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Hidrocarburos, clave para una transición energética justa y organizada

Frank Pearl

Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP

El mundo se encuentra en un momento decisivo en cuanto al modelo económico sustentado por un sistema energético que está vigente hace más de 150 años. El camino hacia la descarbonización de la economía, que tiene como meta materializarse en el 2050, requiere el paso por una transición energética, cuyo manejo será clave para el progreso económico y social de los países, particularmente de aquellos aún en desarrollo como el caso de Colombia.

Para este último, de acuerdo con los escenarios del Plan Energético Nacional 2022-2052 de la UPME, el 67% del consumo final de energía proviene de combustibles derivados de petróleo y gas e incluso bajo los escenarios más disruptivos, la proyección es reducir este porcentaje al 40%. Es decir que, los hidrocarburos seguirán siendo necesarios por varias décadas. Así, hay que pensar la transición en términos de demanda y de oferta, pues el abastecimiento de combustibles seguirá siendo un imperativo estructural para la política energética.

Es en este sentido que, el sector de hidrocarburos ha asumido el compromiso de ser parte de la gestión de la transición energética como un proceso justo y beneficioso para todos los colombianos. El país cuenta con el potencial necesario para su autosuficiencia energética, y la exploración de hidrocarburos es esencial para garantizarla mientras se transita hacia la diversificación de fuentes de energía, se alcanzan las metas de descarbonización, se impulsa la transformación productiva y se reduce la pobreza.

Sobre esto último, el Monitor de Desarrollo Territorial del Sector Hidrocarburos, el cual analiza los cambios en la calidad de vida identificados en las regiones productoras del país en 12 dimensiones relacionadas con aspectos sociales, económicos y ambientales durante los últimos 10 años, encontró que los municipios productores de hidrocarburos en Colombia registran índices más altos de bienestar social y económico, evidenciando que esta industria es crítica para el desarrollo social de las regiones.

Por lo anterior, una de las principales tareas que tenemos para el 2024 es hacer evidente y mostrar los enormes beneficios que este sector le ha traído a las regiones de Colombia. Somos conscientes de que persisten muchas problemáticas, en materia de seguridad y orden público, violencias de género y falta de suficientes oportunidades en el mercado laboral formal, por ejemplo. Por eso, trabajaremos para contribuir en la implementación de los planes de desarrollo de los nuevos mandatarios locales a partir de enero de 2024.

El sector ha creado una red de alianzas que le permitan cumplir su función social y contribuir a la transformación de los territorios sin sustituir al Estado; el cual, por su parte, debe seguir fortaleciendo sus capacidades para quitarle piso y terreno a la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad, cumpliendo su papel de generar condiciones apropiadas para la inversión y el trabajo digno y para viabilizar las operaciones del sector en entornos que hoy enfrentan retos serios de seguridad y conflictividad.

Hay oportunidades claras en el 2024, en la viabilización de contratos suspendidos y en avanzar en las etapas de licenciamiento ambiental y social de los proyectos costa afuera, lo cual requerirá una gestión eficiente y articulada entre la industria y las instituciones. Hoy, en muchas regiones existen dinámicas destructivas de relacionamiento entre el Estado, algunas comunidades, los ciudadanos y el sector empresarial. Como colombianos queremos contribuir a generar y fortalecer relaciones constructivas que forjen alianzas con capacidades de ejecutar proyectos en función del bien común.

Será un año decisivo para el gas natural, en el que la gestión regulatoria en materia comercial para desbloquear los cuellos de botella a grandes proyectos de desarrollo será fundamental; así como la definición oportuna de una metodología de remuneración eficiente de la infraestructura de transporte de gas, prioritaria para consolidar los recursos y reservas necesarios para la transición y autosuficiencia energética del país, que está en riesgo.

En términos de competitividad, la incertidumbre en cuestiones de seguridad jurídica y tributaria, combinada con la creciente conflictividad social, plantea desafíos considerables para atraer nuevas inversiones. Por esto, se requiere implementar medidas y protocolos que mitiguen los riesgos y garanticen la continuidad de las operaciones en las regiones.

En el sector de distribución de combustibles líquidos, un servicio esencial para el funcionamiento de la economía, los esfuerzos se enmarcan en disolver las causas de los bloqueos y alteraciones de orden público que están poniendo en riesgo el suministro y abastecimiento de los combustibles en los territorios. Además, se requieren señales regulatorias claras que promuevan la inversión del sector de distribución de combustibles, con la finalidad de asegurar el abastecimiento, la confiabilidad en el servicio y que además promuevan eficiencias que contribuyan a la reducción de emisiones y el mejoramiento de la calidad de los combustibles.

En conclusión, en esta industria creemos que los problemas complejos que tiene Colombia se resuelven con trabajo conjunto de comunidades, Gobierno y empresas; y en el proceso de construcción de la hoja de ruta para la transición energética, incluyendo la diversificación productiva y buscando la capilaridad económica regional. Para ello, tenemos la misión de definir una transición a la colombiana, que tenga en cuenta que somos un país en donde

viven 20 millones de personas que condiciones de pobreza y donde hay dramas humanitarios que se deben resolver; una transición que conciba al petróleo y al gas como aliados para impulsar el desarrollo sostenible, pues somos un sector que está en permanente disposición al diálogo, comprometido con desarrollar operaciones en armonía con las comunidades y el medio ambiente, así como con la gestión oportuna y articulada de los factores que afectan la viabilidad de sus operaciones y ponen en riesgo sus contribuciones a la seguridad energética y al cierre de brechas sociales.

Frank Pearl

Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP

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