Carta del presidente: Lo que está en juego

Los colombianos son los más perjudicados con la crisis petrolera. Y lo serán a futuro si no se complementan y profundizan las medidas adoptadas para superar la coyuntura y preparar al país para competir, independiente de lo que suceda con los precios. Por eso, soslayar el impacto de la crisis o presentar como un logro la no dependencia fiscal en la industria es infortunado. El primer paso para superar la crisis es reconocerla.
Comparado con otros países con alta dependencia de la renta petrolera, Colombia ha logrado ajustarse gradualmente al impacto de la caída en los precios del crudo; y la economía, un crecimiento aceptable comparado con los de la región. Es válida también la reflexión sobre la importancia de que los ingresos públicos no dependan de manera tan significativa del petróleo, algo que por fuerza de la crisis ha empezado a ocurrir.
Lo que no tiene sentido es festejar la no dependencia presupuestal de los ingresos de la industria. En primer lugar, porque tiende un velo innecesario sobre el costo en el que ha debido incurrir el Gobierno -y por consiguiente los colombianos- para contrarrestar la caída en los precios, y disimula el impacto de lo sucedido en la economía, que a juicio de centros de estudio como Anif y Fedesarrollo, es más delicado de lo que se señala. La no dependencia en la renta petrolera se ha traducido en una mayor dependencia en impuestos y endeudamiento público, en un mayor déficit fiscal y de cuenta corriente, menor inversión pública e ingresos por regalías, un desempleo creciente, inflación, y una devaluación exagerada de la moneda, que nos empobrece frente al exterior. Es decir, el ajuste ha sido costoso y hay razones para anticipar que lo continuará siendo.
En materia de impuestos el país se encamina hacia una segunda reforma tributaria en dos años que, de aprobarse como fue recomendada, le significaría al país alrededor de catorce billones de pesos, que sumados a los de la tributaria de 2014 equivalen a 26 billones de pesos. Suma similar a lo que el sector petrolero le llegó a aportar al fisco nacional en 2013. El problema es que, antes de caer los precios en 2014, existía un hueco fis- cal importante. El déficit fiscal, por otro lado, ronda el 3,6 por ciento del PIB y de acuerdo con Anif podría llegar a 5,5 por ciento; el de cuenta corriente está en 6,3 por ciento, y el endeudamiento público ya llega al 39 por ciento. Lo anterior, obligó al Gobierno a un recorte presupuestal de 6,2 billones de pesos en 2014 y de 9 billones de pesos en 2015, y a ajustes graduales en el inicio de 2016 para contrarrestar la caída de los ingresos petroleros, que pasó de representar un 3,3 a un 0,1 por ciento del PIB. Es así como la industria petrolera llegó a representar el 23 por ciento de los ingresos fiscales de la Nación, equivalente a 24 billones de pesos (impuestos, derechos económicos, dividendos de Ecopetrol) y 8 billones de pe- sos en regalías, para un total de 32 billones de pesos. Es más, en los últimos diez años (2005-2015) la industria petrolera le aportó al país 200 billones de pesos; 33 ve- ces el valor de venta de Isagén, y cuatro veces el valor de los proyectos 4G. En esos diez años Colombia logró crecimientos del 6,7 por ciento, la pobreza extrema se redujo de 13,8 por ciento a 7,9 por ciento, la clase media creció de 18 por ciento a 55 por ciento, el ingreso per cápita pasó de 3.386 dólares a 7.903 dólares en 2014, el desempleo se redujo de 10,3 por ciento a 8,6 por ciento, la tasa de cobertura escolar pasó de 88 a 95,9 por ciento, y la inversión de la Nación de 11,9 billones a 43,7 billones de pesos. Cifras muy positivas, posibles en gran medida gracias a la industria petrolera. Por eso nadie con mínima cordura podría considerar que Colombia debe conformarse con una industria petrolera lánguida y venida a menos y con sus consecuencias: un país en riesgo de perder su autosuficiencia en hidrocarburos y los importantes recursos que la industria puede proporcionarle a futuro (como ya quedó demostrado). Porque si hay algo previsible en esta industria de ciclos, es que los precios mejorarán.
Si Colombia, con las compañías petroleras, sale de- bilitada o fortalecida de esta crisis, dependerá de las medidas internas de las empresas y del Gobierno. Las empresas han hecho lo que está a su alcance para ajustarse a la realidad, reduciendo costos, logrando mayor eficiencia en la producción, renegociando obligaciones financieras, siendo selectivas en sus inversiones, e incluso cerrando campos que no son rentables.
Es así que las empresas han reducido presupuestos y operan con costos aún más competitivos. Es el caso de Ecopetrol y Pacific E&P, para citar el ejemplo de las principales productoras, que se han apretado el cinturón. Pero la posibilidad de ajuste interno tiene un límite; es ahí donde le corresponde al Gobierno complementar y profundizar las medidas adoptadas, que si bien han sido útiles, frente a la nueva realidad resultan insuficientes. Son insuficientes porque la crisis se ha acentuado. No sólo por una caída mayor en los precios sino porque dados los costos de operación de muchos proyectos, simplemente no son viables. Sin perjuicio del impacto negativo que empiezan a tener algunos fallos judiciales, que se suman a deficiencias estructurales que en seguridad, orden público, licencias, consultas y permisos, incrementan los costos de operar en nuestro país. Y son insuficientes además, porque sin descontar el nivel de precios, lo cierto es que el país ha perdido competitividad. Eso no significa que no continúe siendo interesante para algunos inversionistas pues el abanico de opciones costa afuera y en tierra es variado y se han logrado avances entre la industria y el Gobierno. Pero significa que es fundamental también, prepararse para competir cuando los precios se normalicen. Es urgente reducir de inmediato costos de transporte -pues de lo contrario una porción importante de la producción estará en riesgo- y debe hacerse sin afectar la viabilidad del sistema de oleoductos. También es necesario revisar las condiciones económicas acordadas con la ANH, acelerar la devolución por parte de la DIAN de impuestos anticipados, y blindar la operación de las em- presas en territorio. Pero además se necesitan medidas estructurales. En tal sentido, la Asociación ha dicho de manera reiterada que es imperativo revisar la carga impositiva de manera integral, pues el Government Take ya no es competitivo. Igual de importante es reducir los tiempos para llegar al primer barril, complementar y optimizar la infraestructura de transporte para lograr costos más competitivos, y garantizar seguridad jurídica, pues de lo contrario, la inversión del país se esfumará.
Pero estas medidas, internas y externas, inmediatas y estructurales, requieren de dos adicionales: buscar ya un incentivo eficaz para impulsar la exploración (prácti- camente paralizada) y los pozos de desarrollo (que hace cinco años empezaron a declinar). Y buscar cómo compensar, así sea parcialmente, la reducción excesiva en regalías en las regiones productoras, para que se apro- pien de nuevo de los beneficios de la industria. La demanda mundial de energía seguirá creciendo y la industria de petróleo y gas en el mundo continuará, con o sin nosotros. Si Colombia desea seguir siendo un jugador importante en la región deben tomarse medidas con carácter urgente. Está en juego el que la industria vuelva a ser, de la mano de otros sectores, un bastión del desarrollo económico y social del país. No hay razón para que no sea así. Pero hay que actuar ya.