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Edición No. 21

Revista ACP

Editorial - Trabajando juntos por un mejor futuro

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Trabajando juntos por un mejor futuro. Palabras del presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo Francisco José Lloreda Mera. Durante su intervención en la clausura del III Congreso ACP, el presidente de la agremiación presentó un balance de los principales avances de la industria en el último año y de los mayores desafíos a enfrentar en la actualidad

Estamos reunidos porque creemos en Colombia y en la industria de hidrocarburos, porque tenemos la convicción de que este sector continuará siendo un instrumento de desarrollo del país y sus regiones, de bienestar para todos los colombianos. Porque sabemos que trabajando juntos podremos construir un mejor futuro; una industria líder en exploración y producción de petróleo y gas, en transporte y refinación, y en distribución y comercialización de combustibles y lubricantes, entre otros derivados.

Estamos aquí porque nos resistimos a pensar que terminaremos siendo importadores de petróleo y gas en cinco años, teniendo de ambos recursos bajo tierra; que se desaprovechará la capacidad del sector para aportar recursos de inversión al país: 64 billones de pesos para los próximos cuatro años; que pondremos en riesgo la seguridad energética de Colombia, que viviremos de reforma tributaria en reforma tributaria hasta espantar la inversión nacional y extranjera –ya inquieta- o extenuar la capacidad fiscal de los ciudadanos.
Francisco Lloreda #CongresoACP

 Los desafíos en infraestructura y combustibles

Cada día hay mayor conciencia sobre la relevancia del sector para el país, que se refleja en avances importantes en decisiones de política pública, aunque hay mucho camino por recorrer. Empiezo por resaltar algunos de estos logros y desafíos en la parte media y baja de la cadena de hidrocarburos, el midstream y el downstream.

En materia de transporte, en 2016 se culminó la construcción de varios proyectos de expansión y este año las empresas de oleoducto están enfocadas en lograr sinergias y optimizar costos. Así mismo, el Ministerio de Minas y Energía está comprometido con liderar una regulación tarifaria más acorde con la nueva realidad, consciente de que la producción de barriles requiere de un buen sistema de transporte por oleoductos y de que la viabilidad de un buen sistema de oleoductos depende de tener barriles para transportar.

Nos sigue preocupando la seguridad de la infraestructura petrolera. Siendo cierto que los atentados disminuyeron, como consecuencia del acuerdo con las Farc, este año van 45 actos terroristas, todos del ELN. El Oleoducto Caño Limón-Coveñas estuvo parado 135 días y tan pronto entró en funcionamiento -pocos días antes del anuncio del cese bilateral al fuego- fue volado. Igual de delicado es el hurto de crudo, que se destina a producir cocaína, con un agravante perverso: mientras más cultivos de coca hay, más petróleo se roban, y mientras más crudo roban, más se incentivan los cultivos ilícitos.

El suministro de combustibles líquidos en el país, por su parte, es frágil. De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), nos aguarda un futuro de importación creciente dado que nuestra capacidad de refinación se quedó corta frente al crecimiento de la demanda; pese a la entrada en funcionamiento de la Refinería de Cartagena, necesaria para el país, en diez años, el 30 por ciento del combustible sería importado. De ahí la importancia de garantizar la entrada de nuevos importadores, lo que aliviará el esfuerzo que a diario realiza el Gobierno Nacional para asegurar el abastecimiento.

La entrada de nuevos importadores de combustibles requiere liberar los ingresos al productor e impulsar la ejecución de proyectos del Plan de Continuidad, en especial la capacidad de almacenamiento del país, hoy riesgosamente limitada–solo alcanza para diez días-, y garantizar tanto la capacidad como el acceso a infraestructura, puertos y poliductos. Igual de relevante es la importación de biocombustibles bajo estándares del Ministerio de Ambiente. ¡Debemos ir hacia un sistema de abastecimiento robusto y competitivo!

Colombia cuenta con un modelo de distribución y comercialización de combustibles organizado, que ha permitido la entrada de nuevos agentes e importantes inversiones, que a su vez han derivado en una mejora sustancial en la calidad y seguridad de la prestación del servicio; basta comparar las actuales estaciones de servicio con las de antaño. Para seguir en esa línea, que ha permitido ganancias en dinamismo, competencia y en beneficios para el consumidor final, es necesario avanzar con responsabilidad hacia la liberación.

