Transición a la colombiana, según los colombianos

La encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para el Barómetro Petrolero, demuestra que los colombianos han llegado a acuerdos sobre los aspectos fundamentales de la transición energética.
Jaime Arteaga,
Director General de JA&A

Este año, la quinta edición del Barómetro Petrolero nos muestra algo sorprendente (y a la vez maravilloso): en medio de un entorno tan polarizado, los colombianos hemos alcanzado un consenso profundo sobre uno de los temas centrales para nuestro modelo de desarrollo: la transición energética. Estoy seguro de que, en este punto, quien esté leyendo este artículo torcerá la nariz, tal vez sorprendido, tal vez escéptico, sobre esta afirmación. El ruido del debate político no pareciera dar posibilidad a que los colombianos, compartamos la misma opinión sobre un asunto que ha generado tantos debates como la transición energética.

Pues ante la duda, la ciencia. Y es ahí donde la encuesta que realiza el Centro Nacional de Consultoría para el Barómetro Petrolero, y que este año alcanzó a 2.9601 personas en todo el país (de regiones productoras y no productoras de hidrocarburos) nos demuestra que los colombianos hemos llegado a acuerdos sobre los aspectos fundamentales de la transición: 92 por ciento está de acuerdo con que la transición energética requiere de tiempo para que sea justa; 89 por ciento considera que los países más desarrollados deberían asumir los costos de la descarbonización en proporción con su contribución a las emisiones de gases efecto invernadero; y el 81 por ciento considera que es posible un futuro en el que el petróleo y el gas coexistan con otras fuentes de energía.

La fuerza movilizadora para alcanzar dicho acuerdo no ha sido otra que la conversación puesta sobre la mesa por el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro para abrir un debate sobre el camino para alcanzar el balance entre la justicia ambiental y la social, o lo que en otros contextos se ha llamado “transición justa”. Simulando el dilema que se le ha presentado a los colombianos, la encuesta les pregunta a los miles de participantes de todo el país: “Pensando en el papel que tiene Colombia en el escenario mundial, ¿está más de acuerdo en que Colombia debe suspender toda la producción de petróleo y carbón para enfrentar el calentamiento global, o con que Colombia debe priorizar la superación de la pobreza y las inequidades, aunque eso signifique seguir produciendo petróleo y carbón?”.
Siete de cada 10 encuestados afirma que la prioridad del país está en combatir la pobreza y las inequidades (ver ilustración 1). Aunque falso, como casi todos los dilemas, los colombianos ya han tomado una posición frente al asunto.

Durante los últimos meses, los colombianos han sostenido una intensa conversación en torno a la industria del petróleo y gas que, en medio del fragor político, ha llegado incluso a ser presentada como productora de muerte o comparada con el narcotráfico. El debate ha puesto en el centro de la discusión, la razón misma de la existencia del sector, y el propósito que justifique el impacto, grande o pequeño, que tienen las operaciones para nuestro país. La discusión ha llevado a que los colombianos abandonemos el paradigma, transmitido por generaciones, del colonizador extranjero que se lleva nuestras riquezas para reconocer, tanto en regiones productoras como a nivel nacional, que la industria no solo es necesaria para la financiación del Estado, sino también para generar oportunidades para las comunidades donde opera (ver ilustración 2). El resultado ha sido algo que antes era impensable: en la reciente edición del Barómetro Petrolero, 8 de cada 10 de colombianos considera que la industria del petróleo es positiva para el país (cuando se les pregunta si están de acuerdo con que la industria del petróleo es positiva para su municipio, se llega incluso al 88 por ciento).

Esto no significa, sin embargo, que los colombianos hayan abandonado sus preocupaciones, pues el sector de petróleo y gas, junto con el minero, sigue siendo visto como el que más afecta el medio ambiente y, cuando se pregunta a la gente sobre cuál es el destino de las regalías, como en las versiones anteriores, lo primero que responden es que se van para la corrupción o a manos de los políticos (ver ilustración 3). El reconocimiento que dan los ciudadanos a la industria del petróleo y gas no significa, entonces, que haya aún conversaciones pendientes que siempre serán atendidas.

No deja de ser paradójico que el apoyo de la opinión pública a la industria del petróleo y gas, una aspiración no solo de este, sino de cualquier otro sector productivo, se dé en un momento en que las brechas percibidas entre el Gobierno y las empresas parecieran ser infinitas, e imposibles de cerrar. Esto ha tenido un efecto indiscutible en el estado de ánimo tanto de quienes trabajan en la industria como de los funcionarios que creen que esta es una actividad crítica para el desarrollo nacional. Es por esto que el reto más importante está en que, a pesar de las tensiones y los desencuentros, no se pierda el camino, que no es otro que perseguir y demostrar todos los días que esta es una actividad de desarrollo, sensible con el entorno y empática hacia una sociedad que exige de todas las industrias responder a un propósito superior. En este caso, el de la industria del petróleo y gas en Colombia, no es otro que construir una nación que pueda lograr la paz a través de la justicia social y ambiental para todos los colombianos.