Desde el inicio del descenso en los precios del petróleo, 2016 fue el año en el que el precio alcanzó sus niveles más bajos de la última década. Este bajonazo, además de generar una reducción en los recursos del Estado, contrajo la dinámica de la actividad de hidrocarburos.

En 2016, la industria aportó al Gobierno Central $2,6 billones derivados del pago de impuesto de renta, dividendos de Ecopetrol y derechos económicos por los contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). A pesar de ser el sector que más aporta al Gobierno Central, para este año se presentó una reducción del 64% frente a los aportes de 2015 y del 87% respecto a 2014. En cuanto a las regalías, en 2016 se generaron recursos por $4 billones, que significaron una disminución del 24% frente al año anterior.

El impacto de la caída de los precios en la dinámica del sector también fue evidente. De acuerdo a los resultados del estudio de inversión que realizó la ACP[1], el 2016 fue el segundo año consecutivo en el que se presentó una caída de la inversión del sector. En concreto, la exploración se redujo en un 10% frente a 2015 y un 60% respecto a 2014; la inversión para el desarrollo de la actividad exploratoria fue cercana a los USD $790 millones; es decir, 11% menos que en 2015. Se perforaron únicamente 25 pozos y la sísmica se enfocó principalmente en actividad costa afuera con un equivalente de 36 mil kilómetros.

Concretamente, se evidenció una disminución en los niveles de producción, ante la necesidad de priorizar los barriles menos costosos. En 2016, la cifra promedio de producción fue de 888 mil barriles diarios (la cifra más baja desde el 2010), mientras que en 2015 esta cifra superó el millón de barriles. Además, como consecuencia de esta dinámica, en 2016 se cerraron 75 campos de producción.

Una de las mayores afectaciones derivadas de esta desaceleración en la actividad del sector, se evidencia en los territorios de operación. Como se podrá observar a lo largo de este informe, las cifras de empleo, inversión social, infraestructura vial, bienes y servicios son las más bajas desde 2010, lo cual ha implicado una desaceleración en las economías regionales.

Debido a este contexto el relacionamiento con grupos de interés, la viabilidad de las operaciones y la situación de entorno social se ha convertido en los principales retos del sector. En efecto, la reducción de las regalías relacionada no sólo con el cambio del Sistema General de Regalías (SGR), sino también con la reducción de la producción por parte del sector, sumado a la disminución en la contratación de mano de obra local y al aumento de oferta por bienes y servicios, han generado un aumento en la conflictividad social y en algunas ocaciones a elevado la animadversión e inconformismo de las comunidades.

Bloqueos a la Industria 2010 - 2016

Fuente ACP.

Si bien, en términos numéricos en 2016 se presentaron menos bloqueos a las operaciones en comparación con años anteriores, es necesario tener en cuenta que esto también se debe a la disminución de las actividades. No obstante, a pesar de ser un año con menos vías de hecho, estas se caracterizaron por tener una mayor complejidad en su manejo, y por que en varias oportunidades aumentó su duración y por ende, la afectación a las actividades.

En efecto, según un estudio realizado por la ACP[1] (con base en el índice de tipologías municipales del DNP) evidencia que los municipios petroleros en comparación con los no petroleros tienen mayores niveles de desarrollo institucional, económico, mejor desempeño fiscal y mejor calidad de vida. Así se resalta que los municipios petroleros tienen mayores ingresos derivados del recaudo de impuestos, mejores condiciones de empleo, mejor ejecución de las transferencias del Sistema General de Participación (SGP), y el 70% de las variables del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se comportan de manera más favorable que en los municipios no petroleros. Por ejemplo, se evidencia una mejoría en las condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos, menos barreras para acceder a servicios de salud, mayor nivel de escolaridad, menos analfabetismo, menos inasistencia escolar y menos trabajo infantil.

A pesar de lo anterior, en muchos casos, la percepción en las zonas de operación parece ser otra. Esto, en parte, se relaciona con el hecho que se han creado expectativas sobre el rol de las empresas en territorio, que con la caída de los precios, no se han podido cumplir. En especial, y como las cifras de este informe lo confirman, las oportunidades laborales y se han contratado menos bienes y servicios a nivel regional han disminuido.

Por otro lado, los detractores del sector, en un nuevo contexto político, han creado un discurso que enfatiza un supuesto impacto negativo en lo ambiental y en lo social, derivado de las actividades. Ante esta situación, la industria, bajo el escenario actual de las regiones de operación, tiene el reto de buscar alternativas que además de fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés y las comunidades, viabilicen sus operaciones de tal modo, que los aportes y beneficios derivados de la actividad no sólo sean más visibles sino también generen un impacto a largo plazo en los territorios en los que operan las empresas del sector.

En este sentido, la ACP y la industria están trabajando en la implementación de una estrategia regional que permita dar respuesta a las principales inquietudes que hay en territorio mostrando y demostrando los impactos positivos que ha creado este sector. Esto requerirá una presencia continua, la entrega de información constante y un diálogo de igual a igual con las comunidades.

Asimismo, y en estrecha coordinación con las empresas operadoras, el Gobierno Nacional también ha implementado una serie de prácticas que permiten fortalecer la presencia institucional del sector en los territorios. Entre otras, la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del sector de Hidrocarburos (ETH) busca la articulación institucional entre lo nacional y lo regional/local, por medio del desarrollo de espacios de diálogo enfocados en la brindar información sobre el sector, impulsar las capacidades del territorio y promover su desarrollo sostenible.

La industria sigue comprometida, y las cifras recogidas en este Informe lo comprueban, con un aporte sustancial para el desarrollo de las regiones donde opera. Existe plena consciencia, que la viabilidad de las operaciones depende de seguir mejorando las condiciones de vida de la población en las zonas de operación.