Al interior de la Asociación estamos trabajando con todas las empresas en una hoja de ruta que nos ayude a precisar qué decisiones regulatorias nos permitirán migrar de manera gradual e integral hacia la liberación y qué medidas regulatorias en estudio por parte de las entidades de Gobierno consideramos innecesarias. No se trata solo de liberar márgenes y precios, sino de remover las restricciones estructurales -las camisas de fuerza que limitan la competencia- pensando en el beneficio de los usuarios.

En ese orden de ideas, resaltamos  la voluntad del Gobierno Nacional para reglamentar la reforma tributaria, en especial lo concerniente a la exclusión del IVA en zonas de frontera y la no causación del impuesto al carbono en casos de carbono neutro, lo cual beneficia a los colombianos. Está pendiente establecer un mecanismo que corrija el pago en exceso que efectuaron los mayoristas por inventarios a 31 de diciembre -un pago de lo no debido- y que confiamos se solucione en un breve tiempo.

Después de la tormenta…

Pasemos al upstream. Lo peor de la crisis pasó: bueno, eso esperamos. Se refleja en la incipiente recuperación de la actividad exploratoria, prueba de que las medidas de choque propuestas a la ANH, y que esta acogió sin vacilación, están dando resultado. Hace poco se expidió el Acuerdo de Asignación de Áreas, se trabaja en la Minuta Costa Afuera y la Agencia presentó este año el “Procedimiento Competitivo Sinú San Jacinto” –en el que se ofertaron 15 bloques-, que esperamos despierte el interés empresarial.

A lo anterior se suman descubrimientos interesantes en tierra firme y costa afuera. Aún hay cómo “exprimir” los campos viejos –con recobro secundario y terciario- y tenemos varias cuencas por explorar mejor. Sobre costa afuera, si las condiciones del mercado y competitividad del país lo permiten –en lo que seguimos trabajando- tendremos en el mediano plazo una frontera importante en gas y de pronto en líquidos. Además contamos en el Magdalena Medio con uno de los yacimientos no convencionales más prometedores del continente, ¡ahí
estaría parte de las reservas que el país necesita!

Así lo confirman distintos estudios y la ANH: tenemos hidrocarburos, el problema es que están enterrados. De ahí la importancia del interés de distintas empresas en avanzar en el desarrollo de los yacimientos convencionales y no convencionales, con la mayor responsabilidad social y ambiental. Lo que no tendría sentido, en el caso específico de los no convencionales, es no validar la existencia de ese recurso, estimado en más de 6.000 millones de barriles, y luego desarrollarlos; no de cualquier manera, repito, con responsabilidad social y ambiental.

Me referiré brevemente al gas, por ser un combustible con más futuro que presente, no solo para generación eléctrica y uso industrial y domiciliario, sino vehicular. Colombia tiene gas, lo indican los descubrimientos y algunos desarrollos recientes. No obstante el país se ha preparado para importar gas como un “seguro” de abastecimiento, en particular para el sector eléctrico en la Costa Caribe. La Upme señala que el país necesita otra planta de regasificación en el Pacífico; no es claro sin embargo si esta cumpliría una función de respaldo al sistema o si entraría a competir con el gas nacional.

Este no es un asunto menor. Se debe garantizar la confiabilidad en el suministro de gas y, a la par, debemos incentivar el uso del gas natural en Colombia, teniendo claro que el mejor gas es el producido en casa. No solo porque es más competitivo que el importado, sino porque las regalías, el empleo, el desarrollo y las divisas se quedan aquí. Por eso, si se decide que el gas importado entre a competir con el nacional, no se entendería que existan asimetrías competitivas a favor del importado. Por el contrario, si se trata de incentivos, iniciemos por dárselos a la exploración de gas.

Los retos en producción y exploración

Hablemos de los desafíos del upstream: no son pocos ni se deben soslayar, sin ocultar que su solución depende no solo del Gobierno Nacional y de las entidades del Estado. Depende de muchos, incluida la industria. No obstante, hay temas que sí dependen del Gobierno Nacional, del Congreso o de agencias del Estado, bien porque son de sus funciones o porque están llamados a decidirlos o liderarlos.

