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Como se mencionó anteriormente, la inversión social contractual se refiere a los recursos que destinan las empresas para el desarrollo de proyectos con enfoque social que se derivan de lo establecido en los contratos E&P y las licencias ambientales. En 2016, las empresas destinaron $48 mil millones, de los cuales, el 53% de los recursos se derivan del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental y el 47% para el desarrollo proyectos enmarcados en los Programas en Beneficio de las Comunidades según lo definido en la minuta del contrato E&P.

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La ejecución de este tipo de inversión social se desarrolló principalmente en Putumayo, Casanare, Arauca, Boyacá, Córdoba, Bolívar, Santander y Meta. En estos ocho departamentos se concentraron el 83% de los recursos. Al comparar estas cifras con las de años anteriores se evidencia un aumento de la inversión contractual del 2016 frente a 2015, año en que la inversión fue de $28 mil millones. Este aumento se debe principalmente a que las empresas se enfocaron en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el cierre de compromisos definidos en el marco de las licencias ambientales y los contratos E&P. De los últimos cinco años, fue en 2012 el año en el que se presentó el mayor número de inversiones alcanzando los $221 mil millones.

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Respecto a la inversión social enfocada en el desarrollo de los PBC, durante 2016, de los $22 mil millones, el 30% de los recursos se destinaron para la ejecución de proyectos productivos, el 29% para proyectos de hábitat, agua y saneamiento, el 13% en fortalecimiento institucional, el 10% en fortalecimiento comunitario y el 18% restante se invirtió en educación, fortalecimiento de comunidades étnicas, formulación de proyectos, salud, fomento de microempresas y medioambiente.

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Introducción

Desde el inicio del descenso en los precios del petróleo, 2016 fue el año en el que el precio alcanzó sus niveles más bajos de la última década. Este bajonazo, además de generar una reducción en los recursos del Estado, contrajo la dinámica de la actividad de hidrocarburos.

En 2016, la industria aportó al Gobierno Central $2,6 billones derivados del pago de impuesto de renta, dividendos de Ecopetrol y derechos económicos por los contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). A pesar de ser el sector que más aporta al Gobierno Central, para este año se presentó una reducción del 64% frente a los aportes de 2015 y del 87% respecto a 2014. En cuanto a las regalías, en 2016 se generaron recursos por $4 billones, que significaron una disminución del 24% frente al año anterior.

El impacto de la caída de los precios en la dinámica del sector también fue evidente. De acuerdo a los resultados del estudio de inversión que realizó la ACP[1], el 2016 fue el segundo año consecutivo en el que se presentó una caída de la inversión del sector. En concreto, la exploración se redujo en un 10% frente a 2015 y un 60% respecto a 2014; la inversión para el desarrollo de la actividad exploratoria fue cercana a los USD $790 millones; es decir, 11% menos que en 2015. Se perforaron únicamente 25 pozos y la sísmica se enfocó principalmente en actividad costa afuera con un equivalente de 36 mil kilómetros.

Concretamente, se evidenció una disminución en los niveles de producción, ante la necesidad de priorizar los barriles menos costosos. En 2016, la cifra promedio de producción fue de 888 mil barriles diarios (la cifra más baja desde el 2010), mientras que en 2015 esta cifra superó el millón de barriles. Además, como consecuencia de esta dinámica, en 2016 se cerraron 75 campos de producción.

Una de las mayores afectaciones derivadas de esta desaceleración en la actividad del sector, se evidencia en los territorios de operación. Como se podrá observar a lo largo de este informe, las cifras de empleo, inversión social, infraestructura vial, bienes y servicios son las más bajas desde 2010, lo cual ha implicado una desaceleración en las economías regionales.

[prefix_calltoaction title="Ver más información aquí:" title_color="#d66700" button_text="Consultar" button_link="https://acp.com.co/web2017/es/asustos/economicos/129-informe-economico-no-12-tendencias-inversion-ep-2016/file.html" target="blank" button_background="#d15000"]

Debido a este contexto el relacionamiento con grupos de interés, la viabilidad de las operaciones y la situación de entorno social se ha convertido en los principales retos del sector. En efecto, la reducción de las regalías relacionada no sólo con el cambio del Sistema General de Regalías (SGR), sino también con la reducción de la producción por parte del sector, sumado a la disminución en la contratación de mano de obra local y al aumento de oferta por bienes y servicios, han generado un aumento en la conflictividad social y en algunas ocaciones a elevado la animadversión e inconformismo de las comunidades.

Bloqueos a la Industria 2010 - 2016

Fuente ACP 2016

Fuente ACP.

