Como se mencionó anteriormente, la inversión social contractual se refiere a los recursos que destinan las empresas para el desarrollo de proyectos con enfoque social que se derivan de lo establecido en los contratos E&P y las licencias ambientales. En 2016, las empresas destinaron $48 mil millones, de los cuales, el 53% de los recursos se derivan del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental y el 47% para el desarrollo proyectos enmarcados en los Programas en Beneficio de las Comunidades según lo definido en la minuta del contrato E&P.
La ejecución de este tipo de inversión social se desarrolló principalmente en Putumayo, Casanare, Arauca, Boyacá, Córdoba, Bolívar, Santander y Meta. En estos ocho departamentos se concentraron el 83% de los recursos. Al comparar estas cifras con las de años anteriores se evidencia un aumento de la inversión contractual del 2016 frente a 2015, año en que la inversión fue de $28 mil millones. Este aumento se debe principalmente a que las empresas se enfocaron en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el cierre de compromisos definidos en el marco de las licencias ambientales y los contratos E&P. De los últimos cinco años, fue en 2012 el año en el que se presentó el mayor número de inversiones alcanzando los $221 mil millones.
Respecto a la inversión social enfocada en el desarrollo de los PBC, durante 2016, de los $22 mil millones, el 30% de los recursos se destinaron para la ejecución de proyectos productivos, el 29% para proyectos de hábitat, agua y saneamiento, el 13% en fortalecimiento institucional, el 10% en fortalecimiento comunitario y el 18% restante se invirtió en educación, fortalecimiento de comunidades étnicas, formulación de proyectos, salud, fomento de microempresas y medioambiente.