Hemos dicho hasta la saciedad que no debemos continuar siendo tan dependientes de los precios internacionales, que son volátiles. La única manera de no ser tan vulnerables a los precios, que no controlamos, es ser competitivos. Competitividad: ese ha sido y es nuestro mantra. En los tres congresos anteriores de la ACP hemos hecho referencia a los temas que inciden en nuestra pérdida de competitividad, entre ellos el régimen fiscal, al que haré una muy breve referencia.

Aplaudimos la decisión del Gobierno Nacional y del Congreso de la República de incluir en la más reciente reforma tributaria algunas medidas claves para el sector. Como lo indica el Ministro de Minas y Energía, nueve de cada diez medidas propuestas por el gremio fueron acogidas por el Gobierno, entre ellas el Cert. El Ministro de Hacienda y Crédito Público dio unas pinceladas de lo que está pensando el Gobierno, que procederemos a analizar con interés y ánimo constructivo. Ojalá se logre un instrumento efectivo para impulsar la exploración e incorporar barriles a las reservas. Por una razón: la ventana de oportunidad se está cerrando, no podemos matar el tigre y asustarnos con el cuero.

Me referiré ahora a un tema de la mayor preocupación y alrededor del cual gravita el futuro de la industria petrolera en Colombia: la seguridad jurídica, uno de los activos más importantes con los que ha contado el país, convertido hoy en amenaza. Al referirme a seguridad jurídica no hago alusión únicamente a la incertidumbre coyuntural propia de las consultas populares. Me refiero a contar con reglas claras y estables, en todo sentido, a la aplicación objetiva de la ley, y a una mayor presencia institucional para hacer valer los derechos y deberes de los ciudadanos.

Las consultas populares y vías de hecho -con o sin violencia- tienen en vilo al sector. Este no está opuesto a los mecanismos de participación o a la protesta. A lo que nos oponemos es a la indefinición sobre el alcance de las consultas, más existiendo otros mecanismos de participación ciudadana, y a protestas sociales que transgreden la ley.

Las 44 consultas en curso tienen en riesgo 261.000 barriles –el 30 por ciento de la producción diaria- y el 37por ciento de la exploración. No quiero ni pensar qué sucederá el próximo año si no se pone orden a esta situación. Si los hidrocarburos son del Estado y de este son parte las regiones, no se entiende que un municipio o departamento, corrijo, algunas personas en esas entidades territoriales -y lo digo con respeto por las autoridades y sus habitantes- puedan decidir sobre un recurso del que es copropietario y no su dueño absoluto. Sobre todo tratándose de un bien público sobre el que esa entidad regional no puede asumir los costos que causa al resto del país, si se le priva de usar ese recurso.

Los yacimientos de petróleo y gas no distinguen o coinciden con las divisiones político-administrativas, tampoco se pueden mover: están donde están. No es indiferente a esto el lugar donde se adelanta la sísmica, un pozo exploratorio o de producción es donde es. Por eso, y por tratarse de un bien que es propiedad de todos los colombianos y estratégico para nuestro país, la decisión de su desarrollo debe corresponder a la Nación en nombre del Estado. Esa fue, por décadas, la interpretación de la Corte Constitucional.

Lo digo, no porque considere que las regiones productoras no deban tener voz en lo que ocurre en el territorio, ni tampoco porque crea que la participación ciudadana sea contraproducente. Lo señalo por las características particulares del recurso y porque debemos pensar en el resto de colombianos cuya calidad de vida depende de contar o no con recursos de inversión que está en capacidad de aportar la industria: en Chocó, en la Guajira, en la Costa Pacífica nariñense, o en la Orinoquía.

Es urgente precisar las competencias de la Nación y de las regiones con respecto a los recursos del subsuelo: qué le corresponde decidir a la Nación y qué a los departamentos y municipios y, en caso de diferencias sustanciales, en las que estén realmente en riesgo la biodiversidad y el recurso hídrico por cuenta de la actividad, tener mecanismos institucionales que nos permitan, de manera constructiva, lograr entendimientos. Pero con sustento técnico y no demagogia, como en ocasiones ocurre.

