La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) manifiesta su preocupación por la prolongación del cese de actividades que desde hace más de 25 días afecta algunas operaciones en Puerto Gaitán (Meta), una situación que continúa generando impactos sobre el empleo, la actividad económica regional, la prestación de servicios, la cadena de empresas contratistas y el desarrollo de proyectos estratégicos para el país.
La situación, originada en reclamaciones promovidas por integrantes del gremio metalmecánico relacionadas con condiciones económicas extralegales, está generando consecuencias que también comprometen el normal desarrollo de otras actividades del sector, y ocasiona retrasos en la ejecución de proyectos estratégicos asociados a mantenimiento, adecuación de infraestructura, construcción de facilidades, perforación y producción, con un impacto significativo en las operaciones.
La ACP reitera que las condiciones laborales, contractuales y comerciales deben construirse respetando la legislación vigente, la autonomía empresarial y las particularidades operativas de cada compañía. Las soluciones requieren un análisis técnico y jurídico que permita proteger los derechos de los trabajadores sin comprometer la viabilidad de las operaciones, el empleo, la competitividad del sector y la continuidad de proyectos que generan inversión, regalías y oportunidades para las regiones.
La industria de los hidrocarburos desarrolla actividades de utilidad pública e interés social y cumple una función determinante para la seguridad energética, las finanzas públicas y el desarrollo económico del país. Por ello, las afectaciones a su operación trascienden una controversia entre particulares, especialmente cuando comprometen la producción de recursos naturales que pertenecen a la Nación y cuyos aportes se traducen en bienestar para todos los colombianos.
La Asociación hace un llamado a todas las partes para priorizar el diálogo y avanzar hacia una solución pronta y sostenible. De igual manera, solicita a las autoridades competentes adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades productivas, la libertad de empresa y la libre movilidad de personas y equipos, condiciones indispensables para preservar la seguridad energética y el desarrollo económico del país.
Asociación Colombiana del Petróleo y Gas