Panorama de la seguridad jurídica en Colombia: reto inaplazable

Mucho se habla de la seguridad jurídica. La necesidad de seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de empresas y ciudadanos es inherente a un Estado de Derecho, como bien lo señala la Constitución Política. Para el sector de los hidrocarburos es de la esencia misma de las transacciones que se desarrollan en este.

Se trata de inversiones a largo plazo, en las cuales el riesgo de éxito se ve limitado por aspectos técnicos inherentes a la industria; lo que no puede ocurrir es que la estructura fundamental, con base en la cual se da inicio a tales inversiones, resulte posteriormente desconocida o lesionada sin responsabilidad.

[prefix_blockquote align=»right»]Recientes casos deberían ser objeto de cuidadosa, rigurosa y desapasionada revisión jurídica, so pena de convertirse en ejemplos negativos para un Estado que busca afianzar su condición de actor de avanzada y desarrollado en el contexto internacional.[/prefix_blockquote]El cimiento de la seguridad jurídica es que el desconocimiento de derechos preexistentes debe arrojar como resultado necesario una indemnización para el afectado. Recientes casos deberían ser objeto de cuidadosa, rigurosa y desapasionada revisión jurídica, so pena de convertirse en ejemplos negativos para un Estado que busca afianzar su condición de actor de avanzada y desarrollado en el contexto internacional. Curiosamente, la temática de los asuntos que han venido impactando en la noción de ‘derechos adquiridos’ limita, en sí, la viabilidad de pronunciarse fuertemente en contra de los respectivos desconocimientos. Nadie duda de la importancia de temas como los ambientales, la consulta previa, las regalías, el control fiscal y asuntos como las variaciones jurisprudenciales, pero cambios abruptos y subjetivos en estos frentes pueden resultar lesivos para los derechos ya otorgados. No podemos encontrarnos en situaciones en las cuales no existen normas específicas como pilar de las relaciones contractuales y el riesgo se extiende más allá de lo geológico a lo legal. Ello no quiere decir, en modo alguno, que un Estado se encuentra limitado o impedido de imponer nuevas condiciones u obligaciones respecto de las actividades que se desarrollan en su territorio, lo que sí impone es un deber correlativo de responder por los perjuicios que tales decisiones generan. No de otra manera puede entenderse la importancia de la seguridad jurídica.

Quien invierte tiene una expectativa válida, legítima y cierta en cuanto a que los derechos que se le definieron y las obligaciones que se le impusieron, continuarán siendo la base de su relación jurídica durante los años en los que desarrollará la actividad propuesta. Cuando una entidad del Estado, cualquiera que ella sea, pretende modificar tales situaciones jurídicas consolidadas sin que ello se traduzca en la necesidad de responder ante el inversionista de buena fe, quebranta el orden jurídico establecido. Un proyecto en el renglón de los hidrocarburos que inicia validado por un contrato de exploración y producción, en el cual el ordenamiento territorial prevé la posibilidad de desarrollo de la actividad, las categorías jurídicas ambientales también permiten desplegar la actividad propuesta, la licencia ambiental ha sido otorgada así como las comunidades consultadas y socializadas, además de efectuadas importantes inversiones, no puede ex post facto resultar afectado por decisiones que pretenden desconocer por completo y abiertamente esos derechos. Tal desconocimiento, mucho menos, puede resultar estructurado por razones subjetivas sin motivaciones claras y objetivamente validadas.

[prefix_blockquote align=»right»]Nadie duda de la importancia de temas como los ambientales, la consulta previa, las regalías, el control fiscal y asuntos como las variaciones jurispruden- ciales, pero cambios abruptos y subjetivos en estos frentes pueden resultar lesivos para los derechos ya otorgados.[/prefix_blockquote]El desconocimiento de tales derechos genera consecuencias económicas negativas para el Estado y de allí que las razones por las que dichas situaciones excepcionalísimas se llegan dar, deben ser verificadas con el mayor cuidado posible. Si tal proceso de verificación y constatación no se ha dado, los perjuicios no deberían ser solamente responsabilidad del Estado, sino de quienes como funcionarios públicos trasgredieron irresponsablemente el ordenamiento jurídico. Por ello el Gobierno Central ha desplegado importantes esfuerzos por instar a las entidades, agencias y órganos del Estado a entender los efectos de esas decisiones. Todo inversionista cuya seguridad jurídica es comprometida tiene el derecho de reclamar por los perjuicios correspondientes, no solo a nivel interno ante las cortes y jueces colombianos, sino en situaciones igualmente complejas, antes los tribunales de arbitramento derivados de tratados de protección de la inversión.

Los mismos derechos deben predicarse de los colombianos que invierten en el exterior. En este contexto, cabe mencionar que los eventos de expropiación no son entonces los más evidenciados, más bien aquellos en los cuales se presenta un trato injusto e inequitativo frente al inversionista. El Estado colombiano debe garantizar y pronunciarse vehementemente respecto de la protección de derechos como base esencial de la protección jurídica que debe prevalecer en un Estado de Derecho. Para proyectos de los que dependen gran parte de los ingresos del Estado, hay que ser serios. No se tendrán nuevas inversiones requeridas en este sector sin una absoluta claridad y transparencia en las reglas. De manera similar, inversiones en curso podrán perderse.
La tarea no es de poca monta y las voces del Estado tienen que resonar duras y claras en el sentido de ratificar que empresa y ciudadanos pueden confiar en que sus derechos serán siempre respetados. Así mismo, deberá quedar claro que en aquellos escenarios en los que los bienes jurídicos tutelados y simultáneamente expuestos evidencian, sustancial pero excepcionalmente, que debe prevalecer el ‘cambio’, el inversionista será indemnizado ante el hecho de que debe ceder su posición a un bien público de mayor entidad. Es aquí donde los jueces, garantes de la institucionalidad, tienen una particular e ineludible responsabilidad. No podemos llegar al absurdo de que no existan ‘derechos adquiridos’ en un Estado de Derecho.