En vez de avanzar hacia un marco de competencias claro, este se ha tornado más complejo. Hay múltiples instrumentos de planificación y mecanismos de participación. Además de las instancias propias del proceso de licenciamiento ambiental, la consulta previa y las consultas populares, se proyecta una ley de participación ciudadana, derivada de los Acuerdos de La Habana. Confiamos en que en ese proceso no se pisen las “líneas rojas”, lo cual terminaría afectando la inversión privada e incluso el actual modelo económico.

Debo detenerme en un tema ligado al anterior: la protesta social. Esta industria no se opone a la protesta, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Se opone a la violencia y la vulneración de sus derechos cuando se protesta. Los derechos de quien protesta y de quien no lo hace merecen igual protección. Por eso preocupa que se pretenda derogar la obstrucción de vías como delito y se insista en darle más garantías a quien protesta recurriendo a las vías de hecho, en detrimento de los demás.

Petróleo y proceso de paz

Los avances y desafíos de la industria que he mencionado se presentan en un momento de discusión interna por el proceso de paz, la protección del ambiente, el sistema de regalías, y la “despetrolización” de la economía. Examinemos brevemente estos cuatro aspectos.

En el Congreso anterior identificamos oportunidades y desafíos en el proceso de paz. Resaltamos la trascendencia histórica de desarmar a las Farc y llevar desarrollo e institucionalidad a las áreas rurales más apartadas. Indicamos cinco desafíos en el marco de los Acuerdos: (i) Ordenar el uso del suelo y el subsuelo; (ii) organizar los mecanismos de participación; (iii) definir el alcance de la protesta social; (iv) agilizar la llegada del Estado al territorio, y (v) “mano tendida y pulso firme” con el ELN.

Me he referido a algunos de estos desafíos previamente, una señal de que continúan siendo prioridad para la industria. Hablaré de la llegada del Estado al territorio y del proceso con el ELN. Aplaudimos la iniciativa de Obras por Impuestos, con la que se buscan canalizar de manera expedita y estratégica recursos hacia zonas previamente azotadas por la violencia. La industria de hidrocarburos ve en este y otros mecanismos -los Pdet y los Contratos Paz- oportunidades de articulación de esfuerzos públicos y privados en el posconflicto.  

Inquieta, sí, el desafío que tiene el Estado en copar los espacios que dejan los violentos, con seguridad, orden y justicia. Sin estos, la iniciativa privada, que es la que puede darles un vuelco a las regiones con mayor violencia, no llegará o lo hará a cuenta gotas. Sobre el cese al fuego con el ELN, desde la industria se registra como positivo; al igual que muchos colombianos, lo apreciamos como una señal de interés de esa guerrilla de querer llegar a un acuerdo de paz. Ojalá el Gobierno Nacional y ese grupo reconsideren la premisa de que durante el actual periodo presidencial no habrá acuerdo y, al igual que con las Farc, esperamos que haya claridad con respecto a que la política petrolera y ambiental no se negocia.

Un segundo aspecto de coyuntura es, precisamente, el ambiental. En vez de aplacarse, la discusión sobre la compatibilidad de la industria y el ambiente se ha acrecentado, tanto que es un tema central de las consultas populares, con o sin sustento. Al país se le ha planteado un falso dilema: escoger entre agua y petróleo, petróleo o agricultura, lo que ha generado confusión entre la ciudadanía y su aprovechamiento político.

Contrario a lo que algunos señalan, nuestra industria comparte la preocupación por el cambio climático, pese a ser de las que menos contribuye en el país con emisiones de gases de efecto invernadero: 7 por ciento del total, en un país que aporta un 0,4 por ciento del global. No se trata de comparar, tampoco de hacer alarde acerca de que el sector usa solo el 1,6 por ciento del recurso hídrico, o que es el único que destina un porcentaje del valor de sus proyectos a inversión ambiental. Se trata de hablar con la verdad y no engañar a la gente. En los casos en los cuales existan inquietudes genuinas, que las hay, hay que procurar disiparlas.

Un tercer tema, de particular importancia, es el sistema de regalías. Esta no es la única explicación al malestar en las regiones productoras, pero es central. Sobre ello hemos insistido desde hace años y lo hacemos de nuevo: es necesario reformar el actual sistema general de regalías, si queremos que haya más producción de petróleo y gas en Colombia. Las regiones petroleras reclaman, con razón, un sistema de regalías más justo y equitativo, más efectivo en su ejecución y blindado contra la corrupción.

