Durante la 5ª versión de Colombia Genera, el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera, señaló que se necesitan medidas adicionales a las ya tomadas para que la industria petrolera siga siendo la que más recursos aporta a las finanzas públicas y continúe contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

• Afinar y complementar las medidas contractuales de la ANH, lograr costos de transporte competitivos acordes con la realidad y la viabilidad de los oleoductos, agilizar la devolución de anticipos de impuestos, definir estímulos tributarios a la exploración y producción, y cero tolerancia frente a los bloqueos, son cinco temas que requieren una respuesta inmediata por parte del Gobierno Nacional.

• “Se han tomado medidas importantes por parte del Gobierno Nacional pero la realidad de la industria nos obliga a hacer más. Las empresas han hecho lo que está a su alcance, se han apretado el cinturón y buscado ser más eficientes a la hora de producir, pero no pueden hacerlo solas, requieren del Estado para superar la crisis y prepararse para competir cuando los precios se recuperen”

Cartagena, Febrero 18 de 2016. Un llamado urgente hizo la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, al Gobierno Nacional para complementar y profundizar las medidas adoptadas para que la industria continúe siendo la que más recursos aporta a las finanzas públicas del país y siga contribuyendo al desarrollo económico y social de Colombia.

Durante su intervención en Colombia Genera, el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera, propuso la implementación de cinco medidas de corto plazo y cinco estructurales para incentivar al sector. Algunas ya están siendo analizadas con el Gobierno Nacional.

Medidas inmediatas:

1. Afinar y complementar las medidas contractuales de la ANH, en flexibilización de tiempos, tablas de precios, condiciones económicas, entre otras. 2. Lograr una estructura de costos de transporte que sea acorde con la nueva realidad de precios que afrontan las empresas operadoras, pero que también tenga en cuenta la necesidad de que los sistemas de oleoductos sean viables. 3. Agilizar la devolución de anticipos de impuestos por parte de la DIAN, que hoy superan los 2.8 billones de pesos. 4. Retomar la iniciativa de crear un certificado tributario o definir nuevos estímulos tributarios a la exploración y producción, para incorporar recursos adicionales a las reservas de crudo y mantener la producción por encima del millón de barriles. 5. Adoptar una política de cero tolerancia frente a los bloqueos y vías de hecho, dado que en el 2015 se registraron más de 470 de estas alteraciones al orden público, que obstaculizaron la actividad de la industria y produjeron altos costos para las empresas.

Cinco estructurales:

1. Reducir el Government Take (la participación del estado sobre los ingresos de las empresas a través de impuestos, regalías y derechos económicos), tanto en su monto, que hoy supera el 70%, como en sus tipologías, pues es la industria más gravada del país. “Es un sistema claramente regresivo y no competitivo frente a los estándares regionales y mundiales”, señaló el líder gremial. 2. Simplificar, unificar y organizar mejor los trámites de licencias ambientales, consultas previas y demás permisos, sin reducir el rigor ambiental, pues la industria hoy día realizar trámites ante más de 17 instancias de orden nacional y territorial. Lloreda Mera reconoció, sin embargo, los avances importantes bajo el nuevo régimen de
licenciamiento ambiental. 3. Complementar la infraestructura de transporte del sector, pues hoy en día se direcciona principalmente para exportar a través del norte del país, cuando la demanda creciente está en el Asia y podría transportarse por el Pacífico. 4. Revisar la participación de las regiones en la renta petrolera, pues sin desconocer muchas bondades del nuevo régimen de regalías, las regiones productoras fueron despojadas de recursos muy importantes, que serán aún más necesarios en una eventual etapa de post-acuerdos con los grupos armados ilegales. 5. Garantizar la seguridad jurídica, en razón a la importancia de la estabilidad en las reglas del juego para una industria intensiva en capital y con inversiones a largo plazo. Esta estabilidad está en riesgo, en especial por el abuso de la tutela, que amenaza la firmeza de actos administrativos y de derechos adquiridos.

El dirigente gremial destacó las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y la clara disposición del Ministerio de Minas y Energía y de otras entidades de gobierno, en la búsqueda de medidas para superar la crisis y recuperar la competitividad del país.

“Ningún sector está en capacidad de generar los recursos al país que genera la industria petrolera; en los últimos diez años este sector le ha generado al país ingresos por 200 billones de pesos. La pregunta que nos hacemos es: ¿será que vamos a renunciar a estos aportes a futuro?, ¿será que no tiene sentido darle el impulso que esta industria requiere?: Sería no solo equivocado, sino irresponsable no darle esta industria el impulso que requiere, para superarla crisis y prepararse para competir”, concluyó Francisco José Lloreda Mera.