Si bien, en términos numéricos en 2016 se presentaron menos bloqueos a las operaciones en comparación con años anteriores, es necesario tener en cuenta que esto también se debe a la disminución de las actividades. No obstante, a pesar de ser un año con menos vías de hecho, estas se caracterizaron por tener una mayor complejidad en su manejo, y por que en varias oportunidades aumentó su duración y por ende, la afectación a las actividades.

En efecto, según un estudio realizado por la ACP[1] (con base en el índice de tipologías municipales del DNP) evidencia que los municipios petroleros en comparación con los no petroleros tienen mayores niveles de desarrollo institucional, económico, mejor desempeño fiscal y mejor calidad de vida. Así se resalta que los municipios petroleros tienen mayores ingresos derivados del recaudo de impuestos, mejores condiciones de empleo, mejor ejecución de las transferencias del Sistema General de Participación (SGP), y el 70% de las variables del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se comportan de manera más favorable que en los municipios no petroleros. Por ejemplo, se evidencia una mejoría en las condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos, menos barreras para acceder a servicios de salud, mayor nivel de escolaridad, menos analfabetismo, menos inasistencia escolar y menos trabajo infantil.

A pesar de lo anterior, en muchos casos, la percepción en las zonas de operación parece ser otra. Esto, en parte, se relaciona con el hecho que se han creado expectativas sobre el rol de las empresas en territorio, que con la caída de los precios, no se han podido cumplir. En especial, y como las cifras de este informe lo confirman, las oportunidades laborales y se han contratado menos bienes y servicios a nivel regional han disminuido.

Por otro lado, los detractores del sector, en un nuevo contexto político, han creado un discurso que enfatiza un supuesto impacto negativo en lo ambiental y en lo social, derivado de las actividades. Ante esta situación, la industria, bajo el escenario actual de las regiones de operación, tiene el reto de buscar alternativas que además de fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés y las comunidades, viabilicen sus operaciones de tal modo, que los aportes y beneficios derivados de la actividad no sólo sean más visibles sino también generen un impacto a largo plazo en los territorios en los que operan las empresas del sector.

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En este sentido, la ACP y la industria están trabajando en la implementación de una estrategia regional que permita dar respuesta a las principales inquietudes que hay en territorio mostrando y demostrando los impactos positivos que ha creado este sector. Esto requerirá una presencia continua, la entrega de información constante y un diálogo de igual a igual con las comunidades.

Asimismo, y en estrecha coordinación con las empresas operadoras, el Gobierno Nacional también ha implementado una serie de prácticas que permiten fortalecer la presencia institucional del sector en los territorios. Entre otras, la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del sector de Hidrocarburos (ETH) busca la articulación institucional entre lo nacional y lo regional/local, por medio del desarrollo de espacios de diálogo enfocados en la brindar información sobre el sector, impulsar las capacidades del territorio y promover su desarrollo sostenible.

La industria sigue comprometida, y las cifras recogidas en este Informe lo comprueban, con un aporte sustancial para el desarrollo de las regiones donde opera. Existe plena consciencia, que la viabilidad de las operaciones depende de seguir mejorando las condiciones de vida de la población en las zonas de operación.

Presentación

Siguiendo la tradición de años anteriores, la Asociación Colombiana del Petróleo como representante gremial de las empresas del sector, presenta el Informe de Gestión Social en el cual se dan a conocer los principales aportes de la industria al desarrollo social de las comunidades durante 2016. Para esta versión del informe se contó con la información de 34 empresas dedicadas a las actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos, las cuales representan el 97% de la actividad nacional.

Gracias a esta información, el informe cuenta con datos certeros y confiables que dan cuenta de los niveles de contratación local, los recursos destinados para el desarrollo de proyectos sociales, la compra de bienes y servicios locales y el desarrollo de infraestructura vial. De hecho, como los informes han registrado el comportamiento de estos indicadores durante los últimos siete años de actividad del sector, la información incluida a continuación permite tener una trazabilidad que hace posible comparaciones del comportamiento de estas variables en los últimos cinco años.

En términos generales, desde 2012 las empresas han generado en promedio 115 mil puestos de trabajo al año, de los cuales el 70% son ocupados por mano de obra local procedente de las zonas de operación. Ello es importante bajo el entendido que la generación de empleo a nivel local es uno de los principales motores que impulsan las economías locales. En cuanto a la inversión social, las empresas han invertido $2,6 billones para el desarrollo de proyectos enfocados principalmente en el desarrollo productivo, educación, fortalecimiento comunitario y fortalecimiento institucional, entre otros.

