemas), y las capacidades. Los recursos disponibles esperan buenos proyectos que podemos facilitar desde este sector.
Ahora, a transformar
Cada año que esperamos es un año más pagando más caro, lo que tenemos bajo nuestros pies. Colombia tiene la energía. Ahora, nuestra tarea es ejecutar para crecer desde las regiones.
Como gremio, estamos comprometidos con ir más allá del fortalecimiento del sector y contribuir a la modernización de nuestra economía, para aportar a transformaciones económicas, institucionales y sociales robustas y sostenibles.