Edición No. 21

Revista ACP

Cinco claves para desactivar el conflicto territorial

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Más comunicación, mejor pedagogía, construcción de confianza, reforma de las regalías y ser socios del desarrollo local son iniciativas que están en marcha y por consolidar en áreas petroleras del país.

Una cucharada de realidad: “el conflicto social no es nuevo”, una taza de humildad: “para hallar soluciones conjuntas con nuestras comunidades”, un kilo de confianza: “necesitamos construir relaciones de largo plazo” y agregue varios litros de comunicación clara: “hay que trabajar el doble para cambiar la percepción”. Estos son algunos de los ingredientes que Barry Larson, presidente de Frontera Energy, puso sobre la mesa en la cuarta sesión del III Congreso ACP, para que las petroleras no sean fuente de conflicto, sino aliadas de los habitantes de sus áreas de influencia.

La receta del directivo fue adobada con los aportes de otros expertos que participaron en la discusión desde distintas orillas, privadas y públicas, sobre la conflictividad territorial creciente. El malestar frente al sector de los hidrocarburos se expresa en el impulso de consultas populares, acuerdos municipales, protestas sociales y hasta bloqueos y sabotajes.

Tales acciones han puesto en jaque, por momentos, las operaciones petroleras y, en adelante, la oportunidad de aumentar las reservas del país, también por la vía de la exploración y producción en yacimientos no convencionales, inicialmente en el Magdalena Medio.

En la actualidad hay 44 consultas populares en curso que ponen en riesgo 261.000 barriles diarios de petróleo, 30,6 por ciento de la producción diaria, según datos de la ACP. Solo en el caso de Ecopetrol, hay 20 proyectos amenazados con este mecanismo de participación, señaló el presidente de esa compañía, Felipe Bayón: “Respetamos ese derecho, pero debemos buscar acercarnos más a las comunidades para que estas estén mejor informadas y tomen una decisión adecuada. Ya hay 120 comunidades con las que hemos hecho acuerdos de concertación”, agregó el funcionario.

Además, de manera recurrente se plantea el falso dilema de elegir entre agua y petróleo o crudo y agricultura, cuando ya se ha demostrado la posibilidad de la convivencia entre ambas actividades. “Las consultas populares son una bandera de carácter político en contra del petróleo y la minería (…); lo que hay de fondo es un descontento porque las comunidades no están recibiendo bienes públicos”, comentó el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, al sugerir la necesidad de un “nuevo pacto social” con estas, otra manera de construir paz en las regiones.

A juicio de Germán Espinosa, presidente de la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), la industria es una aliada estratégica del desarrollo regional, como lo demuestra casi un siglo de operaciones en Colombia. También aprecia en esta coyuntura de más consultas populares la oportunidad de habilitar más espacios de pedagogía y diálogo con las comunidades.

En ese sentido, se deben reconocer los argumentos de los vecinos de los campos petroleros con esquemas de organización social más elaborados; “también hay una ideologización del tema mineroenergético”, reconoció Mariana Escobar Arango. Ella es la directora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), una entidad creada en 2015 con la tarea de impulsar la reforma rural integral, fruto del Acuerdo de Paz con las Farc, en 171 municipios priorizados y afectados por el conflicto armado.

Con base en los aportes diversos de quienes enriquecieron el debate en la cuarta sesión del Congreso, a continuación se presentan cinco aspectos claves para transitar a un mejor relacionamiento territorial del sector de hidrocarburos y para afianzar la sostenibilidad de una actividad que todos coincidieron en apreciar como determinante para el desarrollo del país.

  1. Cambiar percepciones: comunicación proactiva

El primer trabajo de comunicación es hacer entender en los territorios que el sector de hidrocarburos no es una vaca lechera, sino que es parte del proyecto estratégico de país.
Bernardo Toro, director de la Fundación Avina

Buscar nuevos canales de información y propiciar una comunicación permanente, acorde con las condiciones particulares de cada comunidad, son elementos de una estrategia necesaria para que en las zonas de exploración y producción se refleje el rol que las petroleras pueden tener como aliadas y parte de las soluciones.

“Es tremendo ver que estas empresas, también actores del territorio, sean vistas como intrusas que saquean recursos. Hay que tener nuevas narrativas”, señaló Mariana Escobar, directora de la ART.

