La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) y las empresas de la industria del petróleo y gas con presencia en Puerto Gaitán (Meta) rechazan las vías de hecho que ponen en riesgo la vida, el medio ambiente y la dignidad de la comunidad y los trabajadores de la industria, generando perjuicios sociales y económicos para la región e incluso para el país.

En el momento de expedición de este comunicado, se registra una incursión violenta a un campo, con saqueos y afectaciones a la infraestructura, y un bloqueo a operaciones de un segundo campo con una amenaza de incursión; lo anterior quebranta no solo las normas de seguridad de la industria y los protocolos de bioseguridad en el marco de un agresivo tercer pico de la pandemia del Covid-19, sino el principio de diálogo, buen entendimiento y confianza que esta industria ha promovido en su relacionamiento con las comunidades de Puerto Gaitán.

Estos hechos, que se suman a las tres tomas violentas registradas entre octubre y diciembre de 2020, constituyen un mecanismo de presión y chantaje por parte de algunas comunidades indígenas con el fin de que la industria ceda a sus peticiones que, en algunos casos, están por fuera de la legalidad.

Frente a lo anterior, cabe resaltar que, la ACP, en conjunto con las empresas, viene trabajando desde hace más de siete meses, con las comunidades indígenas y campesinas de Puerto Gaitán, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional (ministerios de Trabajo, Minas y Energía y del Interior), en un proceso reflejado en 15 mesas de diálogo sobre temas laborales, bienes y servicios, inversión social y ambiental.  

A estas jornadas de diálogo social, han asistido las autoridades indígenas o sus delegados, representantes de comunidades campesinas, de la Alcaldía de Puerto Gaitán, de la Gobernación del Meta, del Ministerio de Minas y Energía, del Ministerio del Trabajo, la Unidad del Servicio Público de Empleo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Cormacarena y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entre otros.

“Las empresas de la industria continúan abiertas al diálogo y a apoyar soluciones estructurales ante las principales problemáticas de las comunidades, todo en el marco de la legalidad y en cumplimiento de la normatividad vigente y con la articulación de los gobiernos locales, nacional, y demás sectores productivos”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Por último, la industria del petróleo y gas reitera su respeto por la Constitución Política de Colombia, los Derechos Humanos, y la diversidad étnica y cultural; y reafirma su compromiso de mantener canales de comunicación abiertos y transparentes que permitan trabajar mancomunadamente con el municipio, sus autoridades y las comunidades.