Carta del presidente: ¿Espectadores de una crisis anunciada?

La producción y las reservas probadas de petróleo continúan en caída libre. A pesar de las implicaciones que esto tiene en el desarrollo económico, en las cuentas fiscales y en la seguridad energética del país, no se están tomando las decisione necesarias ni oportunas para una recuperación inmediata del sector que evite una crisis mayor. Las reservas probadas de petróleo cayeron 13 por ciento entre 2014 y 2015, pasando de 2.308 millones de barriles a 2.002 millones. De acuerdo con el Ministerio de Minas, ello obedece a una reclasificación de las reservas por la caída en los precios. Este un factor importante, pero cabe anotar que no es el único: las reservas han disminuido porque no se están reemplazando los barriles producidos . Es relevante anotar que las reservas ya venían cayendo, sin perjuicio de la reciente disminución de los precios. Luego de alcanzar una producción de 1.035.000 bpd iniciando 2015, para abril de 2016 esta descendió a 914.000 bpd, una reducción de más del 10 por ciento de la producción. Las proyecciones indican que para 2017 será difícil mantenerla por encima de los 900.000 bpd; solo un repunte continuo en el precio, sumado al éxito exploratorio en tierra y mar, permitiría que se estabilice alrededor de 600.000 bpd en los próximos años. La situación actual permite prever que ese éxito exploratorio difícilmente se dará. En lo que va del 2016, al momento de escribir este editorial, no se había realizado un solo kilómetro de sísmica en tierra firme y apenas se habían perforado ocho pozos exploratorios (luego de alcanzar 131 como cifra máxima en 2013). En cuanto a pozos de desarrollo, pasamos de 1.019 en 2012 a 710 en 2015 (una caída de 30 por ciento), mientras que en lo que va corrido del año se han perforado 40 frente a 250 del mismo período de 2015.
El impacto de la caída en los precios en el ámbito fiscal ha sido materia de mayor análisis. Pero a esto se debe añadir la revisión de lo que podría pasar con la autosuficiencia de crudo y el riesgo de empezar a importar petróleo para cargar nuestras refinerías a partir de 2022. No se ha dimensionado lo que significaría perder la autosuficiencia en petróleo y gas para la seguridad energética y el bien de los colombianos. La pérdida de autosuficiencia en crudo para cargar las refinerías sería infortunada. Seguramente, el país quedaría expuesto a precios de mercado spot, y le tocaría incurrir en costos de transporte y probablemente de pago de aranceles, lo que haría el crudo más caro. Además, las pérdidas para el país se relacionarían con el costo de no contar más con una industria que aporte divisas y rentas a la nación, y regalías a las regiones. El país se está preparando para importar gas natural en 2017 o en los años siguientes si no se encuentran nuevos recursos. Si bien se ha mencionado que no será problema e incluso que el gas importado -luego de ser licuado, transportado y regasificado- podría ser menos costoso que el producido en Colombia, esto claramente no es correcto y busca redireccionar la discusión hacia el precio actual al productor, cuando es solo parte de una cadena con varios agentes intermediarios y, sin duda, no la causa raíz del problema. Ahora bien, la seguridad energética es un asunto de seguridad nacional en muchos países, pero en el país no parece apreciarse de igual manera. Solo un ejemplo: vivimos confiados en la generación hidráulica, que produce el 70 por ciento de la electricidad y solo cuando hay amenaza de apagón se entiende la vulnerabilidad del sistema energético; se estuvo al borde de un racionamiento por falta de gas para la generación térmica, y fue gracias al esfuerzo de las compañías productoras de gas que se logró evitar y con ello no depender de la importación de gas desde Venezuela, a cualquier precio. No tiene lógica importar petróleo y gas cuando el país tiene los recursos bajo tierra. Lo sensato es hacer uso de ese potencial, extraerlo de forma responsable y sacarle el mayor provecho, pensando en el costo para el consumidor final y en el aporte del sector a las finanzas públicas, al desarrollo económico y, como se indicó, a la seguridad energética. 
Lo preocupante de la situación descrita es que la caída en la producción y en las reservas probadas de petróleo y gas no obedece principalmente a los menores precios internacionales. La actividad de sísmica y de pozos exploratorios, así como el volumen de pozos de desarrollo, ya venían disminuyendo desde 2012. La caída en los precios lo que hizo fue precipitar y acrecentar el impacto de la crisis del sector en Colombia. Los precios del petróleo golpearon muy duro al sector y a las empresas y, ante todo, dejó al descubierto las vulnerabilidades internas, que con un barril a USD 100 pasaban desapercibidas pero con uno de USD 50 o USD 60 salen a relucir. Dichas vulnerabilidades han significado la caída en inversión y la parálisis exploratoria, que ya hemos tratado y que aumentan el riesgo de una mayor reducción en las reservas del país. Sin perjuicio de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y en particular por la ANH, la verdad es que, si bien han sido útiles, no han sido suficientes. La problemática sigue con un régimen fiscal que no es competitivo; dificultades para que las empresas puedan operar en el territorio; demoras y obstáculos en licencias, consultas y permisos, y –finalmente- con agudización de la inseguridad jurídica. Esto es contrario a lo que han hecho otros países, que en medio de la crisis cerraron filas para sacar la industria adelante. Eso es lo que Colombia necesita, lo que más le conviene: darle a la industria de hidrocarburos los instrumentos que requiere para volver a ser competitiva. La producción seguirá cayendo un tiempo, pero existe la posibilidad de recuperarla a mediano plazo, si se introducen cambios estructurales en los aspectos señalados. El Gobierno Nacional es el llamado a liderar una estrategia contundente para que esto suceda, recuperar la competitividad perdida y no terminar siendo espectadores de una crisis anunciada.
Pero la recuperación de la competitividad y, por ende, de las reservas y la producción dependerá de la inversión. Se requieren al menos USD 7.000 millones al año durante diez años. Sin embargo, la inversión programada para 2016 llega a USD 3.800 millones, una cifra aún optimista a juzgar por la “casi parálisis” de la actividad exploratoria y en pozos de desarrollo. Aun así, es posible hacerlo. Colombia ha demostrado crecer en la adversidad. Esta crisis no tiene por qué ser la excepción. El Gobierno ha tomado medidas para que el impacto fiscal y en la economía no sea tan fuerte. Ahora es necesario tomar las determinaciones que el sector requiere para recuperar su dinamismo, impulsar la exploración en tierra y mar, incrementar las reservas, y recuperar la producción. Solo así la industria de hidrocarburos volverá a ser un instrumento crucial para impulsar el desarrollo económico y social del país.

Francisco José Lloreda,
Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo