Uno de los aportes más relevantes que realiza la industria de los hidrocarburos para el país es la participación en los ingresos de la nación. Estos ingresos se derivan del pago de impuesto a la renta, dividendos de Ecopetrol y derechos económicos, producto de los contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Desde el 2012, el sector ha aportado cerca de $75 billones, que significan en promedio el 15% de los ingresos del gobierno central, lo cual ha hecho que la industria se convierta en el sector que más aporta al ingreso fiscal del país.
De hecho, en el marco de la implementación del acuerdo de paz se abren nuevas oportunidades para la inversión social realizada por parte de las empresas en el territorio. En el marco del posconflicto, el Gobierno Nacional ha creado una serie de instrumentos y mecanismos para la vinculación del sector privado en la financiación de proyectos que apoyen y promuevan el desarrollo social de aquellas zonas más afectadas por el conflicto, conocidas como ZOMAC. Estas zonas, que se componen por 344 municipios, han sido priorizadas debido a sus bajos niveles de desarrollo socio económico y altos niveles de victimización por causa del conflicto armado.
Por medio de una legislación específica, el Gobierno ha provisto una serie de instrumentos y mecanismos como Obras por Impuestos, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o los Contratos Plan/Paz. Algunas de estas iniciativas serán financiados a través del Fondo Paz, con contribuciones de entes multilaterales y gobiernos cooperantes, ofreciendo al sector la posibilidad de apalancar recursos para el financiamiento y ejecución de proyectos en las zonas priorizadas. En este contexto, se abre para la industria la oportunidad de no solo vincularse a programas y proyectos liderados por el Gobierno Nacional y obtener beneficios tributarios, sino también, y aún más importante, la posibilidad de aportar desde su conocimiento del territorio, mejorar su relacionamiento local y hacer parte de la implementación de la paz en Colombia.
Bajo este contexto, es necesario destacar que las empresas realizan dos tipos de inversión social. El primer tipo es la inversión social contractual que se deriva de la ejecución de lo definido en el Anexo F de los contratos de exploración y producción que fomenta el desarrollo de Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC). Este tipo de inversión también incluye los proyectos con enfoque social que se establecieron en la licencia ambiental. Por su carácter contractual y normativo, esta inversión se demomina como “obligatoria”.
El segundo tipo es la inversión social voluntaria que a su vez se divide en la inversión social que realizan directamente las empresas y la inversión apalancada que surge a partir de la gestión de recursos y el desarrollo de proyectos en los cuales las empresas son uno de los aportantes, además de otras fuentes adicionales de recursos.
En el período comprendido entre el 2012 y 2016, las empresas han invertido aproximadamente $2,6 billones en proyectos de inversión social en el marco del desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC), la licencia ambiental y los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Estas inversiones se han convertido en una fuente de financiación de proyectos que propenden por mejorar la calidad de vida de las comunidades, generar encadenamientos productivos, mejorar los niveles de educación y procurar un desarrollo sostenible en las áreas de operación del sector. Así, el 92% de los proyectos señalados estuvieron alineados a los planes de desarrollo local y departamental, principalmente a las líneas enfocadas en el fortalecimiento comunitario, educación, proyectos productivos, vivienda, así como cultura recreación y deportes.
En términos generales, y como se puede observar en la gráfica 6, a pesar de la disminución de los montos de inversión social acompañada por el descenso en los precios del barril de crudo, la industria ha destinado en mayor proporción recursos de manera voluntaria. En efecto, se han designado más de $2 billones a programas de inversión que responden a las necesidades y demandas de las comunidades de las zonas de operación y que están alineados a los planes de desarrollo local. Los $561 mil millones restantes corresponden a la inversión contractual.
Ahora bien, al revisar en detalle las cifras de 2016, los montos de inversión social superaron los $147 mil millones. Si bien esta cifra es menor en comparación con los años anteriores, es necesario destacar los esfuerzos que realizaron las empresas para cumplir con los compromisos adquiridos con las comunidades y focalizar la inversión en aquellos proyectos de mayor impacto social. Sin duda, la desaceleración de la actividad del sector y las consecuencias de la caída de los precios conllevó a que las empresas realizaran ajustes presupuestales que implicaron una disminución en el presupuesto de la inversión social.
Del total de los $147 mil millones de inversión social ejecutados en 2016, la mayoría hacen parte de la inversión voluntaria liderada por las empresas o apalancada con terceros. El 67% de los recursos, $99 mil millones, fueron destinados de manera voluntaria por las compañías para fortalecer el progreso social de las comunidades. El 33% de los recursos restantes, $48 mil millones, hacen parte del compromiso contractual que tienen que realizar las empresas en el marco de los Contratos E&P o los procesos de licenciamiento ambiental.