Sin embargo, a pesar de estos aportes, la industria enfrenta importantes retos. Por un lado, ante la disminución de recursos, es necesario buscar apalancar esfuerzos provenientes de otros sectores de la economía, entidades públicas, organizaciones bilaterales y multilaterales, así como, hacer uso de los diferentes instrumentos y mecanismos que ha dispuesto el Gobierno Nacional para el impulso del desarrollo social en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz.

Por otro lado, es necesario pensar en el desarollo de proyectos sociales que trasciendan las fronteras de las áreas de influencia, con el fin de generar emprendimientos que tengan un mayor impacto y beneficien tanto a las comunidades aledañas a las operaciones como a otras zonas de la región, para así ampliar el impacto, la sostenibilidad y la percepción positiva de los beneficios que aporta el sector al país.

En una línea similar a los montos de inversión social, desde 2012 la industria ha realizado inversiones por más de $1,3 billones para la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, lo cual ha impulsado el desarrollo y la conectividad de las veredas con las cabeceras municipales y los municipios con regiones vecinas; es decir, se han abierto caminos para procurar la conectividad de los colombianos.

Además de estos aportes, las empresas han realizado compras de bienes y servicios por más de $100 billones, de los cuales $53,5 billones se han hecho a nivel local. En efecto, realizar más del 50% de las compras en las regiones no sólo es producto de la vinculación local que realizan las empresas para el desarrollo de sus operaciones, sino también es el resultado del trabajo que ha venido realizando para fortalecer a los proveedores locales, a través de programas de capacitación y cualificación. De hecho, uno de los principales aportes del sector es el incremento de la competitividad regional y la capacidad instalada que está dejando en los territorios, la cual puede ser utilizada por otros sectores económicos.

Ahora bien, al revisar los resultados específicos de 2016, se evidencia una disminución en los diferentes indicadores de la gestión social que este informe ha venido analizando. Esta dinámica se debe principalmente a la caída de los precios internacionales del petróleo, que alcanzaron mínimos históricos en los últimos diez años, generando una reducción de los montos de inversión de las empresas y de las actividades del sector. 

Si bien 2016 estuvo marcado por las consecuencias derivadas del continuo descenso de los precios del crudo, que representó retos para el sector y el país y una dismunición de las actividades, las empresas realizaron importantes esfuerzos por mantener los niveles de contratación local, lograr el cumplimiento de los compromisos de inversión social adquiridos, generar inversión relevante en las regiones y abrir espacios de relacionamiento con los grupos de interés.

En concreto, durante 2016, se emplearon a más de 78 mil personas, de las cuales el 67% es mano de obra calificada y el 33% restante mano de obra no calificada, siendo esta última contratada en su totalidad a nivel local dando cumplimiento a la normatividad expedida por el Ministerio de Trabajo para la gestión laboral del sector.

En cuanto a inversión social se finacieron proyectos por cerca de $147 mil millones, los cuales estuvieron enfocados a eduación, vivienda y apoyo de proyectos productivos. Al igual que en años anteriores la mayor proporción de la inversión se deriva de aportes voluntarios o apalancados como parte de las políticas de responsabilidad social, cuidadanía corporativa o de sostenibilidad. Sumado a estos montos, está la inversión en infraestructura vial la cual fue de $104 mil millones en construcción y adecuación de vías, principalmente en vías terciarias y secundarias. Respecto al monto de compras de bienes y servicios, este estuvo alrededor de los $13 billones, entre compras nacionales y locales.

De la mano de estos aportes y los espacios de relacionamiento, la industria de los hidrocarburos se constituye como aliado estratégico para el desarrollo del país y las regiones. Si bien, las empresas no reemplazan al Estado, estas sí se han convertido en actores clave no sólo para impulsar el progreso, sino también para fortalecer la institucionalidad y la competitividad de los municipios y departamentos donde se llevan a cabo las actividades.

A pesar de lo anterior, se han ampliado las manifestaciones de rechazo a la presencia de la industria. En algunos casos, especialmente en regiones dónde aún no hay operaciones del sector, se tiene poca información sobre los impactos positivos, una situación que también se detecta en algunas zonas con tradicional presencia de actividades de exploración y producción. Esto último es particularmente preocupante, y requiere un mayor esfuerzo del gremio y de las empresas en responder de manera oportuna, transparente y veraz a las preocupaciones, los requerimientos las inquietudes y las solicitudes de las comunidades. Así mismo demanda una mayor presencia institucional que permita resolver las diferentes preguntas que existen alrededor de la industria.

Precisamente para promover la transparencia y el acceso a la información verídica sobre la industria este Informe además de publicar los principales aportes que realiza el sector visibiliza cómo esta industria aporta al desarrollo del país.

[prefix_member style="8" photo="images/personajes/Francisco-José-Lloreda-avatar.jpg" name="Francisco José Lloreda Mera" role="Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo"]

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