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Abastecimiento de gas, con ruta clara

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El gas natural es el combustible de la transición energética en Colombia y en el mundo. Así lo establecen las distintas proyecciones de demanda y oferta de energía, independiente del escenario, con la información y tecnología disponible. Por eso tiene sentido apostarle con determinación a la producción nacional y al consumo doméstico, en los distintos sectores: el térmico, industrial, residencial, y el transporte, sin poner en riesgo el abastecimiento.

Esa pareciera ser la premisa del Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo al estudio técnico sobre el tema, en consulta, de parte de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. Este indica que el país requiere unas inversiones importantes en el sector para facilitar el ingreso al sistema de una nueva oferta local, al tiempo de garantizar el abastacimiento, en especial a partir del año 2024, cuando se prevé que la oferta local de gas será insuficiente.

La UPME realiza un análisis sobre las reservas probadas de gas natural y las expectativas de nuevas reservas en el corto, mediano y largo plazo. Examina los distintos escenarios: el que se desprende de la producción actualmente declarada, el que depende de infraestructura de transporte (gas natural “trapado” en tierra firme), el que se tiene previsto desarrollar costa afuera y el proveniente de yacimientos no convencionales, con la técnica de fracking. En todos los escenarios la UPME señala que el país tendrá que importar gas a partir de 2024 –actualmente se hace en el Caribe para atender parcialmente la demanda del sector industrial generada con térmicas a gas– e indica que independiente de las obras de infraestructura para sacar el gas atrapado, conectar el gas del interior del país con el de la Costa Caribe y lograr la bidireccionalidad del sistema, se requiere la Planta de Regasificación del Pacífico.

La Unidad establece, luego de un análisis, que es menor el costo de hacer una nueva planta en Buenaventura, con un gasoducto hasta Yumbo, comparado a la alternativa de no hacerla. Es lo que llaman el Costo de Arrepentimiento (de no hacerla, frente a una oferta local con niveles distintos de certeza). Es más, considera que podría ser necesaria una segunda planta en el Caribe, en diez años mal contados, si las perspectivas de gas local no se materializan.

El quid del asunto, como suele ocurrir, es quién ha de pagar no solo la planta sino todas las obras que el Plan de Abastecimiento reclama, y que suman US$792 millones. La UPME realiza un análisis con diversas variables: los beneficiarios de cada proyecto, costos de transporte; y plantea opciones tarifarias, con estampilla nacional o regional, incluida la que se deriva de un compromiso de las térmicas del interior de contratar parte del nuevo gas importado.

Y es así porque la infraestructura de regasificación del Pacífico cumpliría una doble función: de abastecimiento y de confiabilidad. Por eso el estudio técnico plantea la opción de que las térmicas del interior (Suroccidente y Magdalena Medio) contraten al menos un 35% del gas importado, equivalente a 140 GBTUD, lo que reduciría de manera importante el valor a financiar vía estampilla, impactando menos la factura de gas.

Como es de esperar, a nadie le gusta pagar. Pero dadas las necesidades del país y de generación, el sector térmico debería contribuir de una mayor manera a lo que propone el plan, entre otros porque cuenta con un apalancamiento, que es el cargo por confiabilidad que ya recibe. Y se debe evaluar que también contribuya la demanda regulada que utilice la planta de regasificación a futuro. Es decir, tal como se hizo para financiar la planta del Cayao en la Costa Atlántica.

Lo más importante es que el esquema minimice el impacto final en el precio para los consumidores, con el fin de continuar impulsando la demanda de gas dentro de la canasta energética. Las metas del gobierno apuntan a que la demanda se duplique a futuro, pero para esto este energético debe ser lo suficientemente competitivo.

Ojalá prime la sensatez, es decir, el interés general de los colombianos. Y es de interés de todos que Colombia siga haciendo uso de sus recursos energéticos, entre ellos el gas natural, y que ojalá este llegue a la mayoría de rincones del país y con tarifas razonables. Pero para que eso ocurra, es necesario invertir. El desarrollo no llega gratis.

La industria del petróleo y gas confía en el potencial de gas del país. Y es apenas lógico que defienda la producción nacional sobre la importada y alerte sobre asimetrías en su contra. Más cuando el gas local genera regalías, empleo, desarrollo y tarifas más competitivas. Pero sería necio desconocer la previsibilidad de la UPME en el Plan de Abastacimiento; es su responsabilidad tomar decisiones, y a tiempo, para que el país siempre cuente con este energético.

La UPME ha trazado un plan para garantizar el abastecimiento de gas natural del país.
Es una versión ajustada que tiene en cuenta las expectativas de nuevas reservas e identifica las inversiones que se requieren para poderlo desarrollar. Y lo hace al mismo tiempo que plantea con mayor claridad y sustento técnico opciones para que Colombia pueda seguir impulsando la demanda sin temor alguno a quedarse sin este recurso.

Francisco José Lloreda Mera
Presidente de la ACP.


Equidad sin recursos, inviable

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Lograr una mayor equidad social es un propósito de todo país en desarrollo. Hay dos vías para lograrlo: a través de una mejora generalizada en el acceso a bienes y servicios -como la educación y la salud- o la ampliación de oportunidades ligadas al mérito individual. Hay experiencias exitosas y desastrosas de una y otra, y sus diferentes combinaciones. Lo que es claro, cualquiera sea la fórmula, es que la equidad solo es posible con recursos. Es imposible cerrar las brechas sin generación de riqueza.


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