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Edición No. 20

Revista ACP

Editorial Revista ACP Edición 20

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Colombia, en medio de sus desafíos, ha sido un país atractivo para la inversión. Se le reconoce por contar con instituciones fuertes, coherencia en su política macroeconómica, equipos técnicos en las entidades de gobierno, libertad de prensa y expresión, y una mejora en términos de seguridad en los últimos 15 años. Al menos comparado con varios países de la región, se precia de ser un país históricamente ajeno a las dictaduras y donde el populismo -tan común en América Latina- al menos por ahora no ha encontrado un terreno fértil. Es decir, se trata de una nación comparativamente interesante para invertir.

Colombia tiene también entre sus principales activos contar con seguridad jurídica razonable. Esto es, unas “reglas del juego” por lo general claras, estables y predecibles, que en el análisis de riesgos y oportunidades han conducido a que un número importante de empresas extranjeras del sector de hidrocarburos, le apuesten al país. Prueba de ello ha sido el incremento en la inversión extranjera en este renglón de la economía, que llegó a superar los 8.000 millones de dólares hace unos años. No obstante, eso cambió recientemente, y no solo por la caída en los precios internacionales del petróleo.

Las cifras hablan por sí solas. Es cierto que la disminución en las cotizaciones del crudo golpeó la industria en todo el planeta, lo cual se reflejó en el desplome de la inversión tanto en exploración como en producción (en adelante, E&P). Sin embargo, el remezón causado en nuestro país fue incluso más fuerte. Mientras que el declive en la inversión en E&P en el mundo fue de 26 por ciento en 2015 y de 23 por ciento en 2016, en Colombia fue de 32 por ciento y 60 por ciento1, en esos mismos años, respectivamente. Lo anterior anterior implica que algo diferente ha ocurrido en Colombia para que se haya visto especialmente castigada por los inversionistas del sector. La explicación es que hemos perdido competitividad y hay mayor incertidumbre, especialmente jurídica.

La incertidumbre jurídica se manifiesta de distintas maneras: En sentencias de los tribunales y las altas cortes en las que quedan en entredicho derechos adquiridos de las empresas, la propiedad privada y las competencias de la Nación frente a la política mineroenergética; en la proliferación de proyectos de ley y de legislación, que en vez de facilitar la inversión le ponen más cortapisas, y en decisiones propias del Ejecutivo, que dejan entrever no solo inconsistencias en las políticas y procedimientos sino una creciente discrecionalidad en la aplicación de la ley y de la autoridad, en particular en los territorios. A lo anterior se suma el “tsunami” de consultas populares, que amenazan con paralizar la actividad petrolera en tierra firme.

En mala hora se confundió el hecho de que la propiedad del subsuelo sea del Estado –así lo dice la Constitución- con la interpretación, errada, de algunas entidades territoriales sobre quién define el ingreso de la industria. Estas últimas, en algunos casos, apelan a la manipulación de la sensibilidad ambiental para plantear como eje de dichas consultas falsos dilemas como la elección entre agua y petróleo. Ante ese panorama y pese a las declaraciones del Ministro de Minas y Energía y del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, frente a las consultas populares que se han presentado, en las cuales señaló que los resultados de las consultas no son vinculantes ni retroactivas, el sector mineroenergético echa de menos una acción más clara y proactiva por parte del Gobierno Nacional. Esto significa que la industria espera una voz unísona y fuerte, que no solo contrarreste jurídicamente los desmanes que empiezan a presentarse con esa y otras figuras de participación mal entendidas sino, que explique y defienda en las regiones, la importancia del sector para el país.

Inseguridad jurídica, amenaza creciente
Francisco José Lloreda Mera Presidente ejecutivo de la ACP

La anterior no debe leerse como desinterés de las autoridades por lo que está ocurriendo, pues las empresas han encontrado las puertas abiertas y la mejor disposición de muchos funcionarios para superar los problemas y se han tomado algunas medidas pero, a juzgar por los hechos, han sido insuficientes. Los riesgos y las amenazas que hoy rondan el quehacer petrolero se empezaron a incubar hace varios años y las respuestas a ellos fueron, en la mayoría de los casos, posiciones y actuaciones tímidas, en un entorno de inestabilidad en ministerios y entidades importantes para el sector, con visiones y estilos disímiles.

Pese a lo señalado, en noviembre del año pasado un grupo de empresas representativas del renglón de los hidrocarburos programó para 2017 duplicar su inversión en E&P, en contraste con el año inmediatamente anterior. Así, en conjunto pasaron de destinar 2.290 millones de dólares a programar para este año 4.700 millones de dólares, mal contados. Además, entre sus expectativas quedó establecido pasar de 25 pozos exploratorios en 2016 a alrededor de 50 en 2017 y recuperar parte de la dinámica perdida en nuevos pozos de producción, pasando de los 150 en el año anterior a más de 500 este año. Si bien esos son números parcos comparados con los 131 pozos explotatorios y los más de 1.000 de producción de 2013, también son una señal positiva, aunque tenue para lo que requiere el país.

Si a lo antes mencionado se adiciona la confirmación de unos descubrimientos de gas en el mar Caribe colombiano, en torno a los cuales el Gobierno Nacional ha mostrado gran expectativa a pesar de que aún es necesario verificar si es viable comercializar ese hidrocarburo o no, el escenario debería ser esperanzador. Ello, incluso sabiendo que el 75 por ciento de la inversión programada para este 2017 corresponde a obligaciones contractuales de las empresas con la ANH y solo 25 por ciento a proyectos nuevos, y que está por confirmarse si estos presupuestos finalmente se ejecutarán.

Ese panorama esperanzador merece, sin embargo, una alta dosis de realismo. La decisión de las compañías, con Ecopetrol a la cabeza, de invertir este año recursos importantes en E&P es una señal alentadora. Ahora bien, detrás de los números, y pese al deseo de las empresas en apostarle al país, sobre la industria de los hidrocarburos hay nubarrones cargados de incertidumbre que de no ser superados llevarán al traste parte de esas intenciones y de esa inversión. El epicentro de ese “fenómeno climático” es la incertidumbre jurídica, potencializada ahora por las consultas populares.

La seguridad jurídica, aun sin ser la panacea, ha sido un activo de Colombia. Lo mismo sucede con la seguridad fiscal, aunque esta ha sido puesta en duda con una secuencia de reformas y medidas tributarias cada vez más gravosas o que no contribuyen de manera efectiva a reducir la carga fiscal para que al menos en este aspecto seamos más competitivos. Es esa seguridad jurídica la que está en entredicho, la que amenaza a esta y otras industrias, y la que reclama de todas las entidades del Estado, con el Gobierno Nacional al frente, un alto urgente en el camino para poner orden y dar claridad.

Si queremos que Colombia continúe siendo autosuficiente en hidrocarburos, si queremos seguir exportando y si aspiramos a que esta industria siga siendo uno de los motores del desarrollo económico y social del país, todo ello aprovechando de manera responsable y sostenible un recurso natural que está bajo tierra, debemos ser más competitivos. Desde esta perspectiva, el pilar fundamental e inmediato a cuidar es la seguridad jurídica, que es el mínimo requerimiento para buscar inversionistas. Superar las incertidumbres jurídicas del país debe ser la prioridad de las entidades del Estado.


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