La reducción en recursos de regalías coincidió, además, con la crisis internacional de precios; al tiempo que los departamentos y municipios dejaban de recibir el 80% de las regalías para recibir el 20%, la actividad petrolera en las regiones se contrajo por la crisis. Con ello, también lo hicieron la contratación laboral y la de bienes y servicios, así como la inversión social. Lo que no se contrajo fueron las expectativas de las autoridades y comunidades, que han tomado tiempo en entender lo sucedido y en comprender que las empresas no son el Gobierno.

Aquí se ha dicho y lo planteó el Presidente del Consejo Directivo, así como algunos conferencistas y panelistas, que debemos revisar nuestro entendimiento del territorio, pensando en cómo aportar a su desarrollo de manera estratégica y, en ocasiones, hacer las veces de Estado. Pero tiene un límite. Podemos pararnos en las pestañas y jamás lo vamos a poder reemplazar ni debemos hacerlo. Sería cómodo para el Estado, pero por esa vía no tendremos la institucionalidad y el progreso que las regiones requieren.

El cuarto tema es la “despetrolización” de la economía. Esta industria representa el 6 por ciento del PIB, es decir que nuestra economía está bastante diversificada. Sin embargo tiene una capacidad inigualable de aportarle recursos de inversión a nuestro país, asegurarle sostenibilidad fiscal, y apalancar su crecimiento y desarrollo. Pregunto: ¿Con qué la vamos a reemplazar?, ¿con más impuestos? Una nueva economía sin una industria petrolera robusta raya en lo irresponsable: sería amputarle una pierna al país. Más, en momentos en que la expectativa de las regiones crece por el posconflicto y el país aún no sabe cómo enfrentará la bomba de tiempo pensional, entre otros problemas.

No me entiendan mal. No pretendo decir que sin la industria petrolera se acaba el país, porque no es así. Tampoco aprecien estas palabras como pretensiosas. Colombia necesita de sus distintos sectores económicos y sí, durante la bonanza petrolera, por razones de tasa de cambio y en algunos casos –admitámoslo- por ineficiencias, varios sectores se vieron lastimados: renglones clave para nuestro país. No obstante, el objetivo no puede ser que unos crezcan a expensas -en sustitución- de otros, sino que crezcan todos.

Trabajando juntos

Llegamos al final de este Congreso, cuya impronta es “trabajando juntos por un mejor futuro”. Permítanme ahondar en este enunciado, en su concepto y su trascendencia.

En el país, la industria petrolera cumplirá en 2018 cien años del primer descubrimiento. Este año cumple cien de la llegada de la Tropical Oil Company, hoy ExxonMobil. Ha sido un siglo en el que el desarrollo del país ha ido de la mano de la industria petrolera. Digámoslo sin pena: Colombia es un mejor país gracias a la industria petrolera, a los recursos de inversión que ha aportado, a las actividades económicas que ha ayudado a apalancar, al desarrollo de nuestras regiones y a los beneficios de ser autosuficientes.

Tenemos una mejor Colombia porque contamos con una empresa como Ecopetrol, que ha tenido un salto importante en su desempeño. Es un mejor país porque desde hace cien años compañías extranjeras nos han ayudado a desarrollar los hidrocarburos. Los grandes descubrimientos (Cira Infantas, Chuchupa-Ballenas, Caño Limón, Cusiana, Cupiagua) y muchos proyectos exitosos pasados y recientes se deben a estas organizaciones, que han puesto -y continúan poniendo- en riesgo sus capitales por el bien del país.

Dirán que las “pinto” como entidades de beneficencia. ¡No! Son compañías con ánimo de lucro, públicas y privadas del mundo, que invierten en Colombia porque ven una oportunidad. Eso está bien. Los países se desarrollan a partir de la generación de riqueza, no de pobreza. Nuestro país se ha desarrollado en parte gracias a la inversión extranjera, y de cada dólar o peso que producen las multinacionales el 70 por ciento se queda en Colombia sin perjuicio de recordar que la empresa más grande del sector es estatal.