En ese sentido, el presidente de Frontera Energy indica, por ejemplo, que la comunicación debe ser proactiva, enfocada, abierta, transparente y no solo apelar a medios tradicionales. Por eso dicha compañía ha instalado 864 puntos gratuitos de wi-fi en zonas de influencia y los líderes locales ya usan las redes sociales, comentó su presidente. Las empresas deben informar a través de estas y de nuevas tecnologías, señaló el funcionario.

A su turno, Germán Espinosa, presidente de Campetrol, reconoció que las empresas del sector “no son las mejores comunicadoras” y que se requiere de una pedagogía clara, particularmente en temas ambientales; las compañías deben mostrar cuáles son las tareas que realizan para mitigar, prevenir y compensar los impactos de las operaciones.

Finalmente está el aporte de Bernardo Toro, director de la Fundación Avina. Este experto en estrategias de comunicación afirmó, en otro momento del Congreso: “Hay que mostrar que el petróleo no es una vaca lechera, sino que hace parte del proyecto estratégico de país (…) Una petrolera que apunta a eso deberá saber ofrecer un proyecto ético en el que trabaje por la dignidad humana y por conservar los bienes ecosistémicos del territorio”.

  1. Cambiar el modelo de diálogo

No basta con tener unas comunidades informadas, también es necesario escucharlas, comprender sus necesidades y buscar llenar vacíos de conocimiento en los temas que surjan de ese diálogo abierto y horizontal. Esto abarca generar espacios legítimos para la construcción de consensos y prevención de más conflictos.

Tenemos que acercarnos mucho más a las comunidades, no podemos pretender llegar 15 días antes a decirles que entraremos con un taladro. Hay que socializarlo y eso toma tiempo. Creo que eso se ha hecho bien en algunos casos, pero también debemos reconocer como industria que hay sitios donde no hemos sido buenos vecinos
Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.

Por eso, el consenso entre los panelistas fue que se debe cambiar el modelo de diálogo transaccional, basado en “el todo se arregla con plata”, para darles viabilidad a los proyectos; en este se incurrió en la bonanza reciente y hasta durante el desplome de las cotizaciones del crudo, en 2014. 

En contraste, y en un periodo de recuperación de la crisis de los precios, se debe plantear un diálogo constructivo enfocado en iniciativas de desarrollo local pertinentes. Estas deben ser parte de la estrategia corporativa y no solo acciones puntuales de responsabilidad social empresarial, apuntó Barry Larson, presidente de Frontera Energy.

Sin acuerdo sobre el ordenamiento territorial, no será posible una reforma rural integral, que también abarca el desarrollo de recursos como petróleo y minería
Mariana Escobar, directora de la Agencia de Renovación del Territorio

“Las comunidades no son recipientes a los que uno como Gobierno lleva bienes públicos. Es más complejo: hay que entender las demandas de los actores locales. Esto entraña un diálogo distinto en cuanto a la forma como la industria también responde a las del territorio”, apuntó Mariana Escobar, directora de la ART, al poner como ejemplo la formulación participativa de los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial, que se implementarán en la etapa del posconflicto.

  1. Construir confianza en el largo plazo

Un tercer elemento, conducente a superar la conflictividad social en las zonas petroleras, parte de un mea culpa de la industria petrolera: dejar las actitudes ‘arrogantes’ frente a las comunidades de las áreas de influencia.

En esto coincidieron los líderes de Ecopetrol, Felipe Bayón, y Frontera Energy, Barry Larson. El primero reconoció que, a veces, “desde la industria creemos que tenemos todas las respuestas, cuando ni siquiera tenemos todas las preguntas claras”. El segundo acotó en su conferencia que “la confianza, la integridad y la humildad son lo más necesario para generar relaciones adecuadas; de lo contrario, seremos fuente de conflictos”.

Iniciativas de Ecopetrol como “derribar las mallas” que encerraban sus campos o las de Frontera Energy de
reorganizar su funcionamiento, con el fin de operar más desde el territorio y estar más cerca de las comunidades, apuntan a dejar atrás esa idea de arrogancia y entablar una relación basada en el conocimiento, el respeto y la confianza en las zonas de operación, aspectos determinantes para una armoniosa permanencia de largo plazo.

Al principio hay desconfianza y desconocimiento, pero si podemos acordar cosas verificables y se cumplen, se construyen relaciones de largo plazo
Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol
Por último, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra cuestionó la ‘arrogancia’ de algunas declaraciones del Gobierno Nacional, desde Bogotá, al señalar que las comunidades de zonas petroleras están desinformadas, “cuando (más bien) pueden saber más de la realidad del territorio que muchos funcionarios de los ministerios de Minas y Ambiente”, agregó el investigador.