Estas precisiones son importantes en momentos de euforia político-electoral, demagogia y discursos a favor de la nacionalización de la actividad petrolera. Se olvida que de no ser por las organizaciones extranjeras no habría industria y que los yacimientos en los que está cifrada la esperanza del país, en tierra y costa afuera, solo se pueden desarrollar con su conocimiento y sus capitales. Este es un punto a tener en cuenta cuando las reservas del país son tan precarias y está en riesgo -lo reitero- la autosuficiencia.

Así como es necesario que trabajen juntas empresas nacionales y extranjeras de la mano del Gobierno Nacional, en lo posible alineados con las otras ramas del poder en torno a una política de Estado, también es urgente trabajar de la mano de las regiones de las que somos parte. En ellas el país necesita “explorar, explorar y explorar”, pues de lo contrario no habrá de dónde “producir, producir y producir”. Ahí radica nuestro principal desafío. Sin las regiones, señores, no hay industria petrolera.

Ese trabajo con las regiones amerita una profunda reflexión fruto de la autocrítica. El entendimiento con las regiones varía entre empresas; algunas tienen buena relación y empatía con las autoridades regionales y las comunidades en sus zonas de influencia, pero ello no ocurre con todas las compañías ni en la totalidad de los territorios. Debemos construir una nueva forma de relacionarnos en las zonas en las cuales operamos y aspiramos a continuar. Como aquí se dijo, debe ser un relacionamiento basado en la confianza, integridad, humildad y comunicación. En eso estamos empeñados en la industria.

Nuestro sueño es poder trabajar juntos por un mejor futuro, ser aliados de los gobernadores y alcaldes, de los líderes y las comunidades, en sus anhelos de progreso. Dedicarle más tiempo a construir que a discutir, a gestionar proyectos ante el Gobierno Nacional que acudir a él para que dirima controversias, a examinar con el mayor interés y cuidado las inquietudes ambientales y darle vuelta a la página si se esclarecen, si no, a introducir juntos, con transparencia, los correctivos.

Es decir, más y mejor diálogo, con interlocutores válidos, argumentos técnicos y una confianza basada en el trabajo conjunto –no en la transacción contaminada en ocasiones, además, por intereses particulares-. Esta no es una industria infalible, queremos acertar y no dudo que seguiremos trabajando juntos.

Somos un país privilegiado en recursos naturales en el suelo y también en el subsuelo. En momentos en los que se requieren ingresos de inversión e impulso a la economía para avanzar a un desarrollo sostenible, afianzar la paz y derrotar a quienes insistan en la violencia, no dejemos enterrado un recurso con el que hemos sido bendecidos. Cuidando de la biodiversidad, el agua y la diversidad cultural, convirtamos el petróleo y el gas en más servicios públicos y vías, en educación y salud, en progreso para todos.

Impulsemos juntos la exploración y producción de hidrocarburos, la infraestructura de transporte y nuestra capacidad de refinación, y logremos un modelo de distribución y comercialización de combustibles libre y competitivo en armonía con el ambiente y pensando siempre en el bienestar de los colombianos. Hagámoslo juntos, Gobierno, industria y, muy importante, con las regiones productoras, que no dudo de que valoran, con coincidencias y divergencias, la importancia de la industria para el país y sus regiones.

Hagámoslo, entendiendo la coyuntura cambiante del mundo y nuestro país. Decía que la nuestra no es una industria infalible y que esto nos anima más a trabajar juntos. En días pasados, el papa Francisco les habló a los jóvenes sobre el Encuentro. Les afirmó: “La cultura del encuentro no es pensar, vivir ni reaccionar todos del mismo modo: no, no es eso. La cultura del encuentro es saber que, más allá de nuestras diferencias, todos somos parte de algo más grande que nos une y trasciende, somos parte de este maravilloso país”. Ese gran líder religioso, ante todo espiritual, concluyó: “¡No le tengan miedo al futuro! ¡Atrévanse a soñar en grande!”.

Aplaudimos la iniciativa de Obras por Impuestos, con la que se buscan canalizar de manera expedita y estratégica recursos hacia zonas previamente azotadas por la violencia. La industria de hidrocarburos ve en este y otros mecanismos -los Pdet y los Contratos Paz- oportunidades de articulación de esfuerzos públicos y privados en el posconflicto..
Francisco Lloreda #CongresoACP

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