  1. Reformar las regalías y su ejecución

Un Sistema General de Regalías reformado debe tener un nuevo mecanismo en el que haya unas entidades ejecutoras efectivas y que no se roben la plata

Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente
Si una comunidad vecina a un campo petrolero carece de condiciones mínimas de salud, educación, servicios públicos, vías y demás bienes públicos, será natural que asocie sus problemas con un “vecino rico” que no la apoya, más aún si se carece de una presencia efectiva del Estado.

Esta visión se ha acrecentado por las deficiencias existentes en la adecuada priorización, asignación, ejecución y manejo transparente de recursos de regalías que recibe la alcaldía respectiva, pagados por las petroleras y luego girados por el Gobierno. Esto se sugirió en el panel de discusión sobre conflictividad social.

“Por temas de ineficiencia y corrupción en el uso de las regalías, no hay una lectura adecuada desde las comunidades y no se aprecian los beneficios enormes de una operación responsable, sostenible y bien hecha de las empresas”, aseguró Mariana Escobar, directora de la ART.

Desde las regiones petroleras se ha insistido en los últimos años en que se reforme el Sistema General de Regalías (SGR), pues estas consideran injusto que pasaran de recibir el 80 por ciento de estos recursos a solo 20 por ciento, adicional al hecho de que ya se habían reducido de manera significativa con la crisis internacional de precios.

Sobre este particular hubo consenso en la mesa de discusión acerca de que un elemento central para disminuir la conflictividad social en zonas productoras es un ajuste urgente en la forma como se distribuyen y ejecutan estos cuantiosos dineros. Sobretodo, es necesario volver a entregar un mayor porcentaje de las regalías a las zonas productoras y también una mayor asignación directa.

Al respecto, Manuel Rodríguez Becerra consideró que la construcción de un nuevo pacto social en regiones petroleras implica un sistema de regalías que opere de cara a las comunidades y un acuerdo sobre cuáles y para cuándo estarán listos los bienes públicos que estas últimas recibirán a cambio de esa actividad. “Las petroleras deben presionar al Legislativo y al Ejecutivo para que se logre pronto esa reforma”, concluyó el exministro de Ambiente.

  1. Ser socios del desarrollo territorial

Mientras que el Gobierno impulsa una reforma al SGR, en el corto plazo hay dos señales normativas que ayudarán a mejorar las relaciones en el territorio, y que destacó Barry Larson, presidente de Frontera Energy.

En primer lugar, está el decreto que amplía el espectro de compensaciones ambientales a frentes sociales y productivos. En segundo, replicar el exitoso esquema peruano de obras por impuestos, en el cual las empresas podrán pagar hasta la mitad de su impuesto de renta con la ejecución directa de infraestructuras públicas en sus áreas de influencia.

Adicionalmente, en el III Congreso ACP emergió la discusión sobre si las petroleras son tenidas en cuenta o no por el Gobierno en la construcción de la agenda para el posconflicto en las regiones que operan. En ese sentido, la directora de la ART, Mariana Escobar, respondió enfáticamente que “no estamos dejando la industria por fuera de la agenda de desarrollo del posconflicto, pues sin la participación de la industria esta es una agenda vacía”.

También reconoció que se deben mejorar los mecanismos para llevar a cabo esa tarea entre Gobierno, compañías y gremios que las representan, para vincularse de la mejor manera al desarrollo territorial. “No se trata de que el Gobierno les notifique a las empresas cuál es su agenda en el territorio. Es una construcción mancomunada. Las petroleras son un actor que conoce muy bien el territorio. Lo que sí tiene el Gobierno es la responsabilidad de liderar”, precisó la funcionaria.

“La paz es la nueva frontera de desarrollo y abre posibilidades a la industria, por eso debemos contribuir a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y estar atentos al desarrollo de los diálogos con el ELN”
Germán Espinosa, presidente de Campetrol

Por su parte, el presidente de Campetrol, Germán Espinosa, destacó los esfuerzos de las empresas por vincular sus cadenas de suministro a proveedores locales, para generar empleos de calidad en el territorio y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Finalmente, señaló que se debe aprovechar este momento de transición y reconciliación nacional para trabajar en conjunto: “La paz es la nueva frontera de desarrollo y abre posibilidades a la industria, por eso debemos contribuir a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y estar atentos al desarrollo de los diálogos con el ELN”.

44 Consultas populares relacionadas con el sector petrolero están en trámite. Si son aprobadas pondrían en riesgo 261.000 barriles diarios de petróleo